HIDALGO (apro).- Representantes de los institutos en paro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) abandonaron la mesa de negociación y determinaron no aceptar la propuesta de retorno de clases para el 9 de octubre, que –acusaron-- planteó unilateralmente la directiva universitaria.

Señalaron que no obtuvieron respuesta del rector Octavio Castillo Acosta a una exigencia: que condenara la irrupción violenta del grupo de choque que reprimió a manifestantes en Edificio Central el 19 de septiembre, y que ofreciera una disculpa institucional, debido a que entre los agresores han identificado a sindicalizados, mandos académicos y miembros del Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH).

En la primera mesa de negociación entre paristas y autoridades en el auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu) –antes llamado Jesús Murillo Karam–, el alumnado suspendió el diálogo después de requerir de manera directa en dos ocasiones al rector que reconociera la participación violenta de personal de la UAEH en Edificio Central, cuando integrantes del Instituto de Artes (IDA) dieron portazo como parte de las acciones de protesta para exigir que la directora María Teresa Paulín Ríos fuera destituida y fueron atacados con palos, vallas y mazos.

?? Estudiantes abandonan la mesa de negociación con autoridades de la @UAEH_OFICIAL que se desarrolla este día en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu). Los alumnos pedían una disculpa del rector Octavio Castillo, por los hechos del pasado 19 de septiembre. ? pic.twitter.com/0IvegOlLNJ

— LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) October 5, 2023

En una conferencia de prensa el 20 de septiembre, Castillo Acosta acusó que los agresores eran los manifestantes y “grupos externos” con ellos, además de afirmar que buscaban “secuestrar” a Paulín, sin aceptar participación de sindicalizados, directivos y miembros del CEUEH que fueron evidenciados en transmisiones de medios de comunicación y la cuenta Protesta IDA.

Ante la negativa de pronunciarse en contra de lo que consideraron “evidencia suficiente” de agresiones por parte de miembros de la cúpula universitaria, los alumnos acusaron al rector de ser corresponsable por acción –si él dio la orden para que actuara el grupo de choque– o por protección de los perpetradores.

Desde el inicio de la mesa de negociaciones, integrada por 12 funcionarios de la UAEH y 12 representantes de los centros académicos en paro, las partes confrontaron al acusar incumplimiento de acuerdos previos para que esta sesión tuviera verificativo.

Los alumnos expusieron que dos condiciones para llegar a este momento, levantadas en un encuentro público el 2 de octubre con la recién designada titular de la Defensoría Universitaria, Elsa Ángeles Vera, era la destitución de José Esteban Rodríguez Dávila, presidente del CEUEH, cuyo periodo, por estatuto, debió fenecer en 2021, y una carta de no represalias para los integrantes del movimiento.

Ángeles Vera excusó que ella no asumió el compromiso de remover a Rodríguez Dávila porque no tenía facultad para ese asunto, que es uno de los puntos del pliego petitorio, pero que sí había solicitado a la directiva universitaria que se realizara “la renovación” de las estructuras del Consejo Estudiantil, sin fecha definida para ello.

La contraparte reclamó que la destitución de José Esteban, no un llamado a que se renueven las estructuras, era una condicionante que no se cumplió, en tanto que la carta compromiso fue publicada por el rector el día previo, pero solicitaron hacerle adhesiones ante diversas posibilidades de represalias que plantearon.

Primera condicionante para futuras mesas de negociación: remoción de José Esteban Rodríguez Dávila. Lo señalan de participar en la jornada del 19S, más tener antecedentes de violencia. pic.twitter.com/4CfJClICFE — Áxel Chávez (@axelchl) October 5, 2023

Antes de la instalación de la mesa ocurrió el primer roce entre las partes: La Defensora Universitaria mencionó que un “compromiso” hecho por ambos era que en la mesa de negociaciones no se sentara ninguna persona identificada por parte de la comunidad como agresora –planteamiento de los propios paristas–, por lo que pidió a un estudiante del Instituto de Artes que se retirara, al sugerir que estaba entre los que violentaron durante el portazo en Edificio Central el 19 de septiembre.

“Si a nuestros compañeros del IDA se refieren como agresores, sería revictimizarlos”, replicó una de las voceras de escuelas, porque aseguró que el joven y otros fueron agredidos en el inmueble ubicado en la calle Mariano Abasolo de Pachuca por el grupo de choque, y no al revés.

Después, el aludido respondió: “usted como defensora universitaria debe ser capaz de diferenciar víctimas de agresores; una víctima no puede ser catalogada como agresor”. Tras ello, se mantuvo en la mesa para iniciar las discusiones.

El asunto de José Estaban Rodríguez fue el primer punto de divergencia. Después de dos horas de discusión y varias pausas tanto para determinar si continuaban las negociaciones como para consensar decisiones por ambos bandos, el rector comprometió que este mismo día convocaría a una reunión extraordinaria del Consejo Universitario, que tendría verificativo el lunes 16 de octubre, para plantear la destitución de Esteban, quien igualmente es consejero universitario.

Los estudiantes exigían también un proceso sancionador que derivara en la baja o expulsión del líder estudiantil, porque, remarcaron, grabaciones lo muestran como agresor en Edificio Central, pero sumaron que acumula acusaciones por violencia y agresiones de índole sexual desde que era alumno de preparatoria –actualmente, con 23 años, está matriculado en el octavo semestre de la carrera de Derecho–, así como uso indebido de recursos públicos.

El rector Castillo Acosta excusó que las palabras que los alumnos emplearon en el pliego eran “destitución e inhabilitación”, las cuales sólo aplicaban para trabajadores, pero que un estudiante, como lo es Esteban Rodríguez, no puede ser ni destituido ni inhabilitado. Aunque insistieron en que se le expulse, el diálogo continuó sin compromiso institucional.

En entrevista posterior, paristas del IDA –donde inició el movimiento estudiantil el 28 de agosto con la exigencia de que María Teresa Paulín Ríos, a quien acusaban de actuar con violencia y proteger a presuntos violentadores, fuera removida, y al que se sumaron los demás institutos que se mantienen sin actividades tras los sucesos del 19 de septiembre– remarcaron que, para restablecer negociaciones, Esteban debe ser destituido como presidente del Consejo Estudiantil Universitario; se debe iniciar un proceso para una eventual expulsión por participar en agresiones, y se le debe restringir cualquier oportunidad de que asuma un cargo en la UAEH.

“No podemos permitir que en dos años Esteban sea profesor de la universidad”, reclamaron.

Luego de que la mesa no continuó porque todos los paristas se levantaron, el rector y su comitiva fueron despedidos del auditorio con recriminaciones y gritos por parte del estudiantado, que, al no realizar la condena y dar la disculpa que le pedían, lo acusaba de protección a los implicados en los hechos de Edificio Central.

Asimismo, los directivos se negaron a dar declaraciones y se mantuvieron en una oficina del mismo recinto por más de 30 minutos.

No obstante, en una entrevista breve antes de abordar un vehículo, Castillo Acosta dijo que no podía asumir una postura porque las negociaciones están en marcha y, de hacer un pronunciamiento, podría ser requerido por autoridades ministeriales por responsabilizar a quienes tienen presunción de inocencia, debido a que hay investigaciones en curso por lesiones y otros posibles delitos relacionados con la jornada del 19 de septiembre que en este momento no tienen resolución oficial. El mismo discurso lo retomó la Defensora Universitaria, igualmente abordada antes de abandonar el sitio.

Desde el inicio del movimiento, los estudiantes han logrado dos demandas: la destitución de María Teresa Paulín y el retiro del nombre Jesús Murillo Karam del auditorio del Icshu.

Reclaman también la reforma a la normativa universitaria sobre la integración del Consejo Universitario –órgano de decisión que integran el rector, sus antecesores en el cargo, el líder estudiantil, entre otros– y el término de la injerencia política del exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán y su familia, para una verdadera autonomía. La Torre de Posgrados lleva el nombre del líder del grupo que desde hace cuatro décadas mantiene el control de la institución. Quitar ese denominativo al inmueble también es una de las exigencias.