CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó que el gobierno federal utilizó a su cliente para justificar la postura ante la petición de Estados Unidos para detener al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. 

A través de un comunicado, el despacho Coello Trejo y Asociados afirmó que, a diferencia del caso Rocha Moya y otros, las acusaciones que México tiene contra García Cabeza de Vaca no están relacionadas con el narcotráfico o protección institucional a integrantes de la delincuencia organizada. 

El pronunciamiento derivó de que, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que el gobierno de Estados Unidos no ha concedido la extradición de García Cabeza de Vaca y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, vinculado a una red de empresas factureras. 

Ello, para defender la postura del gobierno mexicano sobre la falta de pruebas en la solicitud de EU para detener provisionalmente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. 

“Hay una ofensiva de la derecha mexicana con la gran mayoría de los medios de comunicación, los comentócratas, que ahora más que nunca dicen exactamente lo mismo, sin variación, tomando la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos, para decir ‘que nosotros no queremos entregar a nadie’ y que ‘además vienen muchos más’. 

“Y nosotros en su momento dijimos: ‘a ver, que se presentan las pruebas’. Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’”, dijo la mandataria federal. 

Por eso, el despacho Coello Trejo recordó que el caso contra el exmandatario se relaciona con la compraventa de un departamento en Santa Fe y un cajón de estacionamiento en el año 2019 a través de la cual lo acusan de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. 

“El señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca reside libre y abiertamente en los Estados Unidos de América. Desde hace más de seis años ha presentado denuncias ante autoridades competentes en México y en los Estados Unidos sobre hechos de corrupción y delincuencia organizada (por ejemplo, fraude fiscal con combustible, conocido como ‘huachicol fiscal’)”, señaló el despacho. 

“La persecución política iniciada en su contra se intensificó después de que el exgobernador hiciera señalamientos públicos sobre redes de corrupción y estructuras criminales con protección política en México.”  

Los abogados del exmandatario estatal lamentaron que el gobierno utilice su caso con fines políticos contrarios a la correcta administración de justicia.