Medio Ambiente
Un lodazal tóxico en la Sierra de Álvarez
La mina de flúor Koura –parte del conglomerado de Orbia Advance– devastó con sus presas de jales el paisaje potosino, desplazando especies, transformando valles en alcantarillas industriales y cuerpos de agua en plantas de bombeo.
La mina de flúor Koura –parte del conglomerado de Orbia Advance– devastó con sus presas de jales el paisaje potosino, desplazando especies, transformando valles en alcantarillas industriales y cuerpos de agua en plantas de bombeo. A un kilómetro y medio de la Sierra de Álvarez se ha establecido una pequeña ciudad donde la que “dicta” las leyes es la empresa. *
LA SALITRERA, VILLA DE ZARAGOZA, SLP (Proceso).- Las retroexcavadoras martillan a toda velocidad lo que hace algunas décadas fue un bosque de pino y encino. Traca-tatatatata-traca-tatatatata, suena el mecánico traqueteo que entorpece el silencio de la Sierra de Álvarez, una de las 40 Áreas de Protección de Flora y Fauna (APFF) de México y donde a pocos kilómetros se ubica la mina de flúor más grande del mundo.
Daniel vigila un declive mondo junto a la presa de jales 4, usada para almacenar residuos de la extracción de fluorita en una superficie de 21 hectáreas, autorizada desde 2016 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sus botas se resbalan en una arenisca blanda marcada por huellas de tractores.
–¿De quién son estas tierras? –se le pregunta.
–Son tierras de la comunidad, pero las trabaja Koura –dice Daniel, enfundado en su overol de trabajo.
Daniel acomoda la tubería como si jalara las venas de una bestia que excreta desechos terrosos. Frente a él resisten algunos árboles sumergidos hasta la copa: negros como plátanos podridos, completamente envenenados. Una naturaleza muerta.
Cuesta abajo, un camino lodoso se abre paso a una de las cortinas de la presa de jales número 6, un cuerpo de desechos con 22 hectáreas, en operación desde 1982. Desde la punta del cerro El Órgano, una de las atracciones para los senderistas en la Sierra de Álvarez, se observa cómo la mina se va comiendo a la sierra como la lepra se come al cuerpo.
La Salitrera es una comunidad atrapada en un ambiente industrial: garras de máquinas que en algún momento destriparon la sierra, tanques oxidados, naves industriales, kilómetros de mangueras que se desparraman como intestinos a la orilla del camino. Apenas tiene una pequeña unidad médica rural del IMSS, donde la atención es exigua debido a la falta de médicos en la comunidad.
Aunque La Salitrera depende del municipio de Villa de Zaragoza, Koura ha hecho suya esa comunidad. Transporte de personal, volquetes, maquinarias gigantescas escoltadas por camionetas con sirenas y banderines transitan en un camino semipavimentado que va de Villa de Zaragoza hasta La Salitrera, custodiados por guardias privados y un sistema de videovigilancia.
Pese a que Villa de Zaragoza es un enclave minero de donde no sólo se extrae flúor sino también cal (Cal Química Mexicana, S.A. de C.V., en la comunidad Los Matías), carbonato de calcio y roca fosfórica (Triturados Gramol, S.A. de C.V.), el municipio no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales en las comunidades con mayor número de habitantes, como la cabecera municipal, Cerro Gordo, La Esperanza y San José de Gómez.
La falta de servicios básicos en Villa de Zaragoza, a poco más de 30 minutos de la capital potosina, es evidente: caminos sin pavimentar, riachuelos malolientes, garabatos de cables, camionetas repletas de garrafones para agua ya roídos y abollados por el uso. Además, es el segundo municipio más violento de San Luis Potosí, después de Vanegas, con una tasa de 70.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El punto más alto de La Salitrera es una techumbre con la leyenda Koura en letras azules sobre un fondo verde. En una de las entradas, el ganado pasta delante de una montaña de piedras trituradas. Sobre el camino, los burros cruzan con una parsimonia que crispa los nervios de los camioneros que trasladan el material recién extraído.
La familia del flúor
Koura es el grupo de negocio de soluciones fluoradas de Orbia Advance Corporation, SAB de C.V., y representó 8% de las ventas del conglomerado en 2021. Ese año la minera reportó ventas netas por 744 millones de dólares. Para mantener la operación del proyecto minero, Koura destina 60 millones de dólares anuales.
La unidad minera Las Cuevas tiene concesiones desde 1978, aunque el yacimiento de fluorita se explota desde 1955, cuando le proyectaron un futuro de seis décadas. En 2025 cumplirá 70 años de extraer este mineral no metálico. La compañía posee al menos 33 lotes mineros –todos debidamente registrados– que atraviesan los arroyos La Cañada del Paxtle, La Labor, La Salitrera y El Ranchito.
En su polis lotificada, los terrenos de donde extrae fluorita tienen nombres de estados de la República. A un kilómetro y medio de la APFF de la Sierra de Álvarez opera el lote Yucatán, por donde cruza el río Grande, concesión minera 214150, cedida en 1997 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Junto a ese lote se encuentra el Hidalgo, de la misma extensión de 400 hectáreas.
México es el país con más reservas de fluorita (20% mundial); le siguen China (19%) y Sudáfrica (13%). Los usos de la fluorita extraída en La Salitrera están orientados a la producción de ácido fluorhídrico, fluoruro de aluminio y gases refrigerantes, que aceleran la destrucción de la capa de ozono. Con este mineral no metálico, Koura atiende una cadena de suministro de flúor que abarca México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y Taiwán.
Orbia Advance Corporation –hasta 2019 llamada Mexichem– es propiedad de Antonio del Valle Ruiz y su familia, la séptima más acaudalada en el país, con una fortuna estimada en 3 mil 100 millones de dólares, según el ranking de Forbes en 2021.
Del Valle Ruiz encabezó a los banqueros cuando sus pasivos se convirtieron en deuda pública mediante el Fobaproa, en 1998. Actualmente, mediante la Fundación Kaluz, que dirige Blanca del Valle Perochena, mantiene con donaciones millonarias las operaciones del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), “la cúpula de cúpulas” del sector privado que agrupa a los empresarios más ricos y poderosos del país.
Del Valle Ruiz, de 89 años, se dio el lujo de fundar el Museo Kaluz, donde acumula una colección de obras de Dr. Atl, Siqueiros, Orozco, Rivera, Soriano y O’Gorman.
Su poder es tan grande que fue en el museo Kaluz donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió –en junio y diciembre pasados– con integrantes del CMN, a cargo de Antonio del Valle Perochena, quien también preside Grupo Kaluz, al que pertenecen Orbia, Elementia, Grupo Financiero Ve Por Más, el banco Byline Bank y las escuelas de Innova Schools México.
La familia Del Valle Perochena apareció entre los beneficiarios de estructuras offshore, dados a conocer en octubre de 2021 como parte de la investigación global #PandoraPapers. En 2015 Francisco Javier del Valle Perochena, hijo del patriarca y presidente del Consejo de Administración de Elementia, se unió a la sociedad de papel Seafort Management. La sociedad fue creada por el productor y director de la empresa de préstamos Leasing Javier Muñiz Canales, y el empresario naviero Alfredo Kunhardt.
En su reporte anual de 2021 Orbia Advance Corporation –cuyo consejo de administración preside Juan Pablo del Valle Perochena– se deslindó prácticamente de sus actividades y el impacto que puedan causar tanto en la naturaleza como a las comunidades:
Orbia produce, distribuye y transporta materiales peligrosos como parte de sus operaciones, lo que implica riesgos de fugas y derrames que podrían potencialmente afectar tanto a personas como al medio ambiente. La compañía también produce, distribuye y vende productos que son peligrosos o que tienen ciertos niveles de potencial calentamiento global que pueden llegar a ser restringidos en el futuro”, se lee en la página 35 del reporte, un amplio documento que es requisito para cotizar en los mercados bursátiles.
Orbia tiene actividades comerciales en más de 100 países y más de 22 mil empleados. Koura es una de las cinco marcas comerciales que agrupa el conglomerado, entre ellas Vestolit Alphagary (soluciones de polímeros), Wavin (construcción e infraestructura), Netafim (agricultura de precisión) y Dura-Line (cableado de datos).
Al mismo tiempo que Orbia, coloca su deuda en bonos vinculados a la sustentabilidad, advierte a sus inversores sobre lo intrincado de un negocio minero: “La compañía no puede asegurar que ha estado ni que en todo momento estará en completo cumplimiento de tales leyes, reglamentos y permisos. (…) También Orbia podría ser responsable de cualesquiera consecuencias que surjan de la exposición humana a sustancias peligrosas u otro daño ambiental”.
Respecto a las leyes y reglamentos nacionales e internacionales en materia de medio ambiente, expresan con un tono sutil de indiferencia: “Las leyes de protección al medio ambiente son complejas, cambian frecuentemente y tienen una tendencia a volverse más estrictas con el transcurso del tiempo”.
“Consecuencias fatales”
De un sistema total de siete presas de jales, las 1, 2, 3 y 4 intermedia ya concluyeron su vida útil, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto “Operación de la unidad minera Las Cuevas”, publicado en 2019 por Mexichem Flúor, S.A. de C.V., que invirtió 13.5 millones de dólares para cerrarlas y abandonarlas. Sin embargo, prevén concluir las operaciones en un plazo de 60 años, es decir, hasta 2079. Mientras tanto, en todas las presas algunos troncos agonizan dentro del lodo.
“Para el caso de riesgos desde el proyecto al medio ambiente el más significativo es el riesgo de colapso a las presas y de no implementar las medidas correctivas podría derivar en consecuencias fatales e impactos irreversibles para el medio ambiente y la comunidad”, explican en la MIA, elaborada por Environmental Resources Management, una consultora que prepara diagnósticos ambientales para Exxon Mobil, Shell, Valero, Ford, Syngenta e incluso a organismos como la ONU y el Banco Mundial.
La mina Koura –hasta 2019 llamada Mexichem Flúor– no sólo afecta los márgenes de la Sierra de Álvarez, también incide dentro de la zona de influencia del parque nacional El Potosí.
Según el estudio de impacto ambiental, la mina acumula daños en los márgenes de la Sierra de Álvarez: “Hay siete impactos significativos directos generados por el proyecto”; sin embargo, detallan: “con la aplicación respectiva de medidas de gestión ambiental, los impactos potenciales pueden ser eficientemente reducidos y minimizados”.
Entre los impactos se considera la contaminación de suelo, subsuelo y agua por fugas o derrames de aceites y diésel. Además, entre los riesgos para los trabajadores se encuentran caídas; inhalación, absorción o ingestión de sustancias peligrosas; quedar atrapado sobre, entre o dentro de objetos; sobre esfuerzo y empleo de herramienta y equipo en condiciones inseguras, entre otros.
En 2020 la mina Koura reportó una generación de aproximadamente 8 mil toneladas de residuos peligrosos (43% menos que en 2019) y generó unas 163 mil 747 toneladas de tepetate, que en menor medida es utilizado para reforzar los taludes exteriores de cortinas contenedoras de las presas de jales. Sin embargo, el tepetate puede favorecer la erosión e impedir la recarga de acuíferos, según un estudio del Instituto de Geología de la UNAM.
Por demás, el proyecto minero tiene tres estaciones de bombeo que surten de agua a las trituradoras de la mina: Arroyo, Los Chivos y La Laguna. Ante la falta de servicios públicos, Koura también instala la red de agua potable en las viviendas que así lo soliciten. Para ello atraviesa con sus tuberías la sierra.
Según la Norma Oficial Mexicana (NOM) 141 de la Semarnat –a la que se apega la actividad minera–, “las presas de jales son uno de los sistemas para la disposición final de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales y deben reunir condiciones de máxima seguridad, a fin de garantizar la protección de la población, las actividades económicas y sociales, y en general, el equilibrio ecológico”.
La minería es una actividad que afecta al agua, al aire, al suelo y a la diversidad biológica. Entre sus impactos al medio ambiente se encuentran la pérdida de la cobertura vegetal, capa de suelo y hábitat; alteraciones de la calidad del aire; generación de drenaje ácido; alteraciones de aguas subterráneas, generación de vibraciones sísmicas, contaminación con sustancias o materiales utilizados en la extracción y desplazamiento de especies.
El artículo 36 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos estipula: “Las presas de jales podrán ubicarse en el lugar en que se originen o generen dichos residuos, excepto arriba de poblaciones o de cuerpos receptores ubicados a una distancia menor de 25 kilómetros que pudieran resultar afectados”.
Aunque la Semarnat es una de las encargadas de supervisar a todas las corporaciones mineras que operan en el país, una mala distribución presupuestaria no permite que los inspectores se trasladen regularmente a los lugares que las empresas reportan en sus informes de impacto ambiental.
Al menos en cuatro ocasiones la Semarnat visitó La Salitrera, la primera por el derrame de residuos mineros debido a la ruptura de una tubería en mantenimiento, en septiembre de 2000. Posteriormente, realizaron otras tres inspecciones en materia de residuos peligrosos: octubre de 2013, septiembre de 2015 y octubre de 2020, donde sólo se reportaron “irregularidades administrativas”, que implicaron una multa de casi 40 mil pesos.
María Luisa Albores González, titular de la Semarnat, advirtió en diciembre pasado de los daños provocados por las presas de jales, que representan un riesgo para las comunidades asentadas en sus alrededores, durante la presentación del “Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales”, el cual registra 585 vertederos en todo el país, más de la mitad de ellos en actividad. Durango, Chihuahua, Zacatecas y Sonora son los estados con mayor número de este tipo de vertederos tóxicos.
Dicho inventario sólo contabiliza tres –dos de ellas inactivas– de las siete presas con las que cuenta actualmente la unidad minera Las Cuevas. “Puede ser que haya una inconsistencia con lo que hay en campo y lo que hay en el mapa, el inventario está en construcción, es un pendiente histórico”, explica al reportero Alonso Jiménez Reyes, subsecretario de Regulación Ambiental de la Semarnat.
“Se requiere un mapeo para cerrar la brecha del inventario, para limitar los espacios de ilegalidad, desconocimiento o de falta de supervisión”, asegura Jiménez.
–¿Cuál es el impacto de las presas de jales?
–El principal riesgo en general es que suceda un derrame con las que están cerca de los ríos.
“Una presa bien construida no se debe filtrar, puede derramarse, si su nivel va más allá de su capacidad. También puede liberar polvos ya cuando están en desuso, que podrían tener un impacto negativo; por eso debemos garantizar que el proceso de cierre sea adecuado y que se le dé mantenimiento para evitar esos daños”, explica Jiménez.
–¿Las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente?
–Tienen que estarlo, no es opcional; con el paso de los años se ha ido buscando que operen de manera ordenada con el medio ambiente, pero en sí, la operación de la mina es una actividad que tiene un impacto directo en el medio ambiente.
Con fines documentales se solicitó un recorrido a la mina de flúor Koura; sin embargo, éste no fue autorizado. También se envió un cuestionario, pero en su lugar Orbia respondió con un descargo de responsabilidad en un documento sin membrete: “Cualquier impacto que la empresa pueda causar está previsto y se puede atender con medidas de prevención o de mitigación que disminuyan los impactos y no afecten el equilibrio ecológico. Un ejemplo de esto es la inversión y monitoreo permanente de nuestras presas de jales, para mantener su seguridad, e incluso perfeccionar sus estructuras”.
En su respuesta, a solicitud de Proceso y gestionada por un despacho de relaciones públicas, Orbia asegura que está encaminada a una “minería más sostenible y responsable” tomando en cuenta al medio ambiente, a las comunidades y autoridades. “Contamos con estudios conforme a la NOM-001-Semarnat (en materia de aguas), NOM-141-Semarnat (presas de jales), NOM-157-Semarnat (residuos mineros), NOM-052-Semarnat (residuos peligrosos) y que son avalados por laboratorios certificados por la Profepa, Conagua y la Entidad Mexicana de Acreditación”, explican.
(*) Este proyecto de Historias Sin Fronteras fue desarrollado con el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes e Inquire First.
