Desde que se conoció la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014, los mandos del Ejército previeron que se verían involucrados en las investigaciones y se concertaron para sostener que ninguno de sus elementos participó en el crimen. No obstante el discurso aperturista de su comandante en jefe actual, el presidente López Obrador, documentos hackeados por el colectivo Guacamaya confirman que la jerarquía militar sigue tratando de ocultar información vital del caso.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya permitió documentar la continuidad en el abordaje del caso Ayotzinapa por parte de esa dependencia durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.

Una revisión de algunos de los millones de documentos filtrados por los activistas de Guacamaya alerta sobre la existencia de una política institucional de la Sedena de ocultamiento de información, de protección a personal militar, el desdén a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), así como el recelo hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las organizaciones de la sociedad civil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.

El lunes 3, el portal de Proceso y otros medios dieron a conocer documentos firmados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y obtenidos por la filtración de Guacamaya, que revelaban cartas enviadas a López Obrador.

En una de las misivas, fechada el 18 de enero de 2021, Sandoval evidencia su intención de influir en el proceso penal que se sigue contra el capitán José Martínez Crespo, exculpándolo de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y su papel en la desaparición de los estudiantes.

Otra carta, del 31 de marzo del mismo año, cuestiona la decisión de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de reabrir la recomendación 15VG/2018, relacionada con el caso Ayotzinapa, focalizándola en la participación del Ejército.

El 16 de abril de 2021 Sandoval González reportaba a López Obrador que, ante cuestionamientos de las expertas Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz sobre el Centro Regional de Fusión e Inteligencia de Iguala, les respondió que “dicho centro dependía del entonces Centro de Investigación y Seguridad”.

El 29 de septiembre de 2022, en su último informe el GIEI señaló que el secretario alegó que los datos que solicitaban, entre ellos el uso del programa espía Pegasus, “no se encuentran o no existen, aspecto que no responde a la verdad”.

Semanas antes de la presentación de ese informe, la agenda del titular de la Sedena revelaba que el 18 de septiembre –cuando presentó su reporte Alejandro Encinas, presidente de la Covaj– se reunió con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra.

En su calidad de comisario de la Gendarmería en Guerrero, de la entonces Policía Federal, García Harfuch fue uno de los funcionarios federales que después de la desaparición de los normalistas se reunieron en Iguala con Tomás Zerón, en ese momento encargado de la investigación y ahora prófugo, como uno de los responsables de construir la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto.

El GIEI, “izquierda radical”

Documentos obtenidos gracias al hackeo de Guacamaya resaltan la preocupación en la Sedena por el caso Ayotzinapa desde el inicio de la administración de López Obrador.

El 19 de diciembre de 2018 se envió desde el correo del jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, al correo del secretario Sandoval González el documento “Propuesta para fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas”, en el que se recomienda reforzar la propaganda castrense ante el desafío que representaría “la creación de la Guardia Nacional”, que implicaría que “la seguridad del país estará, más que nunca, bajo la responsabilidad del Ejército”.