Sedena
Ayotzinapa: La Defensa desinformó hasta al gobierno
La Sedena, ya con el general Luis Cresencio Sandoval al frente, no sólo levantó una muralla de silencio ante las indagaciones de los padres de los 43 normalistas. Sobre todo, reportó mentiras ante el requerimiento de autoridades civiles, como el subsecretario Alejandro Encinas.
La Secretaría de la Defensa Nacional, ya con el general Luis Cresencio Sandoval al frente, no sólo levantó una muralla de silencio ante las indagaciones de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 y los expertos que coadyuvaron en la investigación. Sobre todo, reportó mentiras ante el requerimiento de autoridades civiles, como el subsecretario Alejandro Encinas, aun en contra de las instrucciones de su comandante supremo, el presidente de la República.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La política de ocultamiento de información transexenal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso Ayotzinapa no sólo se ha aplicado a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, a sus representantes legales y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino que también se ha dirigido al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Vivienda, Alejandro Encinas, quien preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada por el presidente López Obrador para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala.
La persistencia de los familiares y el GIEI para tener acceso a los documentos, que obligó a López Obrador a llamar la atención al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, en 2021 para que entregara la información solicitada, ha evidenciado la opacidad, parcialidad y falta de verdad en las respuestas a la Covaj.
En su edición 2397, Proceso dio a conocer que entre los documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya se encontraba una lista de cuestionamientos formulados por los padres y madres de los 43, dirigidos al secretario Sandoval, recurriendo a la Covaj como intermediaria, sin que se diera respuesta directa a los familiares.
De acuerdo con los correos enviados por la Covaj a Sandoval González, localizados por este semanario entre la documentación hackeada, se le requirió atender el requerimiento a través de oficios fechados el 13 y el 21 de marzo, así como el 15 de mayo de 2019, derivado de la publicación de información periodística que revelaba que Julio César López Patolzin, uno de los estudiantes desaparecidos, era informante del Ejército.
Hasta el 24 de mayo de ese año la Sedena respondió el cuestionario elaborado por los familiares de las víctimas, en un oficio dirigido a Encinas Rodríguez y firmado por el director general de Derechos Humanos, Aníbal Trujillo Sánchez.
El oficio DH-7390, al cual tuvo acceso este semanario, responde 12 preguntas. Resalta lo que la Sedena dijo en ese momento sobre la condición de López Patolzin, luego de que se hiciera público un video en el que se veía a su madre, Joaquina Patolzin, hablar con un oficial sobre el caso de su hijo y su labor como informante del Ejército.
Sobre este caso, abordado en más de dos de 15 fojas, se explica que López Patolzin ingresó a la Sedena el 16 de enero de 2009 como soldado de infantería del 50º Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo, “recibiendo su adiestramiento básico en el Centro de Adiestramiento Regional de Petatlán, Guerrero, y no contaba con algún curso de inteligencia militar”.
