En un periodo de incertidumbre global, hay una verdad difícil de ignorar: estamos transitando de un “antes” hacia un “después” en materia de multilateralismo, cooperación internacional y acción humanitaria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, lo expresó con claridad hace unos días: “Los brutales recortes de fondos al sector humanitario están poniendo en riesgo millones de vidas. No se trata sólo de una escasez de fondos: es una crisis de responsabilidad”.

Ese “después” se perfila dramáticamente insuficiente para responder a las crecientes necesidades de las personas más vulnerables, entre ellas quienes se han visto obligadas a huir de sus hogares. En el mundo, más de 130 millones de personas se encuentran desplazadas por la violencia. Muchas han cruzado fronteras en busca de protección; otras permanecen dentro de sus países. Si todas ellas formaran una nación, sería el décimo país más poblado del mundo, con una población similar a la de México. Sus culturas, idiomas y diversas experiencias convergen en una realidad: fueron forzadas a abandonar sus hogares para salvar sus vidas.

Más de 100 mil personas solicitaron asilo en Mexico cada año entre 2020 y 2023, y cerca de 80 mil lo hicieron en 2024. La mayoría provienen de Honduras, Haití, Venezuela, Cuba, Salvador, Guatemala y Colombia. Más de 50% de las personas extranjeras que hemos entrevistado en ACNUR, han afirmado que dejaron sus países de origen a causa de violencia y persecución. 60% nos ha dicho que su vida estaría en peligro si se viera forzada a volver a su país. Además, 70% de las mujeres y adolescentes han sufrido violencias en los países de origen y tránsito.

Mexico ha demostrado tener el potencial para ofrecer una segunda oportunidad para quienes necesitan reconstruir su vida. Las historias de éxito hablan por sí mismas. Un ejemplo es una joven refugiada venezolana que recientemente escribió un mensaje directo en nuestras redes sociales: “Después de siete años en México, me gradué de la universidad con mención honorífica al obtener el promedio más alto de mi generación en Ciencias de la Salud. Escribo para darles las gracias por el apoyo de su organización, de este maravilloso país que nos acogió y su maravillosa gente. Gracias por todo y demostrar que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr”.

Los testimonios positivos no provienen sólo de las personas refugiadas. Representantes de diversos sectores, como la iniciativa privada, también destacan los beneficios de la integración de las personas refugiadas. Una empresa en San Luis Potosí nos informó que la baja rotación del personal refugiado generó un ahorro de decenas de millones de pesos, además de un impacto positivo en el ambiente laboral. Más de 650 empresas participan actualmente en el Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR. No las he visitado todas, pero he ido a muchas personalmente y todas comparten experiencias similares.

Más de 50 mil personas refugiadas se han incorporado al mercado laboral formal en México. Su contribución se traduce en más de 15 millones de dólares anuales en impuestos. Pero el impacto va mucho más allá de lo económico: 94% de las personas refugiadas en edad de trabajar consigue un empleo formal; 88% de las niñas, niños y adolescentes se matricula en la escuela y 60% de las familias en situación de pobreza supera esa condición en un año de estar en el programa.

Podría compartir cientos de historias de integración exitosas a lo largo del país. Sin embargo, para que México continúe siendo un referente en materia de protección e integración, no sólo en la región sino a nivel global, se requiere mantener y fortalecer las condiciones que las hacen posible. Es esencial contar con una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con recursos suficientes para atender y procesar solicitudes de asilo en distintos puntos del país; garantizar que las personas solicitantes de asilo reciban documentación migratoria y asegurar el acceso a cuentas bancarias, entre otros desafíos. Para lograrlo, se necesitan políticas públicas adecuadas, financiamiento sostenido y una narrativa basada en hechos, no en prejuicios. Una narrativa que no excluya sino evidencie la tradición mexicana de proteger a quien huye, de brindarles oportunidades y reconocer sus derechos que resultan en un enriquecimiento también del país y su sociedad.

En septiembre cumpliré 27 años de servicio en Naciones Unidas. He tenido el privilegio de trabajar y vivir en nueve países en África, Europa, Norte y Sudamérica. Sin duda, una de las mayores satisfacciones de estas casi tres décadas ha sido sentarme en la sala de una familia refugiada en México y escuchar, al preguntar qué necesitan, que no les hace falta nada: tienen trabajo, sus hijas e hijos estudian y, sobre todo, se sienten bienvenidos, parte de la comunidad. Cada año, centenas de personas refugiadas se naturalizan como ciudadanas mexicanas. Ése es el verdadero reflejo de integración.

Deseo, de corazón, que en ese “después” que ya se vislumbra, estas historias sigan siendo posibles. Que México continúe siendo un nuevo hogar para las personas obligadas a huir. Resolver las causas del desplazamiento forzado puede tomar años, incluso generaciones. Mientras tanto, es urgente seguir ofreciendo protección y soluciones para las personas forzadas a huir. Vivimos un momento histórico en el que la empatía y la solidaridad se necesitan más que nunca y deben ser el motor de nuestras decisiones.

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*Representante en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)