CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- México vive una transformación silenciosa y profunda. La conversación pública ya no depende solo de medios, testimonios o documentos verificables. Está condicionada por algoritmos que deciden qué se vuelve tema nacional, qué se viraliza y qué se borra sin explicación. En ese entorno, la inteligencia artificial no solo produce imágenes o textos: produce versiones del país que parecen reales, aunque nunca hayan existido. La Constitución protege la libertad de expresión, pero ese marco nació para un entorno humano, no para uno sintético. La ausencia de regulación ha dejado a la ciudadanía expuesta a montajes, deepfakes, campañas automatizadas y narrativas que se reproducen sin control.

Primero. México carece de una Ley de Inteligencia Artificial y de una Ley de Plataformas Digitales. Las redes sociales operan sin transparencia obligatoria y sin límites claros. Los algoritmos que definen qué ve cada usuario priorizan contenido emocional, polémico o disruptivo. No buscan informar: buscan retener. En ese paisaje, una mentira repetida se vuelve creencia. Un video manipulado genera indignación masiva. Un deepfake puede destruir una reputación en minutos. La presunción de inocencia, protegida por la Constitución, queda anulada por el juicio inmediato de la plaza digital. El debido proceso se contamina por percepciones creadas artificialmente. La vida privada es vulnerada en segundos. Y la propia imagen se convierte en un recurso manipulable. El artículo 6° constitucional queda rebasado por tecnologías capaces de generar discursos que parecen humanos, pero carecen de autor responsable. Ese vacío amplifica tensiones: cada grupo consume su propia versión del país. La polarización crece. Y el espacio público se descompone al no existir un punto común desde donde reconstruir confianza.

Segundo. Las herramientas de IA reducen la frontera entre lo verdadero y lo falso. Un rostro puede ser replicado con perfección. Una voz puede ser clonada. Un video puede mostrar a alguien cometiendo un acto inexistente sin que pueda distinguir si es auténtico, creado por IA o está creado con elementos de verdad y otros falsos. La audiencia, sin alfabetización digital suficiente, toma estos materiales como pruebas irrefutables. La mentira se vuelve evidencia. El engaño se vuelve argumento político. Esto genera un nuevo desorden informativo que no solo confunde: fractura la convivencia. La gente deja de hablar del mismo país porque ya no comparte la misma realidad. Surgen mundos paralelos creados por algoritmos que detectan qué enojo genera más interacción. La polarización se vuelve estructura. La identidad colectiva, ya debilitada por desigualdades históricas, se fragmenta aún más por la circulación masiva de narrativas incompatibles. En ausencia de reglas, la tecnología gana poder y la verdad pierde forma. Una sociedad que normaliza la mentira digital pierde la capacidad de construir acuerdos mínimos.

Tercero. México necesita una regulación moderna, proporcional y democrática. No para callar críticas. No para controlar ideas. Sino para impedir que tecnologías sin supervisión destruyan vidas, distorsionen procesos judiciales y fragmenten la realidad compartida. La regulación debe concentrarse en obligaciones verificables para plataformas y desarrolladores de IA, y en derechos efectivos para los usuarios. Las medidas mínimas que una ley mexicana debería incluir son las siguientes:

1. Etiquetado obligatorio de contenido generado por IA

Todo deepfake, audio sintético, imagen manipulada o video creado por IA debe estar marcado de forma visible, permanente e inequívoca.

2. Protocolo urgente de retiro para contenido falso dañino

Material que vulnere la vida privada, la imagen, la honra o la presunción de inocencia debe retirarse en plazos breves y verificables.

3. Auditoría externa e independiente de algoritmos

Las plataformas deben permitir evaluaciones periódicas para detectar amplificación artificial de desinformación.

4. Trazabilidad técnica mínima

Debe ser posible identificar si un contenido fue generado o alterado con IA, así como su ruta básica de amplificación.

5. Régimen de cooperación obligatoria con autoridades judiciales

Las plataformas deben entregar información técnica cuando un contenido manipulador afecte procesos judiciales, seguridad personal o integridad digital.

6. Protección del debido proceso y de la presunción de inocencia

Se requiere un procedimiento legal que modere la exposición pública de contenidos falsos que interfieran en investigaciones o juicios.

7. Derechos digitales efectivos para usuarios

Derecho a saber si un contenido es generado por IA, derecho a rectificación reforzada y derecho a la eliminación de montajes que afecten la personalidad.

8. Conservación plena de críticas, sátiras y discursos legítimos

La ley debe distinguir expresiones humanas protegidas de montajes sintéticos que producen daño directo. La protección de libertades debe mantenerse intacta.

Estas medidas no censuran. No silencian. No criminalizan. Solo ordenan un ecosistema donde la tecnología no puede seguir operando sin perímetro. La libertad de expresión se fortalece cuando la mentira tecnológica no se confunde con la crítica legítima.

La falta de reglas para la IA y las plataformas digitales no es un asunto técnico. Es un riesgo constitucional, democrático y social. La desinformación sintética daña derechos, alimenta polarización, profundiza crispaciones y erosiona la identidad mínima que sostiene a un país. México necesita una regulación firme, moderna y protectora de libertades. Una ley que no silencie voces, pero que impida que la mentira tecnológica sea la dueña del debate público. Porque sin reglas, la verdad deja de ser un espacio común y se vuelve una pieza más del algoritmo. Y ninguna nación puede sostener su vida democrática viviendo dentro de una realidad que no existe.

@evillanuevamx

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