Tras casi cuatro años de que el presidente López Obrador creó la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, el informe final de ésta involucró a integrantes del Ejército. Entrampado en el intento de deslindar a una institución clave para sus proyectos, ante las preguntas de Proceso el mandatario justificó la cancelación de órdenes de aprehensión por la FGR: “Buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante: “Es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano, también del Ejército”.

Así respondió el titular del Ejecutivo el lunes 26 de septiembre, al cumplirse ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, luego de que este semanario diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara las órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial para el caso en contra de 16 militares presuntamente implicados en los hechos (Proceso 2395).

Ese mismo día el presidente dejó claro que no pasaría ninguna orden de aprehensión que no se registrara en el informe a cargo del subsecretario Alejandro Encinas.

–¿Por qué se cancelaron esas órdenes de aprehensión? –le preguntó esta reportera.

–Porque no se incluían en el informe.

Añadió: “Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”. Y advirtió que tampoco había forma de reconsiderar dichos procedimientos: “No debería (reponerse el procedimiento contra los 16 militares exculpados) porque el informe (de Encinas) es el que nosotros consideramos como válido”.

Al día siguiente el presidente anunció la renuncia del titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, “porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión”.

En su conferencia del jueves 29 lo retomó: “El reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos. Entonces, no les gustó que se actuara así ni les gustó el informe, al fiscal que estaba, por eso planteó lo de su renuncia. Entonces, ¿qué se hizo? Se actuó con el informe de la comisión y se procedió”.

Al día siguiente, viernes 30, el presidente fue más conciso al asegurar que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue quien tuvo que “ajustarse a ese informe (de Encinas) y actuar” para girar las órdenes de aprehensión.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2396 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.