PACHUCA, Hgo. (apro).- Lo que inició con la toma de un autobús de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por parte de alumnos del Instituto de Artes (IDA), en paro desde hace cuatro semanas para exigir la destitución de la recién nombrada directora; el cierre de la calle de Abasolo con la unidad retenida y el posterior portazo al Edificio Central de la institución, ubicado en ese lugar, derivó en agresiones por parte de un grupo de choque que, denunciaron los estudiantes, ingresó armado y con objetos contusos, con los cuales arremetió para desalojarlos.

Este grupo de choque, acusaron, arribó con el dirigente del Consejo Estudiantil Universitario, José Esteban Rodríguez Dávila, a quien no reconocen como líder y acusan de defender los intereses de la organización política que controla desde finales de la década de 1970 a la Autónoma del Estado, desde entonces a cargo de Gerardo Sosa Castelán, exrector, exdiputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, desde 2018, adherido al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Actualmente, el denominado jefe del clan La Sosa Nostra enfrenta un proceso en prisión domiciliaria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.  

“Llevamos cuatro semanas en paro en los que no se nos ha atendido nada”, decían al principio los manifestantes sobre el paro que iniciaron el 28 de agosto, inconformes con la designación de María Teresa Paulín Ríos como directiva, a quien acusan de hostigamiento, acoso, violencia verbal y psicológica; además, reclaman a la institución no dar seguimiento a posibles casos de acoso sexual y proteger a presuntos violentadores.

Después de que habían ingresado al Edificio Central tras el portazo y, acusó la UAEH, causaron destrozos –incluso, se difundieron fotografías en el que se muestra a la figura de la Garza que se encuentra en la fuente principal, dañada–, un séquito de personas arribó a la par de Esteban Rodríguez y comenzó a corretear y, después, retener alumnos, a quienes presuntamente aglutinó en el segundo piso del inmueble, donde, acusan los manifestantes, fueron golpeados.

Posteriormente, el grupo de choque recuperó el edificio, aunque mantuvo por momentos retenidos a algunos de los que inicialmente dieron el portazo.

“Descalabrar a uno”, “a una madre de familia la golpearon muy fuerte cerca del ojo”, reclamaban con desesperación los alumnos de artes, que con sus teléfonos videogrababan la escena y mostraban, en las escaleras al interior del inmueble, manchas de sangre que atribuían al enfrentamiento. Antes, cuando personal de seguridad de la universidad intentó desalojar a los que entraron, arrojó gas pimienta. Ahí mismo, participaron trabajadores sindicalizados para intentar contener el paso.

El bloque inconforme exigió la destitución de Rodríguez Dávila, en el cargo desde 2018, al acusarlo de incitar la violencia y ser responsable de lesiones, sin precisar, hasta el momento, el número de quienes resultaron heridos o sufrieron algún tipo de agresión.

El dirigente respondió que los que ingresaron "no todos son estudiantes", porque, aseveró, venían de otras ciudades, además de reclamar que estaban encapuchados; sin embargo, cuando reporteros locales le cuestionaron que él llegó con personas que tampoco eran estudiantes e irrumpió con violencia, no contestó más preguntas. 

La UAEH, por su parte, denunció el “secuestro” de su unidad del Transporte Universitario Garzabús por quienes definió como “un grupo de manifestantes radicales”, además de advertir el inicio de acciones legales. No obstante, al cierre de esta nota, no se había pronunciado por la reyerta.

De igual forma, dijo lamentar los “inconvenientes”, porque, afirmó, niños y niñas de la Escuela Primaria Pedro Ma. Anaya presenciaron un “enfrentamiento violento” entre los que protestaban y la policía municipal de Pachuca. Lo anterior, antes del portazo, durante el cierre de la vialidad con el Garzabús.

Se dijo estar abierta al diálogo, pero reclamó que “el canal de comunicación sigue siendo inconsistente”, en alusión a la contraparte que, a su vez, recriminó que el discurso público institucional sea el de “puertas abiertas”, cuando, remarcaron, unidireccionalmente les han cancelado reuniones e incumplido con el compromiso de escucha.

El domingo 3 de septiembre, en el concierto de clausura de la Feria Universitaria del Libro (FUL) a cargo de la Orquesta Sinfónica de la casa de estudios, alumnos subieron al escenario con pancartas para acusar lo que han calificado como imposición de Paulín Ríos, nombrada después de once meses en los que hubo una dirección interina; además, le recriminan, como docente, presuntas agresiones al estudiantado.

El rector, Octavio Castillo Acosta, se retiró de la sala y, posteriormente, emitió su primer pronunciamiento sobre el tema, a través de un comunicado en el que consideró las acciones de protesta en el marco de la FUL una “muestra palpable e irrefutable de la libertad de expresión” en la universidad, pero juzgó que aquel último acto, el intervenir durante el concierto, “lastima el prestigio de nuestra alma mater”.

No obstante la declaración del mando institucional, estudiantes que participaron en los actos de protesta acusaron que fueron hostigados y presionados por personal que identifican como de seguridad y logística para que abandonaran el reciento. Asimismo, la transmisión en vivo a cargo del canal de la universidad, SUMA TV, fue cortada, apagados el audio y las luces, por lo que externaron que su protesta fue censurada.

Dos días antes de ese suceso, en la primera mención oficial sobre los acontecimientos en el instituto, SUMATV difundió un contenido en su espacio de noticias que los manifestantes observaron como un intento por desvalorizar la protesta, ya que se hacía el distingo de la “civilidad” de las autoridades por permitir la manifestación, pero a los entrevistados, reclamaron, se les intentaba ridiculizar o menoscabar, al dar la apariencia de que no sabían por qué estaban ahí, eran ajenos a la escuela de artes o no tenían capacidad de respuesta. Una de las entrevistas fue inquirida si ella, que acusaba violencia por parte de Paulín, había sido violentada directamente, como un argumento para cuestionar que se manifestara.

Al paro inicial, previsto para 48 horas a la espera de respuesta, pero que hoy cumple 33 días, se han sumado egresados y exacadémicos del IDA, quienes han expuesto en redes sociales, incluyendo las institucionales de la UAEH, presuntos casos de violencia sexual, como toqueteos por parte de docentes a alumnas de danza, tal es el caso de la activista Irazú Escobar. Este punto, la inacción ante denuncias, se ha sumado a las reclamaciones.

Además de las manifestaciones en la FUL, desde el inicio de la protesta, alumnos se encuentran en las instalaciones del Instituto de Artes, ubicadas en el pueblo mágico de Mineral del Monte. Ahí, denunciaron, les han cortado, primeramente, el suministro de electricidad y después el agua, lo cual, plantearon, los pone en una condición de vulnerabilidad, especialmente en la noche, ya que integrantes del Consejo Estudiantil (CEUEH), al que desconocen como agrupación que los represente, han intentado disuadir la protesta con actos que acusan vandálicos.

La intromisión del CEUEH, presidido también por José Esteban Rodríguez Dávila, la han juzgado como el resurgimiento de los actos porriles en la Autónoma, que principalmente en la década de 1980, entonces con la denominación de Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), cometieron robos, asaltos, retenciones ilegales, entre otros actos. De esa agrupación, surgió el poder político que controla la UAEH hasta la actualidad.   

Inicialmente, el movimiento contó con 556 de 886 firmas del alumnado a favor del paro. Las protestas, que continúan, igualmente incluyen muestras artísticas, como espectáculos dancísticos, de música, teatro ambulante, entre otros, en la sede del IDA.        

El portazo es el primer acto no pacífico. Durante éste, también lanzaron consignas contra Gerardo Sosa Castelán, acusado de operar una red de sustracción de recursos de la universidad que terminaron en sus cuentas personales, las de sus dos hijas, Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, y de personeros, entre ellos Anastasia Elizabeth Baños Baños, asistente de quien la Fiscalía General de la República (FGR) denominó en la imputación inicial contra el líder del clan universitario (causa penal 263/2020) el operador financiero de La Sosa Nostra: Francisco Natalio Zamudio Isbaile. Estos cuatro últimos, prófugos.  

El bloque del IDA igualmente reclamó detenciones arbitrarias por parte de la policía de Pachuca previo al acto que preveían en el Edificio Central.

Mientras en Pachuca continuaba la atención a lesionados por parte de paramédicos de la Cruz Roja y asociaciones civiles que los acompañaron, en Mineral del Monte sujetos irrumpieron con violencia las instalaciones que los estudiantes tenían en posesión desde el inicio del paro.