CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca serán las primeras entidades donde el gobierno mexicano concentrará su estrategia para erradicar el embarazo infantil y uniones forzadas, informó la Secretaría de las Mujeres.  

Se trata de entidades que tienen mayor incidencia de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones forzadas, ya sea en situación de matrimonio o unión libre. 

De los 50 municipios prioritarios identificados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), Guerrero encabeza la lista con 11, le siguen Chiapas, Chihuahua, el Estado de México y Oaxaca, con cinco municipios cada uno; mientras que entidades como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz, cuentan con dos municipios prioritarios, respectivamente. 

Cifras del documento “Criterios para la ejecución del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2026. Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, muestran el tamaño del problema:  

Del total de nacimientos en México en 2024 (un millón 413 mil 203), el 7.12% fue de una madre de 10 a 17 años. De éstos, 100 mil 635 casos, el 7.92%, fue de niñas entre 10 y 14 años. 

Más: la edad promedio de los padres fue de 20.17 años; fueron identificadas tres niñas de 10 años que se convirtieron en madres con parejas de 16, 17 y 32 años. Peor: 14 niñas de 11 años tenían parejas de entre 13 y 42 años y una niña menor de 14 tuvo un hijo con un hombre de 60 años. 

“Las cifras dan cuenta de un problema público de normalización de la violencia y el abuso contra las niñas, un escenario grave de omisión institucional y contextos de restricción de derechos de las niñas asociados a manifestaciones de violencia sexual”, advierte el documento. 

Coordinación con fiscalías, escuelas y salud 

Ante este panorama, la Secretaría de las Mujeres, -que desde ayer se encuentra acéfala tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora- informó que, junto con el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), pondrán en marcha un programa de atención focalizado en 50 municipios prioritarios del país, para combatir de raíz las causas del embarazo infantil y las uniones tempranas. 

Aunque no dio detalles del monto ni las fechas, agregó que la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras se implementará durante 2026, utilizando los recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM). 

La dependencia añadió que este esfuerzo es parte de la Fase III de la ENAPEA con el fin de “transformar esta realidad a través de una intervención integral que incluye la prevención, la justicia y el cambio cultural”. 

La estrategia parte de la premisa clara de que “el embarazo en niñas de 10 a 14 años es consecuencia del abuso sexual”. Así, se asegura que “una niña embarazada no decidió por cuenta propia, su estado es producto del abuso sexual, porque los datos son evidentes: en la mayoría de los casos las niñas con embarazos están relacionadas con personas mucho más grandes que ellas”. 

Luego de que fueron identificados los 50 municipios prioritarios para aplicar la estrategia, la Secretaría de las Mujeres dijo que ello permitirá a las autoridades actuar “de manera directa en aquellas zonas donde la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes es más crítica”. 

Y añadió que “se fortalecerá la coordinación con las fiscalías, las escuelas y el sector salud para asegurar que estos casos no queden impunes. 

Ley por encima de costumbres 

La Secretaría de las Mujeres anunció que reforzará el llamado a las autoridades locales “a sancionar con firmeza el abuso sexual”. Además, “se priorizará un diálogo horizontal con las comunidades para erradicar la normalización de las uniones forzadas, bajo el principio de que las leyes están por encima de cualquier costumbre cuando esta violenta la dignidad o la libertad de las niñas”. 

De la misma forma, se impulsará “la armonización de los códigos penales en todas las entidades, para establecer un piso mínimo de protección, así como el trabajo directo en el ámbito educativo, mediante el diálogo con docentes y familias en la prevención para proteger los proyectos de vida de las adolescencias”.  

La dependencia subrayó que “el objetivo central es lograr un cambio cultural profundo en la convivencia social para erradicar conductas normalizadas que suelen encubrirse como tradiciones”. 

El Gobierno de México tiene como meta “erradicar por completo, para el año 2030, los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años y reducirlos al 50% por ciento en adolescentes”.