CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció la resistencia de autoridades militares para proporcionar información que ayude a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que habrían sido vigilados de cerca desde mucho tiempo antes de los hechos.

En víspera de que expire su mandato, creado a partir de un acuerdo entre el Estado mexicano, los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los expertos explicaron que, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio órdenes para que se abrieran archivos militares y se les diera acceso a documentos, no se les ha permitido abundar en mayor información.

Ángela Buitrago explicó que el año pasado pudieron identificar la existencia de un Centro Regional de Inteligencia Militar de la Zona Norte, que operaba en Iguala, y que tendría información relevante, entre ellas que “el 26 y 27 de septiembre de 2014 se reportó el traslado de seis y once personas a diferentes lugares”.

Agregó que, al solicitar mayor información, las fuentes castrenses les han respondido que ese Centro Regional de Inteligencia Militar “no existía en 2014, sino que nació en 2015”.

Claudia Paz y Paz destacó que la participación de elementos de las fuerzas armadas y de autoridades estatales, municipales y federales, son comprobables en las transcripciones de las escuchas de la DEA de miembros del grupo criminal, Guerreros Unidos, “incluso hay militares identificados por sus nombres”, como lo sería el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Nieto, éste último beneficiado de la solicitud de la FGR para cancelar 21 órdenes de aprehensión.

“Hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos, Marina, Servicio Médico Forense, diversos alcaldes, el C4 (que estaba bajo control militar) policías de varias instituciones y regiones, una relación cercana entre criminales y autoridades, hay acciones coordinadas entre ellos”.

Paz y Paz apuntó que en las conversaciones hay referencias a encuentros con miembros del Ejército y la Marina, incluso elementos que podrían hablar de pago de sobornos.

Los expertos explicaron que, a través de la documentación a la que tuvieron acceso, pudieron comprobar el uso del Ejército mexicano del malware Pegasus para espiar a miembros de Guerreros Unidos, sus familiares, integrantes de las fuerzas armadas, de corporaciones policiacas, que de igual manera confirman la colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada.

Carlos Beristain resaltó que el caso Ayotzinapa es emblemático de la “macrocriminalidad” en el que están involucrados autoridades de distintos niveles con la delincuencia organizada y su “poder de coptación” incluso de personal militar.