CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nombramiento de un personaje cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al frente de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), es la antesala del “desmantelamiento del Mecanismo Extraordinario de Acceso a la Justicia, para esclarecer el caso, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al no haber consultado a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos”, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

En entrevista, luego de que se diera a conocer la decisión del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero de nombrar a Rosendo Gómez Piedra para relevar a Omar Gómez Trejo, quien renunció al cargo, Rosales recordó que el Mecanismo Extraordinario tiene dos instancias: la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la UEILCA, siendo resultado “de un proceso de diálogo con las víctimas y el gobierno, como respuesta a los obstáculos e irregularidades que se cometieron en la administración pasada”.

Puntualizó que en el nombramiento de Gómez Piedra, quien fungió como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, durante la gestión del actual secretario de Gobernación en su pasó por la gubernatura de la entidad, no se consideró la opinión de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, por lo que se estaría atentando contra los acuerdos que dieron lugar al Mecanismo Extraordinario.

“El nombramiento del nuevo fiscal es parte de las señales preocupantes que se están dando en las últimas fechas por parte del gobierno, como son el retiro de 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares; la renuncia de Omar Gómez, y ahora el nombramiento de este nuevo fiscal sin avisar a los padres de familia.

“Además este fiscal no tiene el perfil para hacerse de cargo de la UEILCA, porque no conoce el caso Ayotzinapa ni es experto en materia de derechos humanos, tiene más bien un perfil político”, apuntó Rosales Sierra.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acusó que, con el nombramiento unilateral, “sin un diálogo ni consenso con las víctimas, lo más grave y preocupante es que estamos atestiguando un momento en que el gobierno está pateando el Mecanismo Extraordinario de Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, lo está socavando, lo está desmantelando”.

Tras señalar que desde las altas esferas de la FGR se “arrinconó al fiscal Gómez Trejo y se le obligó a renunciar”, Vidulfo Rosales consideró que tras la designación abrupta, para los representantes de las víctimas les será difícil trabajar con el nuevo fiscal, pero que tienen la garantía legal y constitucional de “participar de manera activa en las investigaciones como representantes de las víctimas”.

Apuntó que a esa misma dificultad podría enfrentarse el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que “coadyuvaban con el fiscal Gómez Trejo de manera muy cercana”, por lo que los familiares de las víctimas están a la espera de lo que decida esa instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vidulfo Rosales alertó que de continuar el proceso de desaparición del Mecanismo Extraordinario, la siguiente instancia a disolver sería la Covaj, encabezada por Alejandro Encinas.

“Nos encontramos en una etapa muy preocupante, ojalá la Covaj siga fortalecida con Alejandro Encinas, que siga sus trabajos, pero lo siguiente sería empezar a desmantelar la Covaj, estamos preocupados por esta situación, creemos no va a caminar bien”, sentenció Vidulfo Rosales.