CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante la renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) respondió que ello se debió a la “injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República en la labor independiente que esta Unidad venía realizando”.

La organización que representa legalmente a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos consideró que la “injerencia indebida” se evidencia en “la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”.

En un pronunciamiento, el Centro Prodh lamentó la dimisión y alertó que es “en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso”, y pidió que no se tomen represalias en contra del extitular de la UEILCA.

Tras reconocer el trabajo de Gómez Trejo y su equipo, así como el apoyo que dio la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, presidida por Alejandro Encinas, la organización dejó entrever que detrás de la renuncia estaría la presión del Ejército mexicano.

En su comunicado, el Centro Prodh apuntó que información revelada en un medio de comunicación sobre la colusión entre integrantes del narcotráfico y elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, “confirma la necesidad de que integrantes de esa unidad castrense rindan cuentas” y es una muestra de “los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército”.

El Centro Prodh destacó que corresponde al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizar una evaluación del cúmulo de información de los últimos días, en el balance que próximamente presentará ya que, “como instancia internacional, se encuentra en la posición más adecuada de fungir como fiel de la balanza”.

En el número que está en circulación, la revista Proceso dio a conocer una serie de documentos que habrían sido el origen de la renuncia de Gómez Trejo, relacionados con la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas para militares, ya concedidas por juez federal a solicitud de un área de la FGR distinta a la UEILCA.

Entre la información revelada por este semanario se encuentra un oficio firmado por Gómez Trejo en el que reprocha al juez Segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, no haber notificado a la UEILCA de la solicitud de cancelación de órdenes de aprehensión, lo que se traduciría en que fue relevada por el juzgado para atender el caso Ayotzinapa, por lo que se deslinda “de todo mal actuar que se pudiera causar al proceso y por ende al derecho de las víctimas de acceso a la verdad y la justicia”.