El gobierno “simula” cumplir el compromiso de verdad, justicia y reparación que el presidente López Obrador asumió con las víctimas de la Guerra Sucia, sostienen Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus, expertos independientes que el lunes 8 renunciaron al Comité de Impulso a la Justicia. En entrevista detallan los obstáculos que enfrentaron para cumplir su labor: la falta de colaboración de la FGR y la ausencia de recursos para elaborar un diagnóstico del estado que guardan cientos de averiguaciones previas activas sobre ese periodo oscuro de la historia del país.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A 16 meses de concluir el mandato de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia para graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo conocido como la “guerra sucia” (CoVEH), se vislumbra el incumplimiento del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar verdad, justicia y reparación, como las víctimas y familiares lo han exigido desde hace más de 50 años.

La renuncia de dos de tres expertos independientes que forman el Comité de Impulso a la Justica (CIJ), Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus, presentada el lunes 8 a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la CoVEH, alerta sobre la “simulación” de la actual administración para dar respuesta al compromiso presidencial, consideran ambos investigadores en entrevista con Proceso.

Los obstáculos de acceso a la justicia a través de la CoVEH por la falta de colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) y la carencia de recursos para el CIJ, fue narrada a este semanario en febrero pasado por familiares de víctimas y un integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH). (Proceso 2417)

En entrevista conjunta, Pérez Vázquez y Sánchez Matus narraron sus vicisitudes durante casi año y medio en que estuvieron trabajando para la CIJ, “sin recibir un centavo de la Secretaría de Gobernación”, dependencia que fue la que los buscó para formar parte de la CoVEH en diciembre de 2021.

Con el mandato de elaborar un diagnóstico sobre el estado que guardan 251 averiguaciones previas activas de la “guerra sucia” que tiene bajo su resguardo la Coordinación General de Investigación (CGI) de la FGR y las 98 averiguaciones previas que la FGR remitió por incompetencia a 18 estados, los expertos resaltan que, pese a que desde el principio de su nombramiento solicitaron al subsecretario Encinas formalizar acuerdos con la FGR y con las fiscalías estatales para  tener acceso a los expedientes, nunca se les dio respuesta.

Pese a las dificultades, los investigadores reunieron información abierta que les compartían familiares y víctimas, así como del archivo muerto de la PGR, entre otros elementos, pero sin que ello implicara contar con los elementos para cumplir con el encargo.

Salida a tiempo

“Precisamente por eso renunciamos, porque no queremos participar de una simulación, y como estaba viendo las cosas hacia allá íbamos”, sostiene Pérez Vázquez.

Sánchez Matus apunta que sin las condiciones mínimas para realizar su trabajo, “si dejábamos pasar más tiempo, al final teníamos que sacar algo sí o sí, que no iba a cumplir con la expectativa de las víctimas, algo mal hecho, y por eso es mejor salir en este momento y evitar ser parte de una simulación, nosotros no estamos dispuestos a eso”.

Pérez Vázquez y Sánchez Matus cuentan que en principio propusieron a la CoVEH establecer un esquema como el que tiene el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que les diera personalidad jurídica para acceder a los expedientes que tiene la CGI y las fiscalías, así como equiparar sus ingresos a los de la otra integrante del CIJ, Ángela Buitrago, quien radica en Colombia y “ha percibido un ingreso constante por varios años del Estado mexicano”, por su contribución en el GIEI, y que según les señaló el secretario ejecutivo de la CoVEH, Félix Santana Ángeles, percibía un solo salario “en un 2x1”, por realizar ambos trabajos.

Al insistir que se les ofreció menos que eso y que ellos aceptaron, recuerdan que nunca recibieron un centavo de la Segob, y en cambio reconocen la disponibilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, durante el segundo semestre de 2022, los contrató como parte de su nómina a los especialistas y a dos colaboradores, a partir de una de al menos tres propuestas que los mismos abogados presentaron a Santana Ángeles.

En un comunicado dirigido a las víctimas y sus familiares el 9 de mayo, el funcionario señala que la CNDH desembolsó un millón 874 mil 873 pesos, monto al que habría que restarle 30% de retención por impuestos y dividirse entre cuatro personas, en pagos realizados para seis meses.

De hecho, la versión oficial de las renuncias pretende reducir el tema a las pretensiones salariales de los investigadores; transmite el compromiso de Ángela Buitrago de entregar en los próximos días el diagnóstico de las 251 averiguaciones previas y el diseño de una estrategia para la reactivación de las investigaciones; convoca a los colectivos y familiares a nombrar al CIJ como coadyuvante en las averiguaciones para tener acceso a ellas; se continuará trabajando con información del Archivo General de la Nación, de la plataforma Ángelus, que son expedientes recuperados de la extinta PGR, y se buscará consolidar acuerdos con las 32 fiscalías estatales.

“Esta administración le ha apostado a dos comisiones de la verdad, la de Ayotzinapa y a la de la ‘guerra sucia’, y ellos fueron quienes fijaron los parámetros para retribuir a los expertos del primer caso, no puede haber víctimas de primera y de segunda, mucho menos cuando nosotros estábamos dedicados al 100%, sin tener asignada una oficina o un espacio donde trabajar”, dice Sánchez Matus.

Al señalar que el gobierno de López Obrador no sólo no ha destinado recursos al CIJ, sino que “no hay un peso para reparaciones consideradas en el presupuesto de este año” para víctimas, Sánchez Matus puntualiza que esa situación va en contra de las afirmaciones del presidente de que “para las víctimas no hay límite en los recursos”.

En un gobierno donde “hay un fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas”, para Pérez Vázquez resulta “frustrante” que esa consolidación “no ha ido acompañada de un proceso de contrición de las propias Fuerzas Armadas en relación con su papel en el pasado, y resulta bastante paradójico que los recursos y los apoyos a las Fuerzas Armadas hayan crecido de manera exponencial en los últimos años, y el apoyo y respaldo a las víctimas causadas por los propios militares no haya recibido el mismo impulso, ahí podemos ver que las prioridades del gobierno federal no están en  impulsar la justicia, sino fortalecer a las Fuerzas Armadas y la operación criticable de la FGR”.

Herida abierta

Carlos Pérez Vázquez lamenta que la CoVEH no esté a la altura de las expectativas de las víctimas y las suyas propias, porque consideraba que ese instrumento era la “oportunidad de enmendar la deuda de las Fuerzas Armadas con la sociedad por la vía institucional, por la vía legal, a través de juicios y sentencias, aclarando las cosas como todo país civilizado que quiera restañar sus heridas que quiera conciliarse, pero en este momento no está sucediendo”.

A menos de año medio para que concluyan los trabajos de la CoVEH, Fabián Sánchez Matus concluye que ante la “ineptitud e inoperancia” de los funcionarios encargados del organismo, todo apunta a que “la herida abierta de la que tanto habla el subsecretario Encinas, seguirá abierta, y hablaremos de otro intento fallido de garantizar el acceso a la justica para las víctimas y sus familiares, quienes sabemos mantendrán el tema vivo porque no se detendrán en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2428 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.