PACHUCA, Hgo. (apro).- Por posible implicación en agresiones a estudiantes y familiares en la jornada violenta del 19 de septiembre en el edificio central, antigua sede de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH) detuvo a un integrante del Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH) de iniciales O.A.G.G., a quien le imputan delitos cometidos en pandilla.

En respuesta, la institución educativa acusó imparcialidad en las investigaciones y fortalecimiento a grupos contrarios, que denominó porriles, con el fin de “vulnerar” la autonomía, además de afirmar que contra integrantes del movimiento estudiantil que acusó represión por parte de un grupo de choque que llegó tras el “portazo” que ellos habían dado, hay “elementos suficientes” de posibles delitos como “privación ilegal de la libertad”.

A 50 días de la jornada violenta, la PGJEH cumplió la primera orden de aprehensión, de cinco que había anunciado contra miembros del CEUEH y trabajadores de la UAEH, quienes, asegura, golpearon a la comunidad del Instituto de Artes (IDA) que entró por la fuerza al edificio central como acto de protesta para exigir la destitución de la entonces directora María Teresa Paulín Ríos, a quien acusaban de agresiones y de encubrir a presuntos violentadores, motivo por el cual iniciaron un paro el 28 de agosto, que a la fecha continúa.  

Lo anterior sucedió, después de que se apoderaran de un autobús institucional para bloquear la calle Mariano Abasolo en la colonia centro de Pachuca, sede del inmueble.

Paulín, que renunciaría el 23 de septiembre, después de que el día 20 se unieran al movimiento cinco institutos y escuelas superiores que por la participación videograbada de sindicalizados y miembros del CEUEH acusaron una regresión a la violencia porril que tuvo su mayor auge a finales de la década de 1970 y durante la de 1980 en la casa de estudios, acusó amenazas y un intento de atentar contra su vida, en una conferencia que presidió el rector Octavio Acosta Castillo, acompañado de Esteban Rodríguez Dávila, presidente del CEUEH, y cuya participación en los hechos también fue filmada.

El líder estudiantil, cuyo periodo feneció en 2021, pero se mantiene en el cargo al argumentar que, por la pandemia, no había condiciones para una renovación y esto fue decidido en consenso con las sociedades de alumnos, promovió un amparo para evitar ser detenido. La autoridad judicial aceptó la petición tras un importe en garantía de cinco mil pesos, con fecha del 23 de noviembre para la audiencia constitucional, con base en el expediente 1810/2023 en el Juzgado Cuarto d Distrito.

Paulín, por su parte, presentó una denuncia contra tres alumnos del IDA –Yoltic N., Alinne N. y Brenda N. –, así como una exprofesora, María de Lourdes N., por intento de secuestro y amenazas.

Estas acusaciones se alinean a la postura inicial de la UAEH, en voz del rector, quien tras la jornada violenta acusó en una conferencia de prensa que quienes entraron a edificio central el 19 de septiembre tenían la intención de plagiar a la entonces directora, también actriz y directora de artes escénicas, sin reconocer la participación como agresores del CEUEH y empleados de la universidad. A su vez, Esteban Rodríguez dijo haber actuado “en defensa propia” y sugirió que, de no intervenir con el grupo que llegó al inmueble en Abasolo, pudieron privar de la vida a María Teresa Paulín.

Tras la primera detención, efectuada esta mañana en Pachuca, la Autónoma del Estado acusó que no hay “una resolución equitativa de las carpetas”, en las cuales, aseguró, “existen elementos para proceder por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, daño en propiedad pública, despojo agravado de diversas instalaciones universitarias, amenazas y lesiones”.

Para la casa de estudios, regida, desde hace cuatro décadas, por el grupo político que encabeza el exdiputado federal y exrector Gerardo Sosa Castelán –quien enfrenta en prisión domiciliaria un proceso por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, presuntamente sustraídos del erario universitario, según la Fiscalía General de la República (FGR)–, la aprehensión de O.A.G.G. “distorsiona asuntos” que consideró “de disciplina escolar y deferendos del estudiantado, para derivarlos en carpetas de investigación con el ánimo de fortalecer grupos contrarios a la paz y a la tranquilidad de la comunidad universitaria”.

Por el caso Sosa Castelán (causa penal 253/2020), más su injerencia en la institución, el movimiento estudiantil exigió la democratización de la UAEH y el fin del cacicazgo, además de responsabilizar directamente al Grupo Universidad –también conocido con el denominativo de La Sosa Nostra– de ser el responsable de ordenar la represión que, aseveran, fue instrumentada por el Consejo Estudiantil y trabajadores de la Autónoma.        

En el comunicado, la UAEH igualmente demandó “la judicialización inmediata de las carpetas en las que están involucradas diversas personas que calificó de “agresoras, lesionadoras, violentas con las mujeres y despojadoras del Instituto de Artes”, en alusión a la toma de la sede en Real del Monte por parte del movimiento que, aunque había sido recuperado tras otra intervención violenta de sindicalizados el mismo 19 de septiembre, los jóvenes tienen en posesión.

El IDA es el último centro de estudios que se mantiene en paro. Las mesas de negociación, en las que ofreció mediar el gobernador Julio Menchaca Salazar, siguen detenidas. Por los sucesos en edificio central, de acuerdo con Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la procuraduría, hay 12 carpetas de investigación, por lo que anunció que los procesos, que incluyen las detenciones por órdenes ya libradas o requeridas, continuarán.