La intervención del gobierno de Puebla en el pleito legal que protagonizan los herederos del millonario William O. Jenkins sigue una estrategia elaborada por la firma de abogados del panista Roberto Gil Zuarth, mediante la cual el gobernador Miguel Barbosa busca obtener la fortuna de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, incluyendo la Universidad de las Américas Puebla.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La embestida legal y policiaca que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, lanzó contra el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que controla la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la fundación del mismo nombre, sigue el guion que el gobierno estatal morenista recibió del despacho del panista Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa.

El objetivo de la operación, plasmado en un documento en poder de Proceso, es nítido: el despacho Accuracy Legal & Consulting, SC, prometió al equipo de Barbosa que, una vez lograda la “remoción de los actuales patronos” de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), “el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de ­dólares”.

Este monto representa el valor del patrimonio de la fundación, que incluye 18 inmuebles, acciones de tres empresas –entre ellas, la UDLAP–, un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario y automóviles, y se encuentra en el centro de una intensa batalla legal entre los herederos del magnate William O. Jenkins, quien creó la fundación en 1954.

El documento es una presentación de 35 cuartillas que el despacho de Gil ­Zuarth entregó al gobierno de Puebla; en ella se detalla “la serie de procedimientos y actos administrativos requeridos para llevar a cabo la remoción de los miembros del Patronato de la FMSJ” y lograr la “investigación y recuperación internacional de activos”.

El despacho que Gil Zuarth fundó en febrero de 2018 –mientras concluía su mandato como senador del PAN– alentó al gobierno poblano a apoyar a Guillermo Jenkins de Landa en el pleito legal que inició en 2016 contra su madre y hermanos –miembros del patronato–, a quienes acusaba de desviar el patrimonio de la fundación. También lo instó a lanzar las instituciones del Estado contra ellos mediante un “juicio de lesividad”.

Precisamente fue lo que Barbosa hizo: su gobierno acusó a los integrantes del patronato de saquear 720 millones de dólares de la fundación; los destituyó en abril de 2021 y designó otro patronato, y en junio último lanzó a la Policía Estatal para tomar las instalaciones de la UDLAP –también sede de la FMSJ–, que desde 2017 estaba embargada por el Sistema de Administración Tributaria por un crédito fiscal de 650 millones de pesos.

En agosto pasado la FMSJ denunció que Gil Zuarth diseñó la estrategia de “persecución política” contra el patronato para “apropiarse” de la UDLAP. El documento en poder de Proceso confirma esta participación del panista en un pleito que ya desbordó el ámbito privado y las fronteras estatales.

En mayo del mismo año la periodista Gabriela Hernández también reportó en Proceso los vínculos entre Gil Zuarth y Barbosa en el campo energético: el gobierno del estado contrató al panista –quien es “asesor” del gobernador en materia energética– para diseñar y presentar un “Modelo de Federalismo Energético Sustentable para Puebla”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2361 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.