Ciudad de México (apro).-- Colaboradores de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, es decir,  durante el periodo de la llamada “guerra sucia”, renunciaron ante la falta de condiciones materiales y de trabajo para el funcionamiento del Comité de Impulso a la Justicia (CIJ).

En una carta fechada este lunes 8 y dirigida a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de esa comisión conocida como CoVEH, los expertos Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus denunciaron la falta de presupuesto para la operación del mecanismo de acceso a la justicia a pesar de que al momento de su instalación, el 10 de diciembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a sobrevivientes y víctimas que contaría con “recursos, sin límites”.

En la misiva Pérez Vázquez y Sánchez Matus describen minuciosamente las dificultades para operar de la CIJ, y alertaron que para septiembre de 2024, que es el plazo de existencia de la CoVEH, “no es posible cumplir a plenitud las expectativas de justicia de los sobrevivientes y familiares”, quienes “no se detendrán en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación”.

Al recordar que el 12 de enero de 2022 fueron integrados a la CoVEH “como especialistas independientes integrantes del CIJ”, señalaron que decidieron colaborar pese a que después de su nombramiento el secretario de la CoVEH, Félix Santana, les informó que ante la falta de recursos financieros programados para 2022, “se explorarían alternativas con otras dependencias del gobierno federal”.

Los expertos relataron en dicha carta que a propuesta suya contaron con recursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de julio a diciembre de 2022, para garantizar su trabajo y de dos asistentes más “con el objeto de permitir a la CoVEH organizarse para contar con los recursos presupuestales suficientes para hacer frente a esta necesidad durante 2023 y, eventualmente, en el 2024”.

Tras señalar que, pese a la disposición de la CNDH en colaborar, hubo trabas burocráticas y la negativa a reintegrar el pago retroactivo al trabajo realizado durante el primer semestre de 2022. Los expertos acusaron que Santana “no previó la presupuestación de la Comisión para 2023 los recursos económicos para el desarrollo del mandato del CIJ”.

Sin financiamiento y sin respuesta de autoridades, Pérez Vázquez y Sánchez Matus anunciaron la suspensión de su trabajo mientras no se les garantizara condiciones para ejercer su mandato, por lo que el 16 de febrero, mediante una carta enviada a Encinas, y acompañada por los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, se le solicitó una reunión al subsecretario sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.

“La falta de una respuesta efectiva y oportuna a la situación, evidentemente, no sólo ha paralizado las actividades del CIJ, sino que ha obstaculizado la interacción entre éste con el resto de los mecanismos que integran la Comisión, lo cual ha impactado de manera negativa en los resultados de ésta frente a las víctimas sobrevivientes y los colectivos de familiares”, resaltaron.

En la misiva lamentaron que pese a los compromisos de López Obrador y del mismo Alejandro Encinas en sus discursos de instalación de la CoVEH de garantizar el acceso a la justicia, “no se ha hecho efectivo, debido, primordialmente, a la inexistencia de un acuerdo entre la CoVEH y la Fiscalía General de la República, que formalice el trabajo del CIJ ante la Coordinación de Investigación de la FGR, instancia a cargo, en la actualidad, del mayor número de investigaciones por graves violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990”, situación que tendría que ser replicada con fiscalías locales, y que fue expuesta por los firmantes al subsecretario días después de que fueron nombrados como parte del CIJ.

Para los expertos zanjar ese obstáculo es fundamental, pues “la falta de un acuerdo formal con la FGR y las fiscalías locales seguirían obstaculizando la labor del CIJ, teniendo en consecuencia una afectación mayor a la registrada en el funcionamiento integral de la Comisión y, consecuentemente, en la ejecución, en tiempo y forma, del mandato de ésta conforme al decreto que la creó”.

Tras manifestar a las víctimas su “apoyo, simpatía y respaldo”, Pérez Vázquez y Sánchez Matus comunicaron a Encinas que el pasado 3 de mayo informaron a los colectivos de víctimas sobrevivientes y familiares de su renuncia al CIJ y a la CoVEH, “ante la falta de voluntad política, consistente en la inexistencia de recursos financieros destinados por la Comisión para la ejecución de nuestro mandato durante 16 meses, misma que trasgrede el decreto que le da origen, así como los compromisos expresados por el propio titular del Poder Ejecutivo Federal”.