Con la llegada de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha convertido en un organismo plegado al discurso federal, sobre todo en temas como el INE, pero también se ha transformado en una entidad que le ha abierto las puertas al amiguismo, a la opacidad y a actos irregulares que rayan en la corrupción, de acuerdo con información recabada por este semanario.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuestionada desde que fue designada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su militancia en Morena y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Piedra Ibarra está emplazada a rendir cuentas en el Senado ante un cúmulo de señalamientos por su falta de autonomía ante al poder presidencial y el creciente deterioro de la institución.

Sin fecha aún para comparecer ante el pleno, de acuerdo con la minuta aprobada el jueves 3, Piedra Ibarra se acerca a su tercer año de mandato con serios desencuentros públicos con los siete integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, elegidos por más de 80% de los senadores.

Desde su nombramiento, el 7 de diciembre de 2021, los consejeros consultivos se han confrontado con ella por su negativa a interponer una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones legislativas para trasladar la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); por interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 3de3 contra la violencia, aprobada en el Congreso de Yucatán, pues la CNDH considera discriminatorio que se prohíba que deudores alimentarios accedan a cargos públicos, como se establece en esa legislación.

También se ha confrontado con el consejero Bernardo Romero Vázquez, quien evidenció que la presidenta de la CNDH rechazó interponer una acción de inconstitucionalidad contra una ley que privatiza el agua en Querétaro.

Recientemente la discusión por la cual el Senado la llama a cuentas fue por su pronunciamiento con el que se pliega al discurso presidencial contra el Instituto Nacional Electoral (INE); se trata de la Recomendación General 46, en la que, según ella, se reconviene al instituto a “transformarse”. Además, lo equiparara con el Instituto Federal Electoral en ser un “órgano autónomo únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, sino es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”.

Los consejeros Georgina Diédhiou, Tania Espinosa, Adalberto Martínez, Gloria Ramírez, Bernardo Romero, Jorge Saavedra y Ángel José Trinidad alertaron en un comunicado que lo dicho por la CNDH en su pronunciamiento era una “interpretación” del organismo, pero que no era compartido por el Consejo Consultivo que aprobó la resolución mencionada.

La combatividad que Piedra ha demostrado contra los consejeros contrasta con los dos cómodos primeros años de su mandato, cuando sólo tenía que debatir con una consejera, Rosy Laura Castellanos Mariano, luego de que el resto de los integrantes renunció en protesta por el desaseo en su designación.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2402 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 13 de noviembre de 2022.