CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Inhabilitar áreas de arrestos y negarse a “la remoción de losas de concreto” dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, fueron algunas de las recomendaciones que un asesor envió al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ante una visita a dicho cuartel que los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizarían en enero de 2015, en el contexto de la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Entre los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya consultados por Proceso, resalta un documento recibido el 26 de enero de 2015 por la Unidad de Asesores de Alto Mando de parte del general en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, desde su correo personal, que aborda el tema de dar acceso los familiares de los normalistas desaparecidos, en compañía de personal de la CNDH, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, como se comprometió  el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 15 de enero de 2015, tras una reunión con padres y madres de los estudiantes y sus representantes.

El documento de cinco cuartillas está dirigido al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, está fechado el 24 de enero de 2015 y se titula “Aportación sobre la próxima visita al 27/o B.I. de los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero”.

El reporte inicia con una relatoría de las declaraciones de Osorio Chong; del abogado de los familiares e integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales; del entonces ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez; de la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas; del vocero de los padres de los jóvenes desaparecidos, Felipe de la Cruz; del entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza… Todas relacionadas con la visita al cuartel militar de Iguala.

El documento incluye la afirmación del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, de que “ninguna declaración indica que elementos del Ejército Mexicano o de algún cuerpo de seguridad federal participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”.

De acuerdo con el análisis que hizo el general Aguilar sobre la situación en enero de 2015, los padres y madres de los normalistas tenían “la certeza de que sus hijos fueron asesinados por el crimen organizado con la participación de los policías municipales de Iguala”, pero “la mala intencionada estrategia de sus asesores los obligan a continuar señalando como presunto responsable al Gobierno Federal y pretenden involucrar al Ejército y a la Policía Federal, todo con la finalidad de desestabilizar al actual gobierno y lograr que el Ejército regrese a sus cuarteles”.

De acuerdo con ese planteamiento, los señalamientos que involucraban al personal castrense en la desaparición tenían como objetivo la desmilitarización de la seguridad pública, siendo esa “la estrategia de la izquierda mexicana y del crimen organizado para demostrar la incapacidad del gobierno y poner en duda su desempeño”.

Según el militar en retiro, en enero de 2015, los padres y madres estarían convencidos de que sus hijos no estaban en instalaciones militares “porque nunca estuvieron ahí”, por lo que recomendaba “ser cuidadosos ya que sus intenciones pueden pretender presionar a los mandos de las instalaciones militares para hacerles caer en contradicciones y con esto iniciar acusaciones más concretas”.

  Recomendaciones al titular de la Sedena by Revista Proceso on Scribd

Ante la visita –la cual se llevó a cabo la última semana de enero de 2015--, el general Aguilar que fungía como asesor de la Sedena recomendó que “por ningún motivo debe aceptarse que en los cuarteles militares se ha concentrado personal detenido”, por lo que, ante cuestionamientos, “debe responderse que cuando se detiene a presuntos delincuentes civiles nunca son concentrados en cuarteles militares, sino que del lugar de detención son llevados directamente a la agencia del Ministerio Público correspondiente”.

Al reconocer que en algunos cuarteles “es posible que exista sala de arrestados con rejas”, el militar recomendó quitar esas rejas “y, en todo caso, puntualizar que se emplean para personal militar que cometa faltas o delitos”.

En cuanto a lo que el entonces comandante del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez, debería decir, le aconsejó “ajustarse a las declaraciones iniciales y por ningún motivo debe caer en contradicciones sobre la no participación de su persona en la noche del 26 sep. 14” (sic).

Alertó que “cabe la posibilidad que los visitantes pretendan la remoción de alguna parte de los terrenos, o bien, el levantamiento de alguna losa de concreto; por lo que debe indicarse con toda seguridad que las construcciones existen antes de sep. 14 (sic) y que los terrenos no han sido removidos recientemente”.

Para el general retirado las observaciones de organizaciones sociales como Amnistía Internacional “no debe preocuparnos”, sino enfocarse en lo que digan la  CNDH y la CIDH porque son “a quienes se debe escuchar y de quienes se deben recibir recomendaciones en caso de que existan”.

En el documento el firmante insistió en que los padres de los normalistas “saben que en los cuarteles no van a encontrar a sus hijos, por lo que se estima que su visita tendrá por objeto presionar a los mandos para hacerles caer en contradicciones que permitan hacer acusaciones más concretas”.

El general Humberto Guillermo Aguilar, reiteró en su escrito que Rodríguez Pérez, actualmente procesado por delincuencia organizada, debía sostener la “versión oficial”, no caer en contradicciones y “por ningún motivo deberá aceptar que a los cuarteles se concentran civiles detenidos”; retirar rejas de las salas de arrestados; negarse a la “remoción de losas de concreto o excavaciones del terreno, argumentando que  existen desde años anteriores y que las tierras no presentan inicios e haber sido removidas recientemente”, y coordinarse con la CNDH y la CIDH, “pero soslayar la participación de Amnistía Internacional”.

El signatario del documento fue Oficial Mayor de la Sedena, comandante de la 36 Zona Militar, del 46 Batallón de Infantería, de la 5ª Brigada de Infantería; de la Guarnición Militar de San Felipe, así como agregado militar y aéreo en Argentina.

Aguilar fue señalado en Alemania de estar involucrado en el presunto cobro de sobornos de la empresa Heclker y Koch (H&K) durante el procesos de adquisición de armas cuando estaba la frente de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena.