Mil 522 quejas y denuncias por abuso y acoso sexual, abuso de autoridad, maltrato en la prestación de un trámite o servicio, uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable, entre otras, fueron presentadas en un periodo de seis años contra personal del Servicio de Protección Federal, organismo que el director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, contrató para resguardar las instalaciones de este centro educativo que mantienen tomado estudiantes y académicos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El Servicio de Protección Federal (SPF) –cuyos policías se aprestan a resguardar las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)— fue objeto de mil 522 denuncias y quejas por diversos abusos y maltratos en un lapso de seis años.

Según la página de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública, personal de la SPF fue denunciado entre 2012 y 2018 por, entre otros, abuso o acoso sexual, abuso de autoridad, maltrato en la prestación de un trámite o servicio y/o en el ejercicio de funciones, uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que, en 2020, sólo dos de 78 contratos, convenios y acuerdos aprobados para dar servicio cumplieron los Lineamientos Generales para el Establecimiento del Procedimiento de las Solicitudes de Prestación de Servicios que da el SPF.

Tales son los antecedentes del SPF que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 se encargará de la seguridad intramuros del CIDE Santa Fe, según lo comunicó la dirección de la institución el pasado 17 de diciembre. Será la primera vez que este organismo de seguridad –que cuenta con efectivos armados— resguarde instalaciones de un centro de educación superior. A ello se han opuesto la comunidad cideíta y organizaciones civiles que advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos.

El anuncio sobre la contratación del SPF ocurrió en medio del conflicto que enfrenta el CIDE desde agosto pasado, cuando José Antonio Romero Tellaeche fue nombrado director interino, pero que arreció el 29 de noviembre, al ser designado como director general por María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en una sesión del Consejo Directivo con irregularidades que generaron diversos amparos, como lo publicó Proceso en su edición 2355.

Ese mismo día los estudiantes tomaron el plantel y establecieron un plantón en la puerta principal que se mantenía hasta el jueves 23, cierre de esta edición, pues una de las condiciones para levantarlo es la renuncia del funcionario.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2356 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.