CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El 11 de mayo de 2017, en un correo electrónico originado en el área de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dirigido a DN1 –como se suele identificar al titular de la dependencia–, se incluía al entonces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador en el cuarto lugar de una lista de 15 “actores adversos” a la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El documento sin firma, titulado “Caso Iguala-Actores adversos a la versión oficial”, forma parte de los 4.1 millones de correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, y se refiere así al actual presidente:

“El líder de Morena afirma que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no ha buscado llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ha dicho que si el Ejército es responsable de lo que pasó, debe hacerse justicia.

“Durante una reciente visita a Washington, tras ser increpado por el padre de uno de los desaparecidos, el aspirante presidencial aclaró que ‘el reclamo es al Estado, no a nosotros, el reclamo es al régimen, el reclamo tiene que ser al presidente, a las Fuerzas Armadas y a quienes intervinieron en el crimen”.

El documento sostenía que “diversos actores políticos y sociales han responsabilizado a las autoridades federales de obstaculizar la búsqueda de la verdad”, sobre lo ocurrido en septiembre de 2014, en un contexto en el que “la dilación en las indagatorias o las omisiones de la PGR se suman a las exigencias de conocer con mayor detalle la información de todo cuanto supieron los integrantes del 27 Batallón en Iguala, los cuales, según algunos personajes, tienen responsabilidad en la desaparición de los 43”.

El representante legal de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, sostiene que se mantiene la política de defensa al Ejército y de confrontación con quienes exigen rendición de cuentas y transparencia.

Y afirma: “Esa narrativa fue planteada por el general (Salvador) Cienfuegos, fue la narrativa que el gobierno de Peña Nieto siguió y es la que hoy se tiene y que la ha hecho propia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; él está también recibiendo y reeditando esa narrativa y esa asesoría que recomendó el Ejército mexicano”.

La estrategia: negar todo

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, el pasado 13 de septiembre, en su discurso para conmemorar a los Niños Héroes, llamó a “discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía”.

Al respecto dice Rosales: “Hoy el presidente está recibiendo la información del secretario de la Defensa Nacional y a partir de ahí se está formando una opinión… de que hay intereses ajenos a la lucha de los padres de familia de los 43, para minar y desprestigiar al Ejército mexicano”.

Basa su opinión en las recientes revelaciones de documentos extraídos de los servidores de la Sedena, en las que se aprecia la defensa del general Sandoval de uno de los implicados en el caso, el capitán José Martínez Crespo, al negar información al GIEI y quejarse de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reabriera la recomendación por violaciones graves 15VG/2018 para analizar el papel de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los estudiantes.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2397 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.