CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La operación de actividades de carpintería al interior de un inmueble con uso de suelo habitacional en la colonia Campestre Coyoacán derivó, desde octubre de 2024, en denuncias vecinales, verificaciones administrativas y la colocación de sellos de suspensión por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea); no obstante, de acuerdo con testimonios directos y documentación oficial, las actividades no se detuvieron. 

El inmueble se ubica en la calle Rancho La Verónica número 71, ubicada en la alcaldía Coyoacán que es gobernada por Giovani Gutiérrez, donde habitantes del fraccionamiento iniciaron el 10 de octubre de 2024 un proceso formal de denuncia ante la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la demarcación por actividades de carpintería comercial e industrial en la cochera del predio, a las que se asignó el expediente EM/291/2024; dichas actividades, de acuerdo con los propios denunciantes, se comenzaron a realizar desde al menos un año antes.  

Por fuera, el inmueble aparenta ser una casa común y corriente, con un portón amplio, dos pisos, patio delantero y un timbre regular. Los habitantes denunciaron que ese espacio es en realidad la fachada de “Herrera Acoustics”, un negocio dedicado al diseño, construcción e ingeniería acústica.  

Su dueño, Luis Herrera, aparece en las redes sociales de la empresa promocionando la venta de elementos acústicos y mueblería, así como paneles absorbentes, los cuales, según los vecinos, son manufacturados al interior de la casa.  

Denuncias escalonadas

Ante esa situación, los inconformes presentaron diversas denuncias de manera escalonada ante diferentes instancias. Además de la queja presentada ante la alcaldía, el 23 de octubre del mismo año promovieron otra denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).  

La primera verificación administrativa ocurrió el 21 de octubre de 2024 por parte de la demarcación, tras un citatorio previo emitido el día 18. Según los denunciantes, la notificación anticipada permitió que el responsable del inmueble retirara o cubriera maquinaria y materiales, lo que derivó en que la diligencia no constatara actividad en curso, aunque en el acta se registró la existencia de equipo y artículos de carpintería. 

Diez días después, el 31 de octubre, la PAOT  emitió un oficio dentro del expediente PAOT-2024-7071-SOT-1962. En ese documento, la autoridad estableció que el predio corresponde a una zonificación habitacional con densidad muy baja y que “el uso de suelo para producción de artículos de madera, carpintería y ebanistería se encuentra señalado como prohibido”. 

Pese a ese señalamiento, las actividades no se detuvieron de manera definitiva. El 6 de noviembre de 2024, los vecinos ingresaron un nuevo escrito ante la alcaldía —folio 0135— para ampliar la denuncia, incluyendo la presunta sustracción de energía eléctrica para operar maquinaria industrial, y reiteraron la necesidad de nuevas verificaciones. 

Dos días después, el 8 de noviembre, acudieron al Invea para solicitar una verificación complementaria, argumentando que la primera inspección no permitió constatar la actividad real del inmueble y que el procedimiento había sido concluido sin resolver el fondo de la denuncia.

En entrevista con Proceso, Pablo Ochoa Paz, vecino directo del inmueble, sostuvo que la dinámica operativa del lugar se ha mantenido a lo largo del proceso administrativo. Dijo que en el domicilio se realizan trabajos de fabricación de estructuras de madera para aislamiento acústico y que los habitantes han documentado, mediante registros en video y fotografías, entradas y salidas constantes de personal —en algunos casos con uniforme—, así como la ocupación recurrente de espacios de estacionamiento por vehículos vinculados a la actividad; además, han grabado la operación del sitio desde las azoteas de sus viviendas, lo que —según su testimonio— contradice la versión del presunto responsable, quien ha negado la existencia de una operación de carácter industrial o comercial al interior del inmueble. 

En un escrito presentado por los habitantes ante la PAOT en diciembre de 2024, informaron que tras una primera intervención el propietario suspendió temporalmente las actividades y retiró parte del material; no obstante, señalaron que permanecía maquinaria en el sitio y que se registró el ingreso de nueva materia prima, lo que interpretaron como indicio de reanudación de los trabajos. 

En ese mismo documento solicitaron verificaciones periódicas para evitar la continuidad de la producción de artículos de madera, reiterando que dicha actividad se encuentra prohibida conforme al uso de suelo vigente. 

“El sello no se rompe si abren la puerta”

Sin embargo, la situación continuó, la empresa retomó operaciones y el punto crítico, de acuerdo con el habitante, ocurrió tras la colocación de sellos de suspensión por parte del Invea: “Los sellos están colocados de forma vertical, de manera que la operación puede continuar; el sello no se rompe si abren la puerta”.  

La familia afirmó contar con videos que registran actividad al interior del inmueble a pesar de la existencia de estos sellos. 

Mientras el procedimiento administrativo se mantiene abierto, Ochoa Paz describió afectaciones cotidianas vinculadas a la operación del lugar. Compartió que su hogar —donde habitan su esposa, dos menores de edad y un adulto mayor con Alzheimer— ha sido impactado por ruido en distintos momentos del día, acumulación de residuos de aserrín y la presencia de olores derivados del uso de materiales como esmaltes y solventes. 

Su esposa relató que la familia ha percibido efectos en la salud, incluyendo episodios alérgicos, y describió un entorno de incertidumbre por la presencia constante de trabajadores cuya identidad desconocen. También expresó preocupación por la posible disposición de residuos en la red de drenaje. 

Proceso consultó a la demarcación sobre el tema. En respuesta, el área de comunicación del alcalde aseguró que el 27 de abril último recibió a una comisión de vecinos en sus oficinas para dar seguimiento al caso, en una reunión encabezada por el Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Roberto Sánchez Lazo, donde se acusó de recibida la queja.  

Durante el encuentro, determinaron que el próximo martes se realizará una nueva reunión de seguimiento y que se solicitará la reimposición de sellos, esta vez bajo la modalidad de clausura en lugar de suspensión, además de la presentación de la denuncia correspondiente.