PACHUCA, Hgo. (apro).- La demanda del paro estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) escaló: en el día 25 de manifestación, el alumnado exigió el término del cacicazgo de La Sosa Nostra –apelativo del grupo que controla la institución, a cargo del exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán– por opresión, autoritarismo, defensa de incondicionales y posibles actos de corrupción; además, demandaron la destitución del rector Octavio Acosta Castillo, a quien responsabilizaron de reprimir la protesta y de proteger a los grupos de choque que actuaron con violencia el 19 de septiembre en Edificio Central.  

La elevación de los reclamos se dio después de que cuatro institutos –Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu), Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), Ciencias de la Salud (ICSA) y Ciencias Económico Administrativas (ICEA)– se adhirieran a la protesta inicial del Instituto de Artes (IDA) –en paro desde el 28 de agosto para exigir la destitución de su directora María Teresa Paulín Ríos– por los hechos violentos del martes, cuando jóvenes, padres y madres de familia, activistas y simpatizantes del movimientos fueron golpeados por el porros y sujetos que han sido identificados como trabajadores sindicalizados de la casa de estudios.

También, después de la postura institucional en voz del rector, quien acusó a los estudiantes de intento de secuestro a Paulín y de haber sido quien golpearon al personal de la universidad, aunque transmisiones en vivo de la cuenta Protesta IDA y de medios de comunicación muestran el arribo del grupo porril encabezado por el presidente del Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH), José Esteban Rodríguez Dávila, con individuos que portan palos y tubos, a quienes posteriormente se les exhibe golpeando jóvenes hasta en proporción de cinco contra uno.

“Queremos respuestas. Queremos que se investigue a fondo cada uno de estos problemas. Queremos que aquellos responsables rindan cuentas ante la ley y ante la comunidad universitaria (…) Queremos una universidad que nos represente con orgullo”, expusieron en una conferencia en el exterior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en la que madres, alumnas y alumnos relataron lo que vivieron el 19 de septiembre.

“Hoy han demostrado su verdadera cara, esa que tiene nombre y apellido, esa que ha usado la universidad para esconderse y protegerse, esa misma que fundó la FEUH y que después cambiaron el nombre a CEUEH, esa misma que mantiene el autoritarismo desde hace décadas. Esa cara que todos sabemos quién es y es momento de llamarla por su nombre: La Sosa Nostra”.

La Sosa Nostra o Grupo Universidad es el denominativo del clan a cargo de Gerardo Sosa Castelán, quien asumió el control fáctico de la institución desde finales de la década de 1970, protegido por el entonces gobernador priista Jorge Rojo Lugo, mediante el porrismo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), organización inmersa en averiguaciones por robos, saques, secuestros, ataques armados y asesinatos.  

Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. En la causa penal 263/2020, a la que ha dado seguimiento Proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) le dio a La Sosa Nostra la categoría de organización criminal presuntamente dedicada a la sustracción del patrimonio universitario, en una ruta de seguimiento con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva a que el dinero terminó en las cuentas de Gerardo; sus dos hijas, Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto; un “operador financiero”, Francisco Natalio Zamudio Isbaile, y una asistente de éste: Anastasia Elizabeth Baños Baños. Estos cuatro últimos, prófugos, con orden de aprehensión librada desde la detención del jefe del Grupo Universidad.

Aunque desde ese momento fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, el 3 de febrero de 2022 fue liberado para seguir su proceso en prisión domiciliaria, por un cambio en la medida cautelar al argumentar sus abogados un deteriorado estado de salud.

El pasado 12 de julio, en un evento proselitista en el Centro Cultural La Garza, ubicado en edificio central de la UAEH, el rector Octavio Castillo agradeció a Adán Augusto López Hernández, entonces aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República, haber intervenido para cambiar la medida cautelar para Gerardo Sosa y la liberación de cuentas bancarias de la universidad (seis, con 151 millones de dólares), que habían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019 por otro presunto caso de lavado.

El alumnado en protesta reclamó “transparencia y justicia” ante las agresiones físicas por parte del grupo de choque, además de convocar a escuelas superiores, preparatorias e institutos a una huelga general.

Asimismo, recriminaron la incriminación que, afirman, intentó Castillo Acosta y las autoridades que le acompañaron en una conferencia de prensa al acusarles de pretender plagiar a Paulín Ríos –quien aseveró no renunciará y fue respaldada por el rector para seguir en el cargo–, y, previamente, que los señalara de que sus manifestaciones manchan el prestigio de la universidad.

“Es lamentable que en los últimos años hayamos sido testigos de una serie de problemas que han empañado la reputación de nuestra institución: lavado de dinero, desvío de recursos, dirigentes tras las rejas (Sosa era el presidente del Patronato Universitario, organismo que, por facultad estatutaria, tiene el control presupuestal), compadrazgo, y un sistema de cacicazgo que ha durado más de tres (cuatro) décadas. Si nos señalan por ser quienes mancillan su prestigio, que sean ellos quienes avienten la primera piedra”, reclamaron a través de un pronunciamiento leído.

Después, siguieron con la remembranza de sucesos que involucran la comunidad en los que la UAEH, afirmaron, no actuó:

“El prestigio se mancha por denuncias archivadas: la muerte de un compañero menor de edad en la Escuela Superior de Actopan, la nula atención a la detención ilegal de 64 compañeros por la policía municipal de Real del Monte (sede del IDA), por silencio ante la muerte de nuestro compañero, golpeado hasta la muerte en su cuarto de foráneo en Real del Monte, por bautizar un auditorio con el nombre de uno de los responsables de la desaparición de compañeros de Ayotzinapa (Jesús Murillo Karam, en el Icshu) y una torre con el nombre de quien usó las cuentas de la universidad para desviar y lavar dinero, que actualmente está preso”. El último reclamo es por el nombramiento de la Torre de Posgrados Gerardo Sosa Castelán.  

Mediación, si levantan paro: rector

Tras un ofrecimiento de mediación del gobernador Julio Menchaca Salazar previa petición de la Sociedad de Alumnos del IDA, el encargado de la UAEH respondió que aceptaría si se levantan los paros en las unidades académicas “para permitir el desarrollo cotidiano del proceso educativo que es en beneficio público y de interés general”.

A cambio y “como acción de buena fe”, ofreció suspender “todo proceso sancionatorio que conforme a normativa universitaria proceda”, además de poner en marcha “un mecanismo de recuperación académica beneficiosa para el aprendizaje de la parte interesada y, por ende, de su semestre escolar”.

La contestación del IDA fue, primero, el reclamo por atender un día después el llamado del gobernador, pero no al estudiantado tras 25 días de protesta, además de la negativa a su condición: “Los paros no se levantan en ningún instituto hasta que atienda el pliego petitorio de cada uno de ellos”, debido a que se suman más exigencias, cada uno basado en denuncias por centro educativo.  

Tras la suma de Icshu, ICBI, ICSA e ICEA, alumnado de estos institutos han denunciado la presión por parte de docentes y directivos para acudir a clases en línea y romper el paro, bajo amenaza de no poder presentar exámenes por límites de faltas y perder el semestre.