BOGOTÁ (Proceso).– Para los integrantes del GIEI fue “desconcertante” que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentara el pasado 18 de agosto el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) sin ponerlo del conocimiento previo de ellos y de los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace ocho años en Iguala.

Ese hecho, dice la integrante del GIEI Ángela María Buitrago, aunado al desplazamiento de la fiscalía especial del caso Ayotzinapa y a la “intromisión” del Ejército en la investigación, acabó por “fracturar” el proceso judicial del caso.

Y esa fractura, señala, “afectará muchísimo el futuro del caso” porque la investigación penal ha sido “manipulada” y “cuando tú empiezas a manipular la investigación penal con criterios diferentes a la prueba judicial, ya la investigación tiende a perderse”.

La experta dice que no se explica por qué la FGR asumió por encima de la fiscalía especial para el caso: “No tiene ni pies ni cabeza que la investigación judicial se ciña por una investigación de la Comisión de la Verdad, porque el informe de la Covaj no tiene el estándar probatorio que requiere el sistema penal, que son mucho más altos”.

–¿Ustedes avalan el informe de la Covaj? –se le pregunta a Buitrago.

–No, es que nosotros no avalamos el informe de la Covaj. Digamos que le damos la bendición, pero para poder afirmar lo que dice el informe necesitamos tener una valoración de los soportes que se mostraron, de las pruebas, y lo que sí podemos decir es que nosotros no tenemos evidencia de eso en materia probatorio.

–¿O sea que lo que hay en ese informe son indicios que no tienen valor probatorio?

–Ni siquiera son indicios, porque el indicio tiene un concepto particular dentro del derecho, que significa que puedes mostrar certeramente algo que surge de ahí. Son elementos a valorar y eso es lo que estamos haciendo en este momento.

–¿Ese informe, el papel de la FGR y de los militares es lo que provoca la “fractura” de la investigación?

–Sí. Esos elementos lo que hacen es generar una fractura y un choque entre padres, madres y GIEI con la Covaj, porque nosotros no conocíamos el informe, ni los padres ni sus representantes, y porque ahora (la FGR) ha aplicado criterios diferentes a las evidencias con valor probatorio.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2397 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.