PUEBLA, Pue., (apro).- La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que Fernando del Villar, un colaborador del despacho de Roberto Gil Zuarth, ha operado el intento de boicotear la labor del titular de ese órgano fiscalizador, Francisco Romero Serrano, quien en las últimas semanas ha denunciado persecución y “tortura psicológica” por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta. 

El 2 de febrero, la ASE informó que ayuntamientos, órganos descentralizados e instituciones educativas de Puebla recibieron instrucciones de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de la Función Pública del Estado para que no cumplieran con la entrega de documentación e informes a ese órgano.

Esto, en el contexto del enfrentamiento público que han sostenido el gobernador Miguel Barbosa Huerta con el auditor del Estado, Romero Serrano, desde el pasado mes de diciembre.

El titular de la Auditoría informó la semana pasada que “por error” algunos de los sujetos obligados enviaron a la ASE el formato que les fue proporcionado con las instrucciones para evadir responsabilidades y retardar el proceso de fiscalización.

Este martes, desde su cuenta oficial de Twitter, la ASE reveló que el área de Tecnologías de la Información había investigado la dirección IP de la que fue enviado ese formato a los entes fiscalizados y encontró que estaba a nombre de una persona llamada Fernando del Villar.

“En relación al inicio de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra área de Tecnologías de la Información, se ubicó que la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables para dilatar los procesos de fiscalización referidos la semana anterior, está a nombre de una persona llamada Fernando del Villar; por lo que esta prueba será presentada ante las autoridades correspondientes”, denunció la auditoría este martes.

Fernando del Villar es uno de los colaboradores de la firma BDP Litigio y Consultoría, propiedad de Gil Zuarth, quien a su vez es asesor legal del gobernador Barbosa Huerta.

Proceso ha publicado en sus últimas ediciones que Barbosa Huerta contrató también al despacho del exsenador panista a fin de elaborar la estrategia para tomar el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cuyo campus está tomado desde hace siete meses, afectando a una comunidad de más de 10 mil alumnos y trabajadores académicos y administrativos.

Adela Islas Álvarez, directora General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado, reiteró que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los que han operado este boicot, el cual constituye una obstrucción a la función fiscalizadora de recursos estatales y federales que lleva a cabo ese órgano fiscalizador.

Explicó que se configuran los delitos de coalición de servidores públicos y de sabotaje pues se está entorpeciendo las funciones que la ley le confiere a la ASE, en lo cual estarían implicados hasta ahora Carlos Palafox, Consejero Jurídico del gobierno estatal; la titular de la SFP, Amanda Gómez Nava y Fernando del Villar.

Romero Serrano recordó que apenas el 2 de diciembre, el Congreso de Puebla aprobó “fast track” una serie de reformas constitucionales con las cuales se creó una Unidad Técnica de Vigilancia para supervisar el desempeño de la ASE, además de que se establecieron causas por las cuales el titular de ese órgano puede ser removido.

Explicó que las instrucciones giradas a los sujetos obligados para que no entreguen informes, buscan que la Auditoría no pueda cumplir con sus funciones de revisión de las cuentas públicas correspondientes a 2021 y así poder crear una vía para destituirlo a él del cargo, luego de que su período como auditor concluye oficialmente hasta 2026.

La ruptura de Barbosa Huerta y de Romero Serrano se hizo pública luego de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para ambos en la cual se les pedía ofrecer una disculpa pública y una indemnización a favor de Jorge Aguilar Chedraui, exsecretario de Salud de Puebla, a quien acusaron públicamente de haber cometido actos de corrupción.

Mientras que Barbosa Huerta rechazó la recomendación al señalar que la CNDH intervenía en un asunto que no era de su competencia, además de aseverar que sus declaraciones fueron en uso de su libertad de expresión, Romero Serrano aceptó las indicaciones de la comisión.

El 22 de diciembre, medios de comunicación locales divulgaron que el auditor tenía una orden de aprehensión por supuesta violencia familiar en contra de su esposa y de su hijastro. Luego, Romero Serrano reveló, acompañado de su pareja, que la denuncia en su contra fue interpuesta por policías municipales.

Aparte, el titular de la ASE ha revelado otras acciones de persecución que han implicado a su familia y que han incluido visitas de ministeriales armados a la escuela del hijo de su esposa y presiones contra ésta para orillarla a ratificar la denuncia.