PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).- Durante su sexto informe, el rector interino de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Octavio Castillo Acosta, aseguró que, tras tres años de batalla jurídica, con la liberación de seis cuentas bancarias que contienen 151 millones de dólares "se hizo justicia" a la institución, además de asegurar que no hay opción legal para que el dinero sea congelado nuevamente por el gobierno federal.

Las cuentas bancarias fueron bloqueadas en febrero de 2019 por estar presuntamente asociadas a lavado de dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad que inhabilitó los recursos. Junto a las institucionales, se restringieron fondos personales de personajes ligados al control político y financiero de la casa de estudios.

"De nueva cuenta defendimos nuestros intereses", resaltó Castillo Acosta, quien sustituyó en septiembre de 2022 al rector electo para el periodo 2017-2023, Adolfo Pontigo Loyola, quién enfrentó el bloqueo de activos de la institución y también personales, aunque los suyos fueron liberados el 30 de abril de 2021, de acuerdo con el propio exresponsable de la UAEH.

"Después de varios años y un largo proceso de amparo, el Poder Judicial de la Federación resolvió de forma definitiva la plena legalidad y transparencia de los fondos", resaltó el rector, quien, al hacer la referencia al recorrido, por la vía legal, para recuperar las cuentas inhabilitadas por presuntas operaciones indebidas, afirmó que los procedimientos fueron injustos contra la Autónoma del Estado, sin mencionar a los posibles responsables de este actuar que, ha mencionado anteriormente, dañó la imagen de la UAEH.

Las cuentas fueron bloqueadas cuando la UIF era dirigida por Santiago Nieto Castillo, quien asumió como procurador interino de Hidalgo al inicio del gobierno de Julio Menchaca Salazar, en septiembre de 2022.

Tanto el denominado Grupo Universidad, a cargo de Gerardo Sosa Castelán, quien sigue un proceso en prisión domiciliaria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos (causa penal 263/2020), como Nieto Castillo y la nueva administración del gobierno de Hidalgo, pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, durante el periodo de inhabilitación de cuentas y el proceso seguido contra Gerardo Sosa, líder del llamado Grupo Universidad o La Sosa Nostra, esta corriente al interior del morenismo obtuvo diputaciones locales y federal, así como presidencias municipales, además de controlar un segmento del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Hidalgo.

En el caso de Sosa, la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) también se basa en posibles operaciones de blanqueo detectadas por la UIF, supuestamente ocurridas entre 2011 y 2018, y para las cuales del erario universitario se dispersaron los 58 millones mediante una empresa fantasma y despachos contables afines, para que los montos llegaran a personeros e integrantes de esta familia política.

"No comparto el criterio", dice Santiago Nieto

Previamente y tras conocer la liberación del total de cuentas (el desbloqueo inició de manera paulatina, por los fallos judiciales, desde que él estaba en la UIF) Santiago Nieto declaró que no compartía la decisión, además de sostener las posibles irregularidades halladas durante su gestión en el órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales derivaron en que la institución educativa fuera incluida en la Lista de Personas Bloqueadas por posibles operaciones de lavado de dinero.

“No comparto el criterio, pero el exministro Eduardo Medina Mora generó una jurisprudencia que pone a la Unidad de Inteligencia Financiera y el país en una condición precaria porque permite el descongelamiento de las cuentas si no hay una solicitud de carácter internacional. Cabe señalar que en este caso en particular fue una llamada de un banco de Estados Unidos lo que permitió conocer la transferencia de 151 millones de dólares al Patronato de la UAEH y eso motivó el congelamiento de cuentas, lo que nos correspondió dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera fue que no permitimos que se movilizara ese recurso”, expresó a medios.

La responsabilidad sobre la investigación y seguimiento al caso de posible lavado en la UAEH, añadió, es del actual titular de la UIF, Pablo Gómez. Bajo esa administración, Inteligencia Financiera clasificó como reservada la información relacionada con la universidad hidalguense.