PACHUCA, Hgo. (apro).- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Octavio Castillo Acosta, acusó injerencia de “intereses externos” en el movimiento estudiantil que inició un paro con la demanda de que la entonces directora del Instituto de Artes (IDA), María Teresa Paulín Ríos, fuera destituida, pero que tras la jornada violenta el 19 de septiembre en el antiguo edificio de rectoría exigió la democratización de la casa de estudios y sanción para los agresores, entre ellos trabajadores de la institución y miembros del Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH) evidenciados en grabaciones.

En la sesión del Consejo Universitario en la que se dirimiría la destitución de José Esteban Rodríguez Dávila al frente del CEUEH, demanda del movimiento en paro que lo acusa de golpear compañeros y liderar el grupo de choque que reprimió la protesta en Edificio Central, los integrantes del órgano rector de la UAEH excusaron principio de no injerencia y acordaron emitir un “exhorto respetuoso” para que sean renovadas las estructuras del organismo, acusado también por los manifestantes de corrupción y uso indebido de recursos.

En el mismo recinto donde alumnos, padres y madres de familia, así como representantes de medios de comunicación fueron agredidos el 19 de septiembre por el grupo de choque que arribó después del portazo que dieron los manifestantes, los integrantes del Consejo Universitario llevaron a cabo la sesión, pero en el auditorio Baltazar Muñoz Lumbier. Aunque era uno de los acuerdos con el movimiento, no se le permitió el ingreso a ningún representante.

Ante miembros del CEUEH y autoridades de la Autónoma del Estado, Esteban Rodríguez fue vitoreado en cuatro ocasiones al exponer su defensa, en la que acusó a los opositores de ser quienes golpearon y sostener que “con armas que portaban”, buscaban hacer daño a Paulín Ríos y que él y su comitiva lo impidieron. El discurso se alinea al que fue el primer posicionamiento público de la universidad después de que se viralizaran imágenes de alumnos y familiares golpeados, más el uso de gases al interior y adultos golpeando hasta en proporción de cinco a uno a jóvenes.

“Ahora resulta que a quien quieren enjuiciar es a mí y ya no sólo exigen mi destitución, sino que se me expulse de la carrera, ese es el nivel de descaro que tienen estas personas”, indicó, en referencia a la demanda de que se inicie un proceso sancionador contra él, que es alumno de octavo semestre de Derecho, por muestra videográfica relacionada con su actuar aquel día en el inmueble.

Viven encerrados en una burbuja y en su afán de sostener su teatro han iniciado una campaña deshonrosa de calumnias, me han acusado de golpear estudiantes, de malversar recursos (…). Pero lo más delicado, dijo, “me han acusado de comprar narcóticos para drogar alumnas en mis fiestas”.

“Han intentado humillarme y le han faltado al respeto a las autoridades y a nuestros símbolos universitarios”, expuso también en una alusión al destrozo de la garza que se encuentra en la fuente principal del antiguo recinto de rectoría.

“Creen que por ser una figura pública, por tener un cargo de representación, tienen derecho a destruir su vida y te tienes que aguantar, pero yo no estoy de acuerdo. Se autoproclamaron y no representan ni de chiste a la mayoría de la comunidad (…) Quieren que les entreguemos en sus manitas el Consejo Estudiantil, para satisfacer los fines de sus manejadores”, insistió, al sugerir una responsabilidad detrás el movimiento, postura que sería secundada por el rector y otros asistentes a la sesión cerrada.

Desde la tribuna que le abrió la universidad al referir la necesidad de “garantía de audiencia al consejero”, pero con lo que denominó “neutralidad, objetividad y no injerencia”, el dirigente hizo un llamado a la comunidad: “No permitan que los convenzan de que hemos fallado en nuestra encomienda (…) lo que buscan los enemigos de nuestra universidad es verla caer”, para después exponer: “Me da gusto que no me quieran y, de ser posible, ojalá que me odien, porque estoy luchando del lado correcto”, lo cual propició una ovación de la mayoría presente, iniciada por el exsecretario general de la UAEH y ahora a cargo del Sindicato de Personal Académico de la institución (SPAUAEH), Saúl Agustín Sosa Castelán, integrante de la familia política que tiene el control de la casa de estudios desde finales de la década de 1970.

El Consejo Universitario aprobó que se comunique al CEUAEH acerca “de una petición” para que, en su autonomía, informe a la comunidad sobre los procesos de renovación de sus órganos y dirigencias, pero “en un respetuoso y fraternal exhorto”. También, solicitó a la responsable de la Defensoría Universitaria, Elsa Ángeles Vera, que “cumpla y concluya procedimiento para no prejuzgar a miembros de la comunidad universitaria”.

En la arenga, Esteban Rodríguez retomó la narrativa inicial de la universidad, en ese entonces en voz del rector, respecto a lo sucedido el 19 de septiembre: dijo que María Teresa Paulín estaba acorralada por un grupo armado, “temiendo de su vida”. En su primera alusión a los hechos, el día 20 del mes pasado, Castillo Acosta aseveró que intentaban secuestrarla, mientras que el presidente del CEUEH sugirió que se trataba de un intento de homicidio.

“Un líder no aplaude las acciones de sus representados para complacerlo, sino que tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal”, dijo sobre sí mismo, además de acusar: “este grupo radical ha incurrido en múltiples delitos”, entre los que enlistó “acopio de armas, lesiones, tentativa de homicidio, ataque a las vías de comunicación, daño a patrimonio institucional de la UAEH, entre otros.

Asimismo, sostuvo que el derecho de paro en el que sustentan la manifestación los integrantes del movimiento, “no existe, no está contemplada en la legislación del país”; al contrario, desde su perspectiva, lo que han hecho es despojo, que, acotó, se sanciona con 12 años de prisión, según el artículo 218, fracción primera del Código Penal de Hidalgo.

De igual forma, defendió “legitimidad de permanecer en el cargo”, que debía concluir en 2021, por validación de los miembros de sociedad de alumnos, quienes, añadió, determinaron que su periodo se extendiera debido a que, al estar en pandemia, no había condiciones para llamar a una elección.

“Renuncio a mi cargo si los que participaron el 19 de septiembre y los ‘voceros’ aceptan las faltas y las sanciones académicas correspondientes, incluida la baja académica de esta institución”, planteó, con una atribución a la responsabilidad plena de la contraparte; luego, planteó que como acto antes de dejar el CEUEH llamaría a elecciones con voto universal, sin fecha para ello, pues, argumentó, la situación actual no permite determinarlo, “pues en este momento ni siquiera están operando todos los institutos, por el paro (…) No puedo darles una fecha, porque no sé cuándo se van a levantar sus paros”.

Durante el posicionamiento, la UAEH reprodujo fragmentos de video editados que hacían correlación con el discurso de Esteban: la contraparte como agresora.

Aunque las intervenciones fueron de validación a Rodríguez Dávila, en un recinto controlado, con acceso restringido, hubo dos posicionamientos críticos.

El doctor Miguel Ángel Ledesma Campos, de Artes Visuales, consideró que “el discurso de Esteban carece de objetividad”, al mencionar que él laboraba el 19 de septiembre en el inmueble ubicado en Abasolo y presenció los sucesos.

“Nosotros vimos otra cosa, no lo voy a repetir, pero creo que hubo una provocación (de quienes dieron portazo), pero a esa provocación se respondió con violencia”. Sostuvo observó a “demás colegas, que me da mucha tristeza, golpeando también a alumnos”.

“No estoy de acuerdo en algunos puntos por este coraje que se nota en el discurso; no podemos caer en ello”, expuso, al solicitar que se busque realmente una resolución pronta.

La otra mención no afín fue de Aline Martínez Ruano, presidenta estudiantil del Instituto de Artes, donde inició el primer paro, el 28 de agosto, en protesta por la designación tres días antes de María Teresa Paulín como directora, a quien acusaban de hostigamiento, acoso y otras formas de violencia, además de protección a supuestos violentadores. La también actriz renunció el 25 de septiembre, cuando al movimiento se habían unido cinco centros académicos tras el episodio represivo en Edificio Central.  

“Nosotros llevamos más de 40 días internando en el Instituto de Artes, viviendo, más o menos comiendo, no saben la fuerza que tuve que tomar para estar aquí, yo creo que si realmente quisiéramos llevar esta paz, las acciones son las primeras que hablan (…) Si vamos a dar la paz, esos discursos de odio, no van”, reclamó por las alusiones en voz de Rodríguez Dávila.

Entre los comentarios a favor estuvieron los de líderes de Sociedades de Alumnos y académicos, entre ellos el doctor Roberto Morales Estrella, profesor investigador del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA), quien externó una idea que sería secundada por más integrantes: “intereses oscuros” en el movimiento.

“El pretexto es a veces el más mínimo, el movimiento del 68 surgió por un pleito entre jóvenes por una novia”, aseveró, al tiempo de añadir que “detener la violencia y defender los derechos humanos es parte de la conciencia humana”.