CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al menos 20 presidentes municipales de Iguala y sus alrededores –de todos los partidos políticos-- estaban vinculados con grupos criminales, principalmente Guerreros Unidos, La Familia y en menor medida de los Caballeros Templarios, según un informe que la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional mandó a Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Inteligencia Criminal, en octubre de 2014.

En el informe, enviado a Zerón tres semanas después de la desaparición forzada de los estudiantes, se señalaba que José Luis Abarca Velázquez, el alcalde perredista de Iguala “proporcionaba protección” a Guerreros Unidos y que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, mantenía vínculos con miembros de la familia Beltrán Leyva, que encabezaba la organización criminal del mismo nombre.

De acuerdo con este correo, que forma parte de los millones de documentos extraídos de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo hacktivista Guacamaya, además de Abarca otros 19 presidentes municipales de la región estaban coludidos con la delincuencia organizada, incluyendo el priista César Miguel Peñalosa Santana, de Cocula, y Norberto Figueroa Almazo, alcalde de Huitzuco de los Figueroa.

Según las investigaciones oficiales sobre Ayotzinapa, policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco participaron en la desaparición forzada de los estudiantes, de la mano con integrantes de Guerreros Unidos y de fuerzas federales, incluyendo la Sedena.

De acuerdo con el informe, Guerreros Unidos trabajaba entonces de la mano con los presidentes municipales de Apaxtla de Castrejón –el perredista Efraín Peña Damasio--, de Taxco –el panista Salomón Majul González—de Buenavista del Cuellar –el petista Elías Salgado Sámano--, de Tlacotepec –el priista Mario Alberto Chávez Carbajal—y de Teloloapan –Ignacio de Jesús Valladares Salgado--.

El documento estipulaba que otros ediles de la región eran cooptados por La Familia y su líder, Johnny Hurtado Olascoaga “El Pez” –como María Guadalupe Eguiluz Bautista, presidenta municipal perredista de Tlalchapa, o el panista Antonio Galarza Zavaleta, de Tepecoacuilco--, y por los Caballeros Templarios como el perredista Marcial Cárdenas Sánchez, alcalde de Zirándaro de los Chávez.

Por cierto: en este documento, la Sedena establecía que Saúl Beltrán Orozco, alcalde por el PRI-PVEM de San Miguel Totolapan, tenía vínculos con Raybel Jacobo de Almonte, un capo conocido como “El Tequilero”. Durante años, el periodista Cecilio Pineda Brito denunció el vínculo del edil con el grupo encabezado por “El Tequilero”.

El reportero –quien fue espiado por la Sedena con el spyware Pegasus-- repitió el señalamiento en su transmisión en vivo del 2 de marzo de 2017. Horas más tarde, fue asesinado en Ciudad Altamirano.