CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos 15 años, el gobierno federal adjudicó más de 10 mil millones de pesos en contratos al conglomerado farmacéutico de Miguel Antonio Granados Cervera, un empresario sin cédula profesional, pero con influencia suficiente para sortear una declaratoria de insolvencia, vender vacunas rusas, entregar pruebas defectuosas al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y mantener un historial de más de 400 litigios sin perder acceso a las contrataciones públicas. 

Granados Cervera es hijo de Miguel Alberto Granados Mora, exfuncionario federal de la vieja guardia con cargos en dependencias como Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), Fonacot (Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores), la Secretaría de Hacienda y el IMSS. Aparece como accionista a por lo menos 16 razones sociales, entre ellas la farmacéutica Landsteiner Scientific, su principal vehículo para obtener contratos del sector salud. 

De acuerdo con datos de Compras MX, de 2010 a la fecha, Landsteiner Scientific y Landsteiner Pharma han recibido 432 contratos públicos por un total de 10 mil 431 millones de pesos, principalmente para la adquisición de medicamentos, material de curación y pruebas de diagnóstico. 

Pero 2025 ha sido el año de real bonanza, pues de enero a la fecha, ha acumulado 80 contratos por un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos, pese a que recientemente enfrentó un procedimiento de concurso mercantil. 

Entre las instituciones que le adjudicaron contratos destaca Petróleos Mexicanos, que en marzo formalizó un acuerdo por 58 millones de pesos con vigencia hasta diciembre de 2026. La contratación, realizada mediante licitación pública, corresponde a una compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico. 

Del colapso financiero a los contratos federales 

A inicios de 2022, Landsteiner Scientific fue declarada en concurso mercantil tras una demanda interpuesta por Grupo Zamberk, dedicada a la impresión. La farmacéutica enfrentaba deudas por más de 2 mil 800 millones de pesos a acreedores, incluyendo a instituciones como Bancomext, BBVA, Invex y Banorte. 

El proceso terminó en 2023, luego de que un juez federal aprobara un convenio de reestructura en el que se ofreció pagar el 100 por ciento de la deuda en 19 años con interés anual de 1 por ciento, o aplicar una quita del 80 por ciento con pagos diferidos. La mayoría de los acreedores eligió la espera. 

La resolución permitió a Landsteiner mantener su operación y continuar como proveedor del Estado, a pesar de su precaria situación financiera y su extenso historial legal. 

El negocio de la pandemia 

Durante la pandemia, en 2020, Landsteiner anunció la compra de 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Aseguró tener un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, condicionado a la aprobación de la Cofepris. Sin embargo, no hay registros oficiales que confirmen que dicho acuerdo se haya concretado. 

De manera paralela, la farmacéutica suministró pruebas rápidas defectuosas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que arrojaban falsos positivos de covid-19. Por el lote de más de 2.5 millones de pruebas, el organismo le pagó 230 millones de pesos a través de un contrato adjudicado de manera directa. Las fallas no ameritaron sanción alguna por parte de la autoridad y la empresa continuó recibiendo contratos del sector público. 

La compañía pasó de presumir su acuerdo para envasar la vacuna Sputnik V a la insolvencia por el incumplimiento generalizado de pagos a sus proveedores y acreedores.  

Imperio farmacéutico 

Miguel Antonio Granados Cervera no cuenta con cédula profesional, pero figura como inventor en al menos cinco solicitudes de patente ingresadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se trata de desarrollos relacionados con composiciones a base de cannabinoides, sustratos orgánicos y hongos con posibles aplicaciones farmacéuticas, cosméticas o alimenticias. 

Según datos del Registro Público del Comercio, ha conformado una red empresarial de al menos 16 compañías activas y dos disueltas. Entre ellas destacan Grupo Landsteiner Scientific, Landsteiner Pharma, Landsteiner Cannabis Health, Grupo Diabeclinics y Grupo Cannwell. 

En varias de estas empresas aparecen como accionistas Banco INVEX y CIBanco, este último registrado actualmente como único accionista activo de Landsteiner Pharma, de acuerdo con información mercantil. Su participación podría estar relacionada con un mecanismo para garantizar el cumplimiento de obligaciones con acreedores, tras el concurso mercantil. 

Además de su cartera de contratos, las compañías del grupo acumulan más de 400 procedimientos judiciales solo en la Ciudad de México, entre ellos amparos, revisiones fiscales, reclamaciones y juicios administrativos. Uno de los casos más recientes involucra a la paraestatal Birmex  (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México), a la que según el expediente 879/2025 se le reclama el “silencio administrativo”. 

Este amparo habría sido presentado por Landsteiner Scientific un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara durante una de sus conferencias en Palacio Nacional, que al menos cinco funcionarios de Birmex fueron cesados de su cargo, incluido el director general del organismo, Iván Olmos, tras hallarse irregularidades en la adquisición de medicamentos. 

“Cambiamos a los servidores públicos de Birmex porque, mientras se hace la investigación, no pueden seguir allí. Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo”, detalló la mandataria el pasado 10 de abril. 

Sin embargo, a Landsteiner no se le tocó, solo aumentaron sus contratos.