Derechos Humanos
Masacre de Allende: ante el amparo de las víctimas, el silencio institucional
Víctimas de una de las peores matanzas perpetradas en México durante el sexenio de Felipe Calderón, las familias de Allende, Coahuila, han sido revictimizadas reiteradamente.
En 2011 un comando de Los Zetas y policías ingresó a Allende, Coahuila, y mató a unas 300 personas. Desde entonces sobrevivientes y familiares de las víctimas han padecido indolencia y omisiones de la autoridad y de los órganos creados para garantizar los derechos humanos. Por ese motivo los afectados pidieron la protección de la justicia, cuya solicitud de amparo fue admitida el 21 de marzo último. En entrevista, el defensor de los sobrevivientes y deudos, Jesús González Schmal, expone la inacción de la CNDH y de la Comisión de Atención a Víctimas, pese a la promesa de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas de reparación integral del daño.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctimas de una de las peores matanzas perpetradas en México durante el sexenio de Felipe Calderón, las familias de Allende, Coahuila, han sido revictimizadas reiteradamente: a la falta de justicia, el Estado mexicano ha empantanado la reparación integral del daño que corresponde, haciéndoles a las víctimas vivir un calvario, denuncia su abogado, Jesús González Schmal.
Decenas de escritos, solicitudes de audiencia y negativas a las peticiones de cumplimiento de una recomendación por violaciones graves, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), admitida y con compromiso público, el caso encierra una serie de disfuncionalidades que en estos años corresponden tanto al ombudsperson, la Comisión de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV), la secretaría de Gobernación y ahora al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora paralizado en su funcionamiento.
Es decir, “aquellos órganos del Estado, creados para garantizar derechos humanos, están en franca parálisis y el caso de Allende lo demuestra”, afirma el defensor.
Desde 2019, cuando la CNDH emitió la recomendación 10VG/2018 por el caso conocido como la “Masacre de Allende”, por violaciones graves a los derechos humanos, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se comprometieron a cumplir con la reparación integral del daño mediante la CEAV.
La CEAV abrió dos expedientes (CEAV/CIE/149/2020 y CEAV/ CIE/003/2021) para dar cumplimiento a la reparación integral del daño.
Sin embargo, con el paso de los años, el compromiso sigue pendiente y tras las reiteradas evasivas institucionales, las familias de las víctimas finalmente recurrieron a una demanda de amparo.
El 21 de marzo último dicha demanda de amparo indirecto quedó admitida en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, bajo el número 440/2023. Se trata de un proceso de protección constitucional promovido por sobrevivientes y familiares de las víctimas que exigen que el Estado indemnice y compense los daños sufridos por la violencia.
La jueza Sandra de Jesús Zúñiga rechazó que el asunto implicara también a la CNDH, pero instruyó a la CEAV a rendir un informe sobre el procedimiento en un plazo que venció el viernes 14. Pero una vez más el silencio institucional se patentó en un pedimento de ampliación.
