Estudiantes y profesores han presentado 11 recursos legales para impugnar la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE. Hasta ahora la justicia no les ha concedido su solicitud de detener el nombramiento, pero los procesos legales avanzan y esperan que los jueces emitan sus resoluciones en enero o febrero próximos. Entre sus argumentos señalan las “irregularidades” registradas en la sesión del Consejo Directivo del CIDE en que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, nombró a Romero director de esa institución de educación superior. Detalles de esa sesión son contados a Proceso por algunos participantes.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Si José Antonio Romero Tellaeche no renuncia a la dirección general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), podría caer por la vía legal, debido a los amparos interpuestos contra el proceso de designación, “porque es burda la violación a la normatividad y los argumentos son sólidos”, afirma Javier Martín Reyes, académico de ese centro de estudios, experto en derecho constitucional y uno de los abogados involucrados en la defensa de la comunidad cideíta.

Hasta el momento, estudiantes y profesores han interpuesto al menos 11 amparos contra la designación “irregular” de Romero hecha por la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Y aunque la justicia no les ha concedido la solicitud para que se detenga el nombramiento, el proceso no está cancelado: en la semana que corre están programadas tres audiencias incidentales y se prevé que se interpongan más amparos, adelantan a Proceso representantes de la comunidad estudiantil y académica.

El conflicto entre la comunidad del CIDE y Álvarez-Buylla comenzó en agosto pasado, con la renuncia del director Sergio López-Ayllón y la designación de Romero Tellaeche como interino. Cuatro meses después se encuentra empantanado: los estudiantes y académicos exigen la remoción del economista –quien el 29 de noviembre fue “formalizado” como director general por la directora del Conacyt–; pero ésta sostiene que dicho nombramiento no está sujeto a negociación.

Hasta ahora los cinco intentos de diálogo que ha habido entre las partes han fracasado y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha guardado silencio ante la solicitud de los profesores del CIDE –enviada el 7 de diciembre– para que intervenga como mediador e instale una mesa de negociación. Sólo el Senado ha tomado cartas en el asunto. Tras recibir a una comisión de alumnos y profesores el pasado martes 14, legisladores de diferentes partidos anunciaron que en enero de 2022 llamarán a comparecer a Álvarez-Buylla, escalando el conflicto del terreno académico-administrativo al político.

El viernes 17 los alumnos suspendieron la toma de la sede Región Centro, en Aguascalientes, “en congruencia con la voluntad del Senado” para resolver la crisis, dijeron. No obstante, la sede Santa Fe, en la CDMX, permanece bajo su custodia.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2355 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.