CHILPANCINGO (apro).–El Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de Guerra Sucia informaron sobre la posibilidad de que sean exhumados de fosas clandestinas los cadáveres de al menos ocho personas que fueron exterminadas y sepultadas por agentes del Ejército durante las décadas de los sesentas y setentas.

Esta posibilidad se abrió apenas el 21 de abril pasado que los familiares de las víctimas presentaron denuncias en la Fiscalía General de Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por estos hechos.

El presidente del colectivo, Octaviano Gervasio Serrano, quien es hijo de Octaviano Gervasio Benítez, detenido y desaparecido por el Ejército en 1974 en Atoyac de Álvarez, denunció que los familiares de estas víctimas fueron obligados por los militares a presenciar el asesinato y entierro en fosas clandestinas de sus seres queridos, lo que les obligó a desterrarse por muchos años de sus pueblos y comunidades.

Ahora, varios años después, volvieron, presentaron las denuncias y les integraron las carpetas de investigación para buscar la justicia de una de las épocas más cruentas del pasado reciente de México.

“Los familiares tienen ubicadas el lugar exacto donde están las fosas”, comentó.

Este periodo de exterminio que tuvo lugar principalmente en la Sierra de Atoyac, denominado Guerra Sucia, muchos académicos y víctimas sobrevivientes de los hechos lo nombran “terrorismo de Estado”, por la participación directa de agentes institucionales, como del Ejército, en esas décadas en que, según la narrativa institucional, perseguían guerrilleros, pero fueron años en los barrieron con comunidades completas.  

Estos antecedentes de alguna manera les hacen tener posiciones encontradas con la recomendación 98-VG/2023 que recientemente emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la que pide al gobierno mexicano una reparación del daño en seis meses.

Gervasio Serrano celebra que contemple la reparación del daño a 814 víctimas directas e indirectas por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado mexicano en el periodo de la guerra sucia, pero le parece insuficiente porque nunca contemplan que abran los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando señalan al Ejército ejecuta de la política de exterminio.

Una de las 814 personas contempladas en el plan de reparación es el académico Arturo Miranda Ramírez, exmiembro de la guerrilla, a quien detuvieron en dos ocasiones en el Cuartel 1 del Ejército en la Ciudad de México, donde sufrió tortura. Estuvo presente en la conferencia de prensa, y varios más, algunos vía virtual, como Micaela Cabañas Ayala, la hija del extinto guerrillero, el profesor Lucio Cabañas Barrientos.

Sobre la exhumación aclaró el presidente del colectivo que se sigue un proceso. En este momento falta que un juez de control ordene la exhumación y después una confrontación genética con los familiares.

“Estamos hablando de tres hechos diferentes en donde el Ejército asesinó y enterró en fosas clandestinas a un grupo de personas: uno en 1967, otro en 1971 y el tercero en 1974”, agregó Gervasio Serrano.

Las víctimas directas y familiares de las víctimas presentes en esta conferencia de prensa también se quejaron de que a los recorridos que realizan en busca de sus desaparecidos en las instalaciones del Ejército no acuda personal de la FGR, cuando aplican investigaciones serias contra los militares, como parte de los trabajos de la Comisión de la Verdad para el caso de la Guerra Sucia que instauró este gobierno federal.