MADRID (EUROPA PRESS).- Las minas antipersona y los restos de explosivos dejaron en 2019 más de 5 mil 500 víctimas --entre muertos y heridos--, casi la mitad de ellas niños, un dato inferior al registrado un año antes, pero aún elevado pese a los esfuerzos que se realizan desde la firma del Tratado de Ottawa en 1997 para acabar con este tipo de artefactos.

Lo anterior se desprende del último 'Observatorio sobre minas antipersona 2020', publicado este jueves por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL), que por quinto año consecutivo constata un número elevado de víctimas de minas antipersona, restos de explosivo o munición de racimo, que atribuye al elevado número de países con conflictos y al uso a gran escala de minas improvisadas.

Así, en 2019 hubo al menos 5 mil 554 víctimas de este tipo de artefactos, 2 mil 170 de ellas mortales, un dato inferior a las 6 mil 897 víctimas de 2018, pero aún 60% superior que el año con el dato más bajo, 2013, cuando fueron 3 mil 457.

El 80% de las víctimas fueron civiles y los niños representaron el 43% de ellas. Por sexo, 85% de quienes murieron o resultaron heridos por estos artefactos fueron hombres o niños. En total, hubo víctimas en 55 países o áreas, incluidos 36 Estados parte del tratado, y en siete ellos se superó el millar de víctimas: Afganistán, Colombia, Irak, Malí, Nigeria, Ucrania y Yemen.

"Hace siete años llegamos a un mínimo histórico en cuanto a víctimas de minas antipersona, pero este logro se ha revertido y estamos viendo un número creciente de civiles muertos y heridos", lamentó en un comunicado la directora de impacto del informe, Loren Persi, y resaltó que casi la mitad de las víctimas son niños.

"Tenemos que actuar ahora para revertir esta tendencia, salvar vidas y abordar el trauma y el sufrimiento con la tan necesaria asistencia", pidió.

El tratado, una "historia de éxito"

"Un total de 164 países están sujetos al Tratado para la Prohibición de las Minas Antipersona, 23 años después de su adopción, lo que supone más del 80% del mundo", resaltó Steve Goose, director de la división de armas de Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones que componen la ICBL. La mayoría de los 33 países restantes lo cumplen de facto, por lo que se trata de "una historia humanitaria de éxito", dijo.

HRW instó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a incorporar al país norteamericano al Tratado, una vez tome posesión --el próximo 20 de enero--, ya que una directiva de la administración de Donald Trump abrió a principios de año la puerta a la producción, adquisición y uso de este tipo de armamento. El Pentágono alegó entonces que son "una herramienta vital".

En el periodo analizado en el informe, entre mediados de 2019 y octubre de este año, sólo Birmania --que no ha firmado el tratado-- ha usado minas antipersona, mientras que este tipo de artefactos fueron empleados por grupos armados en al menos otros seis países: Afganistán, Colombia, India, Libia, Birmania y Pakistán.

Por otra parte, desde la ICBL han resaltado que "la amplia destrucción de las reservas de minas antipersona sigue siendo uno de los grandes éxitos" del Tratado de Ottawa. Hasta ahora, los países firmantes han destruido más de 55 millones de minas antipersona almacenadas, incluidas más de 269 mil en 2019.

Sin embargo, el año pasado se produjo también una reducción de los fondos destinados para combatir las minas antipersona. Así, los 45 países donantes y afectados aportaron 650.7 millones de dólares, 7% menos que el año anterior, y por primera vez desde 2016 el apoyo internacional cayó por debajo de los 600 millones.

En la actualidad hay 33 Estados parte contaminados con minas antipersona, seis de los cuales parecen encaminados a cubrir el objetivo de cumplir a tiempo con el desminado, mientras que otros ocho han solicitado una prórroga.

"Con siete Estados parte que tienen su fecha tope después de 2025 o lo han solicitado, es esencial que las partes del tratado no pierdan de vista nuestro objetivo y se mantengan vigilantes para lograr cuanto antes las obligaciones de limpieza", subrayó la embajadora de la ICBL y defensora de los derechos de los supervivientes, Margaret Arach Orech.

El año pasado en Oslo, los países acordaron "abordar la contaminación rescate en la máxima extensión posible para 2025", recordó, reclamando que esto "se traduzca en progresos concretos en el terreno en todos los estados parte afectados". "Cada mina que queda en el suelo representa un peaje humano en vidas y miembros perdidos", advirtió.