CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante los últimos 21 años el Gobierno de la Ciudad de México mantiene vivo un litigio en el que ya fue condenado a pagar más de nueve millones y medio de pesos a un empleado que fue despedido en 2004, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como gobernante de la capital del país, cantidad que día con día incrementa.

El caso está en etapa de ejecución, pero el incumplimiento de las autoridades de la CDMX pone en juego la continuidad del director general de Servicios Legales local, José Juan Torres Tlahuizo, quien fue designado a inicios de este año en dicho cargo por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica de la administración de Clara Brugada.

Lo anterior, debido a que desde marzo último la Secretaría de Salud capitalina, dependencia para la cual trabajaba Fernando González Ramos, quien demandó al gobierno de la CDMX, solicitó a Torres Tlahuizo autorizar el pago de nueve millones 765 mil 156.40 pesos en favor del extrabajador por concepto de salarios caídos desde 2004 a la fecha.

Hasta ahora, Torres Tlahuizo no ha dado el visto bueno para que la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano realice el pago, por lo que la cantidad requerida desde marzo ha ido incrementando por cada día que González Ramos no recibe el dinero y no se le reinstala en el cargo que tenía en la Secretaría de Salud de la CDMX, como ya fue ordenado por autoridades federales en materia del trabajo.

Torres Tlahuizo explicó que desde el 3 de junio solicitó a la Secretaría de Salud diversos documentos y que la dependencia no los ha enviado, además de que mientras el doctor Fernando González no sea reinstalado, los recursos no podrán ser liberados porque continúa corriendo el tiempo y la cantidad de salarios caídos incrementa cada día.

Despido y golpe a la salud

En 2001 el médico Fernando González Ramos fue contratado por la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal para trabajar en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, dependiente de la Dirección General de Urgencias y Medicina Legal.

Allí trabajó durante tres años todos los fines de semana hasta que en mayo de 2004 fue separado del cargo de manera injustificada alegando que, al ser trabajador de confianza el gobierno del DF, entonces encabezado por López Obrador, podía rescindir su contrato en cualquier momento.

Sin embargo, González Ramos afirma que sus funciones no eran de un trabajador de confianza, pues cuando un paramédico atendía una urgencia ocurrida en la vía pública y debe buscar un hospital donde puedan recibir al paciente, el Centro Regulador realiza una búsqueda rápida para indicarle a qué hospital pueden atenderle.

“Yo tenía gente a mi cargo, daba indicaciones, a veces iba yo personalmente a los hospitales para cerciorarme de que, efectivamente, no existan los recursos cuando nos negaban la atención, porque había hospitales que llegaban a mentir para no dar el servicio”, relata.

Por ello, decidió demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) a la Secretaría de Salud y exigió ser reinstalado, así como el pago de sus salarios caídos.

“Ha sido realmente un calvario, mil vueltas a conciliación y arbitraje, nuevas citas, venga tal día, venga otro día, todo esto la verdad me ha afectado mucho por estar pidiendo permisos en mi trabajo actual pues los desplazamientos son muy largos, costosos y, de alguna manera, se ha afectado mi patrimonio, sobre todo. Los primeros años en los que no lograba conseguir trabajo tuve que solicitar préstamos”, expone en entrevista para Proceso.

Fernando González recordó que la cantidad máxima que llegó a pedir en un préstamo fue de 100 mil pesos con intereses, pues durante dos años no logró encontrar un nuevo empleo.

Luego de siete años de litigio, el TFCA falló en su favor y determinó que sus funciones no eran las de un trabajador de confianza, por lo que ordenó reinstalarlo en la misma dependencia y con el mismo cargo que ocupaba o uno similar, así como pagarle los salarios que dejó de recibir desde el año 2004 y hasta que la Secretaría de Salud de la CDMX cumpliera con el laudo.

“Es una decepción gigantesca cómo se administra la Ciudad de México y, al parecer, nada más es un visto bueno lo que hace falta por parte de la Consejería de la Ciudad de México para que ya pueda resolverse este tema. 

“De hecho, no entiendo por qué no se hizo desde un principio. O sea, le hubiera costado mucho menos a la Secretaría de Salud y a mí también me hubiera costado mucho menos dolores de cabeza, desveladas, emocionalmente; me dio insomnio, me dio gastritis. No es nada fácil que te corran de manera injustificada y pues ahora a ver cómo le haces con tus deudas, con lo que tenías planeado”.

Marcos Chávez Orozco, abogado de González Ramos y especialista en Derecho Laboral, explicó que la administración de justicia para los trabajadores gubernamentales, tanto federal como local, es extraordinariamente lenta, pero que este caso en particular ha superado por mucho el tiempo que regularmente demora un juicio.

“La separación del doctor ocurrió en mayo de 2004, estamos en julio de 2025 y todavía no se da cumplimiento a la resolución que se dictó. Esto quiere decir que llevamos 21 años en este procedimiento. Sí tenemos juicios largos, pero este ha roto todos los récords”, comenta.

El abogado lamentó que, una vez emitido un laudo, la etapa de ejecución del mismo es mucho más tardada incluso que el juicio mismo, pues en el caso de González Ramos la deuda de la Secretaría de Salud de la CDMX es de 21 años de salarios caídos.

“Esto viene siendo una bola de nieve económica financiera para la institución en donde está obligada a pagar sueldos caídos por cada día que transcurra sin cumplir la obligación de la reinstalación del doctor”, agregó Chávez.

El laudo en favor de González Ramos ya fue confirmado tanto en juicio de amparo como en recurso de revisión y, pese a ello, el médico tuvo que tramitar otro juicio de amparo, esta vez contra la omisión del TFCA de obligar al gobierno de la Ciudad a pagarle lo que le debe y reinstalarlo en su cargo.

“Hay dos autoridades vinculadas al cumplimiento –explica el abogado–, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica a través de la Dirección General de Servicios Legales, pues están obligados a instrumentar todo el trámite burocrático.

Desde hace tres años promovimos un juicio de amparo indirecto que le correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en materia del Trabajo aquí en la Ciudad de México, doliéndonos de que en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia laboral que conoció y que dictó el laudo en favor del doctor, no estaba cumpliendo los diversos requerimientos, y cuando hacían requerimientos, la Secretaría de Salud incumplía bajo el argumento de que está en los trámites y que no ha obtenido el visto bueno de la Consejería Jurídica.

Ante el juez Tercero de Distrito, la Consejería Jurídica afirma que no se ha autorizado el pago porque faltan copias, o falta una constancia, o requiere la sentencia de amparo directo en revisión que dejó firme el laudo emitido hace siete años, entre otros documentos. 

“Son temas lamentablemente burocráticos, administrativos, me parece que hay una tendencia de no pagar laudos que no importa si tienen 20 años, no importa si han generado un menoscabo patrimonial. La razón me parece más bien que es una indolencia, es una actitud de no tener respeto por el sistema legal mexicano donde están obligados por ley a cumplir los laudos que dicta el tribunal”, dice Chávez.

El abogado explica que en la CDMX hay muchas dependencias que dejan correr el tiempo sin pagar los laudos hasta que el extrabajador afectado les hace una “quita” o un descuento de entre 15 y 20% de la condena total para ahorrar y otorgar el visto bueno al pago.

Esto no es algo que se haya suprimido ya, y aunque ignoro si es una tendencia de la Secretaría de Salud, mi percepción es que depende directamente de la Consejería Jurídica.

Por ello, el abogado refiere que procesalmente Fernando González ya puede solicitar al juez de amparo iniciar el proceso de desacato a un mandato judicial contra el titular de la Dirección General de Servicios Legales, José Juan Torres Tlahuizo, quien de determinarse que ha sido omiso podría llegar a ser destituido y consignado ante el Ministerio Público.

“El juez de Distrito apercibió a la Consejería Jurídica a la Dirección de Servicios Legales de que si no otorgaba el visto bueno y la orden para que se le pagara al doctor, el expediente sería turnado al Tribunal Colegiado para que calificara el desacato a la sentencia del juez de Distrito en materia de Trabajo por su incumplimiento reiterado.

“Aquí el problema es que, me parece, que al juez también le tiembla la mano y a pesar de que ha habido incumplimiento por parte de estas autoridades, no ha enviado el expediente y sigue concediéndoles prórrogas, tras prórrogas a un grado tal que esta sentencia que dictó el juez de Distrito tiene dos años”, afirmó Marcos Chávez.