CIUDA DE MÉXICO (apro).- El destino de la Universidad de las Américas (UDLAP) es incierto. En este momento se encuentra, sobre todo, en las manos del juez tercero de distrito, Tomás Zurita García, radicado en la ciudad de Puebla.

En un plazo no mayor de seis meses este juzgador deberá resolver, en primera instancia, quién es la legítima autoridad de este centro académico, el verdadero patronato de la universidad y también el rector legal.

Mientras tal cosa ocurre la crisis de la UDLAP ha engendrado la existencia de dos patronatos y de dos personas que ostentan la rectoría: Cecilia Anaya Berríos y Armando Ríos Piter.

Esta disputa impide hoy el acceso a las instalaciones del campus ubicado en San Andrés Cholula. No es cierto, como ha declarado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que estudiantes y personal docente puedan regresar a la actividad presencial porque un cuerpo privado de seguridad, bajo las órdenes del rector Ríos Piter, lo impide.

De su lado, la rectora Anaya Berríos controla las cuentas bancarias de la institución, el pago de nómina al personal, las plataformas a través de las cuales se imparten las clases virtuales y también las cuentas institucionales en redes sociales.

Se trata de una verdadera aberración: las instalaciones físicas están controladas por un bando, mientras que la actividad virtual (digital) es dirigida por el otro.

Desde julio del año pasado el juez Zurita García ordenó que, mientras se resuelve el fondo del asunto, se entregasen las instalaciones a la rectora Anaya Berríos; también autorizó que ella gestionara las finanzas.

Esta orden fue ratificada en noviembre por otro juez civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz. En ambos casos se instruyó al patronato que nombró al rector Ríos Piter a que liberara las instalaciones de la UDLAP.

Sin embargo, desoyendo los exhortos emitidos por los jueces Zurita y Yáñez, el campus continúa aún en las manos del bando desautorizado. Esta actuación podría ser considerada delictiva y está prevista en el artículo 178 del Código Penal Federal, que previene frente a la desobediencia de los particulares respecto de las ordenes judiciales.

El gobernador Barbosa ha declarado varias veces que este conflicto es de carácter privado y que por tanto él no está involucrado. Pero fue este mismo mandatario quien propuso a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP. Al hacerlo cometió el error de volverse parte del conflicto y, por tanto, corresponsable de las decisiones que tome este particular.

Es decir que en el muy probable caso de confirmarse el desacato a la orden judicial, no sólo Ríos Piter tendría responsabilidad penal, sino también el patronato al que responde, la junta de asistencia privada que nombró a esos patronos y, por encima de ella, la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, y el gobernador Miguel Barbosa.

El patronato nombrado por el gobierno poblano justifica su postura argumentando que los exhortos de los jueces Zurita y Yáñez no son definitivos, ya que el 29 de octubre de 2021 otro juez penal, perteneciente al Poder Judicial del estado de Puebla, le concedió razón.

Aquí el berenjenal legal que tiene en vilo el regreso a las actividades presenciales de la UDLAP se complica aun más. No sólo hay dos patronatos y dos rectores, también hay contradicción entre lo que dicen los jueces federales y los jueces locales.

Si bien no es pública la orden del juez de control penal que supuestamente ordenó mantener el control del campus en manos del rector Ríos Piter, ahí radicaría el argumento que lo protege frente al eventual desacato.

Si a estos elementos tan intrincados se suma la disputa por el patrimonio de 750 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, dentro del cual se encuentra la propiedad del campus de la UDLAP, el embrollo legal alcanza proporciones insospechables.

Muy probablemente su solución vaya a obtenerse en un plazo mayor que los seis meses previstos para el desahogo del expediente que se encuentra en manos del juez Zurita.

Así las cosas, cabría temer la extinción de la UDLAP, como hoy se conoce, y los responsables de esta tragedia serían aquellos que, de cada lado, tensaron la cuerda hasta reventarla.

Para conjurar tal escenario, el sentido común dictaría la pertinencia de encontrar una salida conciliada, de carácter político, que permitiera a la comunidad de la UDLAP continuar con sus actividades presenciales, mientras los tribunales resuelven el entuerto.

En efecto, en lo que el Juzgado Tercero de Distrito entra al fondo y ofrece una sentencia en primera instancia, cabría rogar por que un cuerpo colegiado de la propia universidad gestionara el patrimonio, las tareas de investigación y el programa docente.

Esas responsabilidades, por razones obvias, no podrían recaer en manos de ninguno de los dos patronatos en disputa, ni mucho menos en los rectores Anaya o Ríos Piter.

Sería también problemática la intervención del gobierno de Puebla en la negociación porque desgraciadamente Barbosa tomó partido proponiendo a uno de los dos rectores.

A menos que el mandatario echara marcha atrás respecto del papel parcial que ha jugado en este conflicto, difícilmente logrará recuperar el rol arbitral que le tocaba jugar.

No obstante, en el horizonte se asoma otro actor con credibilidad y solvencia convenientes, se trata de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Nadie mejor que ese organismo, muy respetado en el sector educativo, para que interviniese como mediador, asegurando un manejo honesto de los recursos de la UDLAP y una adecuada gestión de las actividades académicas en lo que jueces, magistrados (y probablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación) atienden los muchos procesos legales que originaron la crisis.

La comunidad UDLAP merece ser tratada con respeto y el primer paso para reintegrarle dignidad lo podría dar el propio gobernador Barbosa solicitándole a la ANUIES que se involucre en la resolución del peor trance político, hasta ahora, de su mandato.