CIUDAD DE MÉXICO (apro).—  En el Estado de México, el delito de despojo de inmuebles ahora se castiga con penas que pueden alcanzar hasta 25 años y seis meses de prisión. Las reformas al Código Penal estatal, que entraron en vigor el 16 de julio de 2025, establecen un marco legal más estricto para quienes ocupen ilegalmente una propiedad, así como para los autores intelectuales y funcionarios públicos que participen en estos actos. La nueva legislación clasifica el despojo como un delito grave, lo que impide que los acusados puedan seguir su proceso en libertad bajo fianza, obligándolos a permanecer en prisión preventiva.

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La sanción base para quien cometa el delito de despojo se fijó en un rango de cinco a diez años de cárcel y multas de 700 a mil días. Sin embargo, la pena se incrementa de manera considerable cuando existen circunstancias agravantes. La participación de servidores públicos, notarios, o la autoría intelectual del delito son algunas de las condiciones que elevan la sentencia a un periodo de 10 a 17 años de prisión.

Protección a Grupos Vulnerables y Sanciones a Funcionarios

Las modificaciones a la ley ponen un énfasis particular en la protección de personas en situación de vulnerabilidad. La pena por despojo puede aumentar hasta en una mitad adicional si la víctima es una persona mayor de 60 años, menor de 18, mujer embarazada, persona con discapacidad o miembro de alguna comunidad indígena. Esta misma agravante se aplica si el delito se comete con violencia, mediante el engaño, el abuso de confianza o aprovechando la ausencia del propietario.

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La reforma también contempla sanciones para los servidores públicos o notarios que faciliten o participen en el despojo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado sobre la investigación de tres notarios públicos y cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) por su presunta implicación en estos delitos.

Castigo por Despojo de Agua y Áreas Protegidas

La nueva legislación no se limita a viviendas y terrenos, sino que también sanciona el despojo de recursos hídricos. Quienes desvíen o hagan uso de aguas sin tener derecho a ello enfrentarán penas de cinco a diez años de prisión. Además, si la invasión ocurre en un predio decretado como área natural protegida o zona de conservación ambiental, el castigo será de siete a doce años de cárcel.

Estas medidas responden al incremento de casos de despojo en la entidad. Según datos de la FGJEM, a través de la "Operación Restitución" se han logrado asegurar 546 inmuebles vinculados a este delito, de los cuales 140 ya fueron devueltos a sus legítimos dueños. La publicación de las reformas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, firmada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, oficializó el endurecimiento de estas sanciones.