América Latina es la región del mundo que más ha avanzado en la representación política de las mujeres. En tres décadas la presencia femenina en los congresos pasó de 8.8% a 35.9%; México saltó diez posiciones en el último índice global de brecha de género, tiene paridad parlamentaria plena –algo que sólo comparte con Nicaragua– y eligió a su primera presidenta. Quince países latinoamericanos han tenido una mujer como jefa de Estado en el último medio siglo. En materia de representación formal la región es un caso de éxito indiscutible.

Y, sin embargo, algo no cuadra. Porque esos mismos avances conviven con realidades que los desmienten, los erosionan o los vacían de contenido. Lo que tenemos no es un proceso lineal de progreso, sino uno atravesado por al menos tres paradojas que deberían incomodarnos profundamente.

La primera: más mujeres, menos democracia. El ascenso de la representación femenina en América Latina ocurrió en paralelo al deterioro sostenido de la democracia liberal. Venezuela perdió más de 60 puntos en el índice de democracia liberal mientras las mujeres ganaban escaños. Nicaragua tiene un 53.9% de representación femenina en el Congreso y una dictadura que disuelve partidos políticos, cierra medios de comunicación y encarcela a opositores. Bolivia llegó a superar 50% de mujeres parlamentarias antes de caer a 46.2% conforme sus instituciones se erosionaban. No se trata de una coincidencia incómoda, sino de un patrón que exige explicación: varios gobiernos de la región, incluidos regímenes híbridos o abiertamente autoritarios, han adoptado la paridad como estrategia de legitimación. 

La presencia femenina se convierte en un recurso simbólico –pinkwashing– que permite, aun cuando el régimen ataque derechos y reprima libertades, denunciar cualquier crítica como no legítima, al provenir de un contexto en el cual los derechos tampoco se ejercen plenamente. La paridad, vaciada de contenido, funciona como escudo.

La segunda paradoja es más brutal: la región con los avances más espectaculares en representación política de las mujeres es también la que presenta los niveles más altos de violencia contra ellas. En México, 11 mujeres son asesinadas cada día; se registra un feminicidio cada diez horas; 66% de las mexicanas ha sufrido al menos un incidente de violencia en su vida. En el conjunto de la región hubo tres mil 828 feminicidios en 2024 y al menos un tercio de las mujeres y niñas ha experimentado violencia física o sexual. 

Pero la violencia no sólo opera en el ámbito doméstico o criminal: es un mecanismo estructural que regula acceso, permanencia y alcance del liderazgo femenino. Datos recientes de Colombia –de un estudio realizado por ONU Mujeres– muestran que 72.4% de las candidatas sufrió violencia psicológica, 40.6% violencia económica y 25.4% violencia sexual. Casi la mitad de las mujeres afectadas por la violencia política dice que no volvería a presentarse a las elecciones. Sin embargo, la violencia no busca necesariamente expulsar a las mujeres del sistema político, sino disciplinarlas dentro de él.

La tercera paradoja complementa el cuadro: más mujeres en el poder, pero no necesariamente una mayor representación efectiva de sus intereses. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aporta 26.8% del Producto Interno Bruto latinoamericano y 74.5% de ese trabajo lo realizan las mujeres. En México, las mujeres dedican 14 horas más por semana al trabajo no remunerado que los hombres. Por cada cien hombres pobres en la región hay 124 mujeres pobres; 26.3% de las latinoamericanas no tiene ingresos propios, frente a 10% de los hombres. Y en los propios Congresos, donde ya ocupan más de un tercio de los escaños, sólo 18.6% de las comisiones “duras” están presididas por mujeres. Las carteras ministeriales que ocupan son mayoritariamente “blandas”; 64% de las mujeres trabaja en la administración pública, pero sólo 31% ocupa cargos de alto nivel. La paridad numérica no se ha traducido en paridad de poder.

¿Cómo se explican estos desajustes? Una respuesta incómoda, pero necesaria: las mujeres llegaron a los Congresos justo cuando estos se estaban debilitando. Cuando el poder se vuelve a concentrar en el Poder Ejecutivo y los Congresos pierden la capacidad de decisión y de contrapeso, la paridad puede ser capturada, instrumentalizada y convertida en una fachada.

La evidencia empírica indica que la representación femenina tiene efectos positivos sobre la democracia sólo cuando hay Estado de derecho robusto. Cuando las instituciones son frágiles, la paridad corre el riesgo de ser un logro formal que encubre una derrota sustantiva. Los partidos aceptan la paridad, pero no necesariamente quieren que las mujeres tengan poder real. Cuando lo ejercen, cuando proponen, cuando desafían, responden con violencia, exclusión o castigo. Muchas mujeres políticas, conscientes de ello, optan por la autocensura: renuncian anticipadamente a su autonomía para sobrevivir en el sistema.

No se trata de minimizar lo logrado. Que la región haya pasado de 8.8% a 35.9% de representación parlamentaria femenina en tres décadas es un avance real que costó muchos esfuerzos y sacrificios. Pero celebrarlo sin examinar las paradojas que lo acompañan sería tan irresponsable como negarlo. 

Y aún estamos muy lejos de una verdadera igualdad, en hechos, derechos y reconocimiento; 90% de la población mundial mantiene al menos un prejuicio contra las mujeres. En América Latina más de un quinto de la población sigue creyendo que los hombres son mejores líderes, un tercio considera que las mujeres deben concentrarse en el hogar, y más de un cuarto piensa que, cuando hay escasez de empleo, los hombres deberían tener prioridad. La paridad, sin transformar esas estructuras profundas, es un edificio impresionante levantado sobre cimientos que no han cambiado. Y los cimientos, eventualmente, determinan qué puede sostener el edificio.