CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Doce organizaciones civiles de México y Estados Unidos urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazar la reanudación del programa “Quédate en México”, por considerar que viola la Constitución Mexicana y el derecho internacional en materia de asilo.

A través de un amicus curiae enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizaciones civiles dedicadas a la defensar de derechos humanos resaltaron que desde que se puso en marcha el también conocido Migrant Protection Proocols (MPP), en enero de 2019 a enero de 2021, “fueron regresadas a México más de 70 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos de lado mexicano”.

Las organizaciones detallaron que esa población migrante fue expuesta a “condiciones precarias de estancia” en materia de salud, educación, trabajo y vivienda, sin contar con que fueron víctimas de “extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y diversas autoridades”.

El pronunciamiento de las organizaciones que promueven el amicus curiae citan en su escrito el informe de la organización Human Rights Firgs (HRF), que en diciembre de 2020 pudo documentar mil 314 ataques contra personas que se encontraban en la frontera norte bajo el programa “Quédate en México”.

El amicus curiae pretende fortalecer el amparo 302/2020 encaminado a “frenar la participación del Estado mexicano en el protocolo “Quédate en México”, mismo que fue presentado desde 2020 y que se encuentra en proceso de revisión.

Las organizaciones que firmaron el amicus curiae recordaron que hace dos meses la Corte de Texas ordenó al gobierno del presidente estadunidense Joe Biden reinstalar el MPP, advirtiendo que “sin la participación del Estado mexicano el protocolo no podrá restaurarse”.

De acuerdo a Alexandra Hass, directora de Oxfam México, una de las organizaciones firmantes si México aceptar continuar con el MPP “estaría violando, de nueva cuenta, estándares internacionales de derechos humanos que forman parte del orden jurídico nacional”.

Explicó que el documento presentado a la SCJN “documenta las graves violaciones a derechos de las personas con necesidades de protección y sus consecuencias”, por lo que la defensora llamó a los ministros a “terminar con esta política inhumana”.

Recordaron que las personas que han sido enviadas de Estados Unidos a México “no han podido acceder a la justicia y existieron irregularidades, como el traslado por la fuerza de solicitantes de asilo a la frontera sur de México e incluso deportaciones irregulares a Guatemala”.

Las organizaciones que firmaron el amicus curiae son Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), Human Rights Initiative of North Texas (HRI), International Refugee Assistance Protect (IRAP), Latina America Working Group (LAWG), Mississippi Center of Justice, Oasis Legal Services, Oxfam America, Oxfam México, Prefuge Ponint, Tahirh Justice Center y Witness at the Border, así como las profesoras Denise Gilman y Sarah Paoletti, de las clínicas de derechos humanos para migrantes de las universidades de Texas y Penssylvania.