Virgilio Rincón Salas, abogado de la familia Jenkins, heredera de William Jenkins, se comunicó con Proceso para aclarar que ni él ni sus clientes buscaron al gobierno de Puebla para mediar en el conflicto por una fortuna de 720 millones de dólares. En entrevista, repudia el uso que el abogado panista Roberto Gil Zuarth –asesor del gobernador Miguel Barbosa– hizo de una conversación privada que tuvo con él y calificó esa acción como un intento de desviar la atención de los señalamientos de corrupción que hay contra el exlegislador. Utilizar ese diálogo “es de la mayor bajeza”, dice.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El abogado Virgilio Rincón Salas, representante de la familia Jenkins en el pleito por la fortuna de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), deplora que el abogado Roberto Gil Zuarth haya difundido el audio de una plática telefónica, un acto que califica de “muy desesperado”, reflejo de un tema que “va mucho más allá de la Fundación Jenkins” e involucra “un entramado de otros intereses”.

En entrevista telefónica desde el extranjero con Proceso, el abogado afirma que, en la pelea legal sobre la FMSJ, ni él ni sus clientes buscaron negociar con el gobierno de Puebla –asesorado por Gil Zuarth–,­ pero ofrece detalles sobre un diálogo que tuvieron él, Gil Zuarth y José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la devolución de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), parte medular del conflicto.

Adelanta que el asunto legal se resolverá en la Corte, y confía en que la razón jurídica está del lado de sus clientes. Señala que un juez federal declaró un desacato contra el juez 24 de lo civil de la Ciudad de México por incumplir con una suspensión provisional que le obligaba a devolver el control de la UDLAP a la familia Jenkins.

La batalla en torno a la FMSJ se inició como un pleito familiar, en el cual cada parte acusa a la otra de violar la ley para apropiarse de los 720 millones de dólares de patrimonio de la fundación: Guillermo Jenkins de Landa acusa a su madre y sus hermanos de haber sacado ilegalmente los activos de la fundación hacia Aguascalientes y Jalisco, así como en los paraísos fiscales de Barbados y Panamá; ellos, por su parte, repudian a su familiar y sostienen que movieron los activos ante los intentos de los sucesivos gobiernos de Puebla para “expropiar” a la fundación.

Con el monto de la fortuna, el tema desbordó la esfera privada y acarreó a personajes de primer nivel de los ámbitos estatal y federal.

Por lo menos desde 2014 los gobiernos poblanos de Rafael Moreno Valle, su esposa Martha Érika Alonso –ambos del PAN– y Miguel Barbosa Huerta –de Morena– han tratado de tomar el control de la fundación mediante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.

También se han involucrado el fiscal Alejandro Gertz Manero –que reabrió una carpeta de investigación sobre el caso– y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que investigó el tema a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su edición 2361, Proceso reveló que, mediante su despacho Accuracy Legal & Consulting, Gil Zuarth diseñó para el gobierno de Barbosa la ruta legal y administrativa para remover a los integrantes del Patronato de la FMSJ –es decir, la familia Jenkins–, con lo cual “el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de dólares”.

El 31 de enero último, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, Gil Zuarth negó que exista una “coordinación, confabulación, complot entre políticos, abogados y autoridades del estado de Puebla o federales para un supuesto desfalco de una fundación.

“Lo único que creo que está tratando de hacer la familia Jenkins es crear la percepción de que le están tratando de quitar lo que ellos, intencionalmente, a través de simulación de actos, se llevaron al extranjero”, dijo.

Gil Zuarth agregó:

“Yo puedo probar en este momento que la misma familia Jenkins me había pedido, a través del abogado defensor, una mediación formal en este conflicto”.

El equipo de Gómez Leyva difundió el extracto de una conversación telefónica entre Gil Zuarth y Virgilio Rincón, en la cual su interlocutor afirma que la familia Jenkins le dio su autorización para “solucionar esto”. En el audio se escucha al abogado decirle a Gil Zuarth: “Roberto Jenkins y la familia me dijeron algo, que te quiero transmitir tal cual me lo dijeron: si estas pláticas no son con Roberto Gil Zuarth, no te autorizamos a que te sientes con nadie”.

Mala información al gobernador

Virgilio Rincón Salas se comunicó con este semanario para dar a conocer su versión de los hechos, insistiendo en que nunca autorizó que Gil Zuarth lo grabara, y mucho menos que difundiera un fragmento de su conversación en público.

–¿Cómo se dio ese diálogo?

–Nosotros nunca nos acercamos al (gobierno del) estado (de Puebla). Ni tengo yo el medio para acercarme. Soy un abogado perseguido, yo no puedo ir a hablar con el gobernador ni con nadie. No es mi deseo ni el de mis clientes. Sin embargo, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, a quien conocí en la Corte donde he llevado muchos casos, me contactó y me dijo:

“Oye, fíjate que yo conozco al gobernador; hablé con él y le dije que no podía seguir esto así. Que hay una preocupación de mi parte, yo tengo mucha presencia académica en Puebla. Veo a la Universidad (de las Américas) en total abandono, y el gobernador me indicó que hablara con Roberto Gil Zuarth y que viera la posibilidad de mediar en esta situación.”

Rincón Salas cuenta que le respondió a Cossío Díaz: “Déjeme ver con mis clientes para ver qué dicen…”

El abogado de la familia Jenkins explica que ese fue el tema: “Nosotros nunca fuimos a buscar al gobierno del estado, nunca buscamos alguna vía para acercarnos. Ahí me parece, al escuchar la narración de Roberto Gil Zuarth, que se aleja de la realidad. Nosotros no lo buscamos.

–¿Cómo explica la decisión de Gil Zuarth de dar a conocer una grabación no autorizada?

–Es una falta a los principios básicos de la profesión, de conducirse con lealtad, incluso, contra el contrario y obviamente con los clientes. El contrario me debe respeto, le debo respeto y consideraciones como cualquier litigante que somos.

“El hecho de que lo haya utilizado me parece muy desesperado. Creo que el tema de Gil Zuarth va mucho más allá de la Fundación Jenkins, pues hay un entramado ahí que yo advertí de otros intereses. Pero sí, muy desesperado. Me parece que ha tratado de desviar la atención sobre los temas de fondo que él trae con esto.”

–¿Qué intereses?

–He visto la información que publicaron en Proceso. Pudiera ser eso y no sé qué otras cosas más. Yo le soy muy sincero, en mi vida solamente una vez he hablado de manera personal con Roberto Gil Zuarth, y fue hace como 20 años, y ahora esta vez por teléfono. Desconozco absolutamente a qué se dedica y cuáles son sus actividades. Sinceramente, lo que sí creo es que, en la defensa mediática que hizo, él trató de desviar la atención sobre temas que realmente trae de fondo.

–¿Por qué aceptó ese acercamiento?

–Yo obré de buena fe. Y le voy a hablar por mí. Tenemos resoluciones judiciales federales que nos dan la razón y que están siendo evadidas por el estado. Lo vi como un medio a través del cual se pudiera hacer que nos entregaran la universidad a la brevedad posible, evitando todo el camino tortuoso que debemos seguir para que se declare que hay contumacia de las autoridades. Eso dura años.

“Y aquí hay, como lo decía el doctor Cossío, daños gravísimos a una comunidad académica que ojalá y pudiéramos solventarlos. Yo actúe de muy buena fe. Yo le puse sobre la mesa: vamos tratando, devuélvanos la universidad. Eso ya está mandatado por una autoridad. Imagine lo que pienso ahorita del señor Gil Zuarth, después de que utilizara nuestro diálogo. Me parece que es de la mayor bajeza. Eso no se hace. Y si eso le satisface a él y dice “mira soy muy listo, soy un pillín”, pues qué bueno. Allá él.

–¿Cuáles fueron los términos del diálogo?

–Le dije, “señor mediador, les propongo las siguientes reglas”, y propuse mis reglas. No era sentarnos a negociar, era sentarnos a resolver. En una negociación uno cede algo a cambio de algo. En la resolución de un conflicto uno termina el conflicto porque tenemos resoluciones judiciales favorables. Mi planteamiento fue ese. La ley no es negociable. Le dije: “Por favor, entreguen ya como un acto de buena fe la universidad”, y él respondió “déjeme consultarlo”. Sentí que estaba hablando con un interlocutor serio.

“Lo identificamos a él (a Gil Zuarth) como la cabeza de todo el equipo jurídico de aquel lado. Fue una instrucción clara de mi cliente, que, si era el señor Gil, sí; ya que se puede prestar a que nosotros estamos buscándolos (al gobierno) o a que llegue cualquier otro litigante y quiera sorprendernos; y además de que yo no podría sentarme a hablar con el gobernador. Si había sido designado por el gobernador, nosotros entendíamos que era una persona seria. En torno a eso fue el diálogo.”

–¿Participaron en la conversación tres personas? ¿Usted, Gil Zuarth y el ministro en retiro Cossío?

–Sí, nosotros tres.

–¿Se vive un momento complicado por el interés de cada uno de todos los involucrados?

–Creo que nuestro asunto va a resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gran tema es cuándo. Ya hay daños muy graves que por el sólo transcurso del tiempo se dan. Pero se va a resolver ahí.

“Yo veo un entramado complicado desde el punto de vista tanto político como jurídico en el estado. Pareciera que dieron al gobernador una información errónea de lo que realmente ocurrió con las fundaciones de la familia Jenkins, y pareciera que hay una confusión generalizada en torno a los patrimonios de las fundaciones: son privados, no son de las fundaciones.

“Varios Estados intentan verlo como un patrimonio del estado, cosa que es un equívoco. De ahí surge, me parece, una mala información que le dan al gobernador; él autoriza que se emprendan todas estas series de acciones, y ahí están las consecuencias: tenemos fallos favorables.”

Migración de recursos

Cuando se le expone que el gran cuestionamiento del gobierno de Puebla y su asesor Gil Zuarth es que la familia Jenkins sacó sus recursos del estado y los llevó a otra entidad, el abogado Rincón Salas responde:

“Los recursos de la fundación jamás han estado en México. Desde que William Jenkins fundó la Mary Street Jenkins los recursos siempre han estado en el extranjero, excepto bienes inmuebles que son de la institución y que no se pueden llevar físicamente; esos están donde siempre han existido.”

Explica que lo que se hizo fue salvaguardar una institución de varios gobernadores: “A mí me contratan desde 2014 para defender a la fundación de ataques directos del gobernador (Rafael) Moreno Valle con la intención de apoderarse de la fundación.

“Después de salir avante de ese ataque feroz, en el que afortunadamente la justicia federal nos dio la razón, en una mesa de consejo Guillermo Jenkins hizo el planteamiento de que ‘ya concluimos aquí’. Le dije que, si cada seis años le hacen lo mismo, ¿por qué no migra a un estado donde haya una institución profesional en el manejo de ese tipo de fundaciones?

“El estado de Jalisco, gobernado en ese momento por Aristóteles Sandoval, tenía el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS). Era un instituto manejado por profesionales, con un gran patrimonio.

“La junta de gobierno del estado de Puebla vive de un cobro a las propias fundaciones, un porcentaje del patrimonio de las fundaciones. Usted hace una fundación en Puebla y le va a costar, es una especie de impuesto.

“Migramos a Jalisco y fueron recibidos por el propio gobernador. Una diferencia. Les dijeron: ‘señores, bienvenidos que aquí necesitamos instituciones como la suya, que los atiendan en el IJAS’. El IJAS, como es propietario de los corralones y otros bienes, tiene un patrimonio importante que cada año reparte entre las fundaciones. Obviamente nosotros no hemos recibido nada del IJAS, pero vea la diferencia del trato. El consejo de abogados recomendamos el cambio y por eso se migró a Jalisco. Fue un ‘¡ya basta!’ de un maltrato en cada sexenio. Se migró a Jalisco y ahí está la fundación; no se ha ido del país. Los bienes fueron salvaguardados para seguir haciendo el bien.”

Durante el gobierno de Moreno Valle al menos no se rompían las reglas, dice Rincón Salas. “Si un juez federal les ordenaba algo, lo hacían; ahora un juez federal les ordena algo y no hacen nada. Por cierto, la semana antepasada el juez federal ya declaró en desacato al juez 24 de lo civil de la Ciudad de México (Roberto Yáñez Quiroz) por no haber cumplido con una suspensión provisional que ya no puede cumplir el juez, ya que la suspensión provisional dejó de existir cuando se volvió definitiva.

“El juez esta clavadísimo en un delito previsto en la Ley de Amparo, que es cuando una autoridad se niega a cumplir con una suspensión dictada por un juez federal. La sanción es de tres a cinco años de prisión. Estamos integrando la carpeta, estamos en cuestión de días de que se judicialice y se citen las ordenes de aprensión”, agrega el abogado de la familia Jenkins.

Texto publicado en la edición 2362 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir en este enlace.

Fe de erratas 

Por un error del área de corrección, en el texto "Un grupo panista bajo la lucrativa sombra de Germán Martínez" publicado en el número 2361, se señala que el senador Germán Martínez Cázares cobró 26 millones de pesos al gobierno tamaulipeco de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y otros 4 millones de pesos a Fernando Yunes, cuando este fue alcalde de Veracruz. Quien recibió ambos montos fue Salvador Vega Casillas mediante su despacho Estrategob, SC, mencionado en el mismo párrafo del reportaje. Pese a lo anterior, el resto de la información se sostiene periodísticamente. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores y al legislador. 

Acerca de “Con tufo a corrupción, la millonaria fortuna de Gil Zuarth”

Señor director:

En el texto “Con tufo a corrupción, la millonaria fortuna de Gil Zuarth”, publicado en la edición 2361, escribí erróneamente que Elia Mary Knight Corripio había tenido un primer matrimonio con Alfonso Romo Garza Lagüera. Este error, que Roberto Gil Zuarth señaló en un programa radiofónico para desacreditar el reportaje, fue producto de una confusión de mi parte, por lo que presento una disculpa a las dos personas aludidas, Knight y Romo, así como a los lectores de Proceso.

Hecha esta precisión, quiero enfatizar que los datos de ese trabajo periodístico provienen de fuentes oficiales y fueron verificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por ello, se sostiene la información sobre las redes y transferencias financieras que han girado alrededor de Gil Zuarth en la última década.

Estos documentos incluyen las declaraciones fiscales de Roberto Gil Zuarth, las cuales exhiben cómo en mayo de 2021 el exsenador panista añadió a su declaración fiscal una serie de “préstamos” para el periodo de 2015 a 2020, que suman 63 millones 352 mil 975 pesos.

En declaraciones públicas Gil Zuarth ha afirmado que estos alegados préstamos provenían de las “prerrogativas” del PAN en el Senado. Sin embargo, reportó dos de estos “préstamos” en 2019 y 2020, años en los cuales él ya no era legislador.

Previo a la publicación del reportaje, Proceso envió un cuestionario a Roberto Gil Zuarth a los correos electrónicos de dos colaboradores de su despacho; en el mismo programa radiofónico el político confirmó que uno de los destinatarios lo recibió, aunque según, dijo, ya no trabaja en su despacho.

Atentamente,

Mathieu Tourliere

Reportero