CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La renuncia del titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez, trae consigo graves consecuencias, como el retardo de entre tres y cinco años para continuar la indagatoria, alertó Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En conferencia de prensa, acompañada de expertos y en presencia de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, así como del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, Buitrago explicó que la “consecuencia negativa” de la renuncia de Gómez Trejo al frente de la UEILCA se debe a que no sólo fue él quien dejó la institución, sino también parte de su equipo fundamental en la litigación del caso.

Tras recordar que las investigaciones de la UEILCA contaban con más de 600 tomos, admitió que el tiempo en que se tardará el equipo que suplante al de Gómez Trejo puede llevar entre “tres y cinco años” para dominar la información, y así poder realizar una investigación exhaustiva.  

Resaltó que entre los fiscales que renunciaron con Gómez Trejo, está la fiscal que solicitó 83 órdenes de aprehensión al poder judicial, y que le fueron liberadas el 19 de agosto pasado, pero que después, a través de un agente del ministerio público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Penal con sede en Toluca, Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de 21 órdenes, 16 de ellas contra militares, entre ellos el coronel Rafael Hernández Nieto, quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería.

Buitrago puntualizó que los señalamientos contra 83 personas por parte de la UEILCA, era el resultado de un trabajo de más de dos años de investigación de esa unidad especial en coordinación con el GIEI, por lo que estaban totalmente sustentadas, tanto así que “el juez federal otorgó las órdenes de aprehensión”.

Los miembros del GIEI reconocieron el trabajo de Gómez Trejo como “independiente, profesional y ético, con apego al debido proceso y a la legalidad”, y alertaron sobre riesgos de que sus integrantes sufran represalias por su actuación autónoma.

Francisco Cox indicó que previo a la renuncia de Gómez Trejo, la FGR intervino la oficina de la UEILCA con personal de la visitaduría general, para realizar una auditoría, “que de manera inexplicable se realiza, porque en los tres años de gestión no se había hecho, casualmente se realiza después de que se solicitaron las 83 órdenes de aprehensión”.

“Tenemos un temor fundado de que haya represalias contra el personal de la UEILCA tras esa auditoría, lo que no queremos es que esa auditoría se traduzca en una cacería de brujas”, dijo Cox.

El experto puntualizó en que la UEILCA tuvo importantes avances en su investigación, y que ahora corren el riesgo de paralizarse, tras la renuncia de Gómez Trejo, motivada por “intromisiones” de otra área de la FGR para evitar los procesos judiciales contra personal militar y otros exservidores públicos de Guerrero.

Claudia Paz y Paz resaltó que desde que retomaron las investigaciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sólo los recibió en una ocasión, tras la creación de la UEILCA, y que después no ha vuelto a aceptar reunirse con los expertos.

La experta dijo que ante la grave situación en que se encuentra la investigación, han solicitado un encuentro con Gertz, a lo que les han respondido que en octubre podría llevarse a cabo la reunión.

Carlos Beristain apuntó que el GIEI ha recomendado al gobierno de México “el fortalecimiento de la UEILCA, que se revierta el proceso de deterioro, si no será difícil seguir adelante con la investigación”.