Luego de varios meses de intimidación mediante interpósitas personas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, logró la destitución anticipada del titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano. Uno de los operadores es Fernando del Villar Treviño, quien se ostenta como abogado sin serlo y trabaja en Accuracy Legal & Consulting, firma propiedad del exsenador panista Roberto Gil Zuarth. El afectado teme por la vida de su familia y asegura que Barbosa quiere meterlo a la cárcel.

PUEBLA, PUE (proceso).- De nueva cuenta, el despacho del panista Roberto Gil Zuarth aparece como parte de una embestida legal y policiaca lanzada por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Esta vez para destituir de manera anticipada a Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla.

Apenas hace tres semanas Proceso (2361) reveló que Accuracy Legal & Consulting, una de las firmas propiedad del exsenador panista, fue contratada por el mandatario poblano para diseñar la estrategia legal que usó para tomar el control de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Universidad de las Américas Puebla, institución educativa que lleva más de siete meses en conflicto.

Ahora, uno de los colaboradores de Gil Zuarth, llamado Fernando del Villar Treviño, fue identificado por especialistas en tecnología de la ASE como quien elaboró un documento usado por ayuntamientos, órganos descentralizados y universidades para dilatar la entrega de informes contables al ente fiscalizador.

En entrevista, Romero Serrano refiere que este boicot a su labor buscaba crear una vía para destituirlo –su periodo concluye en noviembre de 2026–, pero que al obstruir funciones fiscalizadoras de la ASE sobre recursos públicos estatales y federales, los operadores de esta estrategia incurrieron en delitos.

El auditor tenía lista una denuncia para presentarla ante la Fiscalía General de la República (FGR) el martes 15. En ella señalaba a la secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, y al consejero jurídico del Ejecutivo, Carlos Palafox Galeana, de haber ordenado a los sujetos obligados que evadieran entregar informes a la ASE.

En la misma querella acusaba a Fernando del Villar de operar este boicot, pues 61 entes enviaron a la auditoría escritos que evidenciaban un machote y algunas de esas instituciones anexaron el formato que les fue enviado por correo para justificar la dilatación de sus informes. Al rastrear la dirección IP, especialistas en informática encontraron que el autor de ese formato fue Del Villar.

Romero Serrano señala que esto acabaría por involucrar en la denuncia al despacho Accuracy Legal & Consulting de Gil Zuarth para el cual trabaja Del Villar. Sin embargo, un día antes de que acudiera a la FGR, el Congreso estatal anunció su suspensión temporal como auditor.

El lunes 14 el juez de control de la región Centro-Poniente de Puebla, Javier Vázquez Hernández, dictó la medida cautelar de separación del cargo de Romero Serrano como parte de un proceso que se sigue en su contra por supuesta violencia familiar. Y la orden se acató de inmediato.

Entrevistado el miércoles 16, el afectado asegura que él y su familia son víctimas de una persecución política que surgió a partir de que tuvo diferencias con el Ejecutivo estatal, que fueron interpretadas como “traiciones”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2364 del semanario Proceso cuy versión digital puedes adquirir aquí.