Bajo el mandato de Salvador Cienfuegos Zepeda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultó un buen aliado de la industria global del armamento: importó y vendió 110 mil 696 armas de fuego a las policías estatales y locales en todo el país, incluso a las corporaciones responsablesf de violaciones graves a derechos humanos, como las involucradas en la desaparecieron forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las organizaciones criminales no se quedaron con los brazos cruzados: cada hora, ingresaron a México una treintena de armas de fuego por la frontera con Estados Unidos –un total de entre 2.2 y 3 millones de armas en los últimos 10 años--, y además recuperaron parte de las más de 15 mil armas que diversas autoridades mexicanas reportaron como “robadas” o “extraviadas” en los últimos 15 años.

Entre enero de 2015 y octubre de 2020, por lo menos 114 mil 143 personas murieron por arma de fuego en México, y otras 60 mil 743 fueron heridas de bala, de acuerdo con las estadísticas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Siete de cada diez personas asesinadas en el país lo son por arma de fuego.

Mientras destroza existencias y atrapa México en una espiral del horror desde hace más 14 años, la “guerra contra el narcotráfico” que declaró el expresidente Felipe Calderón Hinojosa genera grandes negocios para las transnacionales del armamento de Estados Unidos, Europa e Israel, las cuales surten a los actores de la violencia con armas cada vez más potentes y sofisticadas, y miles de toneladas de municiones que las alimentan.

Tan sólo FN Herstal, la principal empresa de la industria del armamento de Bélgica –es propiedad del gobierno de Valonia--, vendió por 102 millones de euros de armas a México desde 2008, entre ellos 50 millones de euros en los últimos cinco años.

Las decenas de cargamentos que envió incluyeron 4 mil 197 ametralladoras Minimi y 748 ametralladoras de calibre .5 modelo M2HB. Uno de sus productos, el FN Five-seveN, es usado tanto por las fuerzas de seguridad como por los grupos criminales, que lo apodaron “el matapolicías”.

Tanto la Sedena como las empresas distribuyeron armas a sabiendas que las policías que las usarían tenían historiales de violaciones a derechos humanos y colusión con grupos del crimen organizado, según halló esta investigación, publicada en el marco del Proyecto Cartel, un proyecto realizado por 60 periodistas de 25 medios en 18 países del mundo, incluyendo Proceso, y coordinado por Forbidden Stories.

En México, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, al menos 86 periodistas fueron asesinados por arma de fuego en los últimos 20 años; en esta lista funesta figuran Miroslava Breach Velducea (Chihuahua), Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa) o, recientemente, Jesús Alfonso Piñuelas (Sonora), Arturo Alba Medina (Chihuahua) o Israel Vázquez, en Salamanca (Guanajuato).

Al menos dos periodistas, José Armando Rodríguez Carreón y Jaime Guadalupe González Domínguez, asesinados en 2008 y 2013 en los municipios chihuahuenses de Ciudad Juaŕez y Ojinaga, respectivamente, murieron por armas de fabricación europea.

Israel Vázquez fue asesinado el pasado 9 de noviembre pasado; estaba a punto de realizar un enlace en vivo para informar sobre el hallazgo de restos humanos en el bulevar Villa Salamanca. Las autoridades estatales detuvieron a presuntos sicarios y decomisaron varias armas, entre ellas rifles fabricados por empresas de Estados Unidos, Israel, Turquía y Alemania.

Control de la Sedena

En México, la Sedena tiene el control absoluto del comercio legal de armas en el país: es la única instancia facultada para producir, importar y tener un registro de las armas; también es la única que puede venderlas a corporaciones policacas, empresas privadas e individuos; y tiene un monopolio sobre la entrega de permisos.

“Ninguna otra nación del mundo concentra tanta autoridad para la adquisición, la distribución y el control de armas en una sola institución militar”, planteó el informe Comercio Letal, publicado hoy por un grupo de organizaciones mexicanas e internacionales y compartido de manera exclusiva a Forbidden Stories.

La Sedena tiene la obligación de informar a las empresas de armamento sobre el destino de cada arma; para ello, elabora un documento llamado Certificado de Usuario Final. La organización Stop US Arms to Mexico –que aboga por el cese del tráfico de armas entre Estados Unidos y México-- analizó 9 mil recibos y certificados de usuario final elaborados por la Sedena.

Determinó que, a menudo, la dependencia no cumple con sus obligaciones: de las 205 mil 340 armas compradas a empresas europeas entre 2008 y 2018, la Sedena solo entregó 44 mil 293 certificados, es decir, menos de una cuarta parte. Así, la Sedena no entregó un solo certificado sobre las 28 mil 156 pistolas Beretta que vendió a distintas policías entre 2014 y 2018, y ellos a pesar de que la empresa italiana envió material a Sinaloa, Jalisco y Guerrero.

Y no solo esto: John Lindsay Poland, el director de Stop US Arms to Mexico, dice a Forbidden Stories la Sedena plantea “sistemáticamente” que el arma estará destinada al ejército, “incluso cuando estas armas terminarán en manos de policías locales y estatales”, entre ellos los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas o Chihuahua, que tienen restricciones para conseguir armas en varios países.

“La detención de Cienfuegos, junto con otra evidencia que tenemos, sugiere que la corrupción en el comercio de armas en México es sistémica”, estima el experto, en referencia al arresto del general, ocurrido en octubre pasado en Los Ángeles, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputaba la fiscalía, con información de la DEA.

Tras un intenso e inédito cabildeo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la fiscalía estadunidense abandonó los cargos y mandó al militar de regreso a México, en libertad. Según la DEA, Cienfuegos trabajaba de la mano con una célula del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, bajo el apodo de “El Padrino”.

Carrera armamentista

A pesar de que México cuenta con uno de los marcos legales más estrictos en el mundo en materia de armas, y que solo existe una tienda en todo el país –cerca del cuartel general de la Sedena--, el país es un actor central en el negocio multimillonario de la venta de armas, y por lo tanto una fuente de ingresos para las transnacionales del armamento.

La “guerra contra el narcotráfico” desencadenó una carrera armamentista desenfrenada en México, en la que participan organizaciones criminales y fuerzas de seguridad, estas últimas con el apoyo financiero de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida.

En esta carrera, todas las partes han acumulado una enorme cantidad de armas, cada vez más poderosas y sofisticadas. Así, el gobierno mexicano compró por cerca de 123 millones de dólares de armas a empresas de Estados Unidos entre 2015 y 2017, mientras que compañías del armamento establecidas en Europa e Israel enviaron más de 238 mil armas a las policías estatales y municipales de México entre 2006 y 2018.

Según la organización Stop US Arms to Mexico, entre 2006 y 2018 Beretta vendió 108 mil armas a México –por más de 50 millones de dólares--, Glock (Austria) otras 68 mil, IWI (Israel) más de 24 mil, Colt (Estados Unidos) mandó más de 21 mil y Heckler & Koch más de 19 mil.

En abril 2020, la empresa alemana Sig Sauer mandó un lote de 50 mil pistolas –ensambladas en su fábrica de Estados Unidos-- para la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad que creó el gobierno de la llamada Cuarta Transformación; en marzo de 2015, la misma empresa recibió luz verde del gobierno de Estados Unidos para exportar por 266 millones de dólares de armas a México, destinada a la Secretaría de Marina (Semar) hasta febrero de 2024.

Los grupos mexicanos también construyeron imponentes arsenales, principalmente mediante la compra de armas en Estados Unidos –cuyo mercado está “muy militarizado y muy permisivo”, deplora Lindsay-- y su tráfico hormiga a México y, en ocasiones, con el robo de armas a fuerzas de seguridad mexicanas.

Con el paso de los años, se hicieron con armamento militar de muy alto poder de fuego, y se hicieron expertos en transformar las armas semiautomáticas en automáticas, incrementando así su poder letal.

Aparte de las armas tipo AK –los famosos “cuernos de chivo”-- o AR-15 estadunidenses, los grupos criminales utilizan rifles automáticos y semiautomáticos más variados: así, durante el contraataque que lanzaron integrantes del Cártel de Sinaloa el 17 de octubre de 2019 para frustrar la detención de Ovidio Guzmán, se observó una ametralladora belga FN Herstal, un lanzacohetes antiblindados M72 LAW de Estados Unidos, unos rifles de modelo AK fabricados en Rumania, así como pistolas de Beretta, marca italiana, y Glock, de Austria.

Otro: durante el atentado perpetrado por 28 sicarios --presuntamente bajo instrucciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-- contra Omar García Harfush en el corazón de la Ciudad de México, se usaron armas de grueso calibre de distintos orígenes, entre ellos un FN SCAR 17 belga.

Los grupos criminales no uniformados no tienen el monopolio de la violencia. El 26 de septiembre de 2014, la policía municipal de Iguala, involucrada en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tenía 73 rifles de asalto de la marca italiana Beretta y 37 rifles G36 alemanes; la Israel Weapons Industries (IWI) vendió armas a la policía estatal de Veracruz mientras operaba grupos de tipo “escuadrón de la muerte” involucrados en la ejecución extrajudicial de al menos 15 jóvenes.

La incesante militarización del país sigue abriendo apetitos: en la última década, Reino Unido multiplicó por seis sus licencias de exportación de armas –de 58 en 2008 a 350 en 2017-- y el gobierno británico incluyó a México en su lista de “países prioritarios para las exportaciones de armas”.

Las autoridades mexicanas han decomisado 166 mil 401 armas de fuego entre 2010 y 2020 y, según el anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno –del que viene del dato--, se observó un desplome constante en el número de armas aseguradas durante ese periodo: de 40 mil 406 aseguramientos en 2011, cayó a apenas 7 mil 532 en 2019.

La enorme mayoría de las 2 a 3 millones de rifles y pistolas ingresados ilegalmente en México en la última década sigue en circulación. Siete de cada diez armas que circulan de manera clandestina en México provienen de Estados Unidos, y el 30% restante eran de empresas de otros países, principalmente Bélgica, Italia, Alemania, Austria, Rusia, Rumania e Israel.

El informe Comercio Letal muestra cómo las empresas europeas exportaron su material bélico en México, a sabiendas –por los certificados de usuario final-- que terminaría en las manos de policías municipales responsables de graves violaciones a los derechos humanos, a veces en contubernio con grupos del crimen organizado.

Casos de crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad pululan en la historia reciente de México. El informe cita algunos: la policía municipal de Allende, en Coahuila, que dejó los sicarios de Los Zetas desaparecer a 300 personas del municipio durante cinco días; la policía Estatal de Veracruz que participó en la desaparición forzada de 202 personas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa; o las 148 medidas cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hacia la Sedena y la Semar.

“El involucramiento de fuerzas estatales en violaciones serias a los derechos humanos y la colusión entre policías y funcionarios con el crimen organizado, hacen de las exportaciones de armas de Europa e Israel a México un tema extremadamente problemático, no sólo desde una perspectiva ética, sino legal”, sentenció el informe.

Sin embargo, existen pocos precedentes de casos en los que hubo penales para actores de la industria del armamento de Europa.

Uno de ellos fue la condena de dos exempleados de la empresa alemana Heckler & Koch, tras determinar que la mitad de los 9 mil 652 rifles de asalto de modelo G36 que exportó a México entre 2006 y 2009 terminaron en manos de policías de Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua, en infracción con las leyes de exportación, que prohíben el envío de armas a estas entidades, por el riesgo de que las podrían usar en violaciones a derechos humanos.

El sueño americano

Cuando la Comisión Europea endureció las reglas de exportación de armas, las principales empresas europeas de armas ligeras –como Beretta, Glock, FN Herstal, Sig Sauer, IWI, Ceska Zbrojovka, Heckler & Koch y Walther--, en lugar de cuadrarse con las nuevas normativas, crearon filiales de manufactura o ensamblaje en Estados Unidos, en un entorno muy laxo en materia de regulaciones domésticas y de exportación, sobre todo a partir de 2004.

Ese año, en pleno segundo mandato de George W. Bush, el Congreso de Estados Unidos levantó un veto de 1994 que prohibía la venta de armas semiautomáticas de grueso calibre. 

Del día a la mañana, las tiendas de armas –son actualmente 55 mil 891, o una tienda por cada 6 mil habitantes-- empezaron a vender armas extremadamente potentes de manera masiva, amparadas detrás de la segunda enmienda y del cabildeo agresivo de la poderosa National Rifle Association (NRA), que representa los intereses de la industria del armamento en Estados Unidos.

Las empresas europeas argumentan que sus filiales en Estados Unidos les permiten penetrar en el país norteamericano y ahí competir con los gigantes locales por el mercado que representa: cuatro de cada diez ciudadanos poseen un arma de fuego, y hay cerca de 400 millones de ellas en circulación. En 2018, las autoridades estadunidenses reportaron 39 mil 740 muertes por arma de fuego, una cifra mayor al número de fallecimientos por accidentes de tránsito.

Aparte, las empresas extranjeras utilizan sus fábricas para producir las armas que exportan a México –a menudo les permiten pasarse por alto los requisitos mínimos vigentes en la Unión Europea--, y saben que muchas de las que venden en Estados Unidos son traficadas al sur del Río Bravo, donde alimentan enfrentamientos sin fin.

Un análisis del Violence Policy Center sobre más de 6 mil 500 armas decomisadas en intentos de ingresar a México muestra que 3 mil 200 de ellas habían sido fabricadas en el extranjero –muchas de Bélgica--, e importadas a Estados Unidos. Kristen Rand, investigadora en el Violence Policy Center, señala que las reglas absurdas de Estados Unidos permiten la importación de armas económicas tipo “cuerno de chivo” como si fueran equipos de caza deportiva, y no de uso militar.

“Hicimos un estudio con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI); nos dieron un listado de armas aseguradas en México por motivo de algún evento delictivo provenientes de seis países: Italia, Alemania, Austria, Francia, Bélgica y España. Dimos a cada uno de los embajadores el listado de armas y ellos, en sus países, las identificaron; nos contestaron que sí son de ellos, pero vendidas en Estados Unidos”, dice una fuente del gobierno mexicano, entrevistada para esta investigación.

Admite que actores criminales en México se roban las armas de sus contrincantes, “pero no sólo sucede en México, sucede en todas las partes del mundo; donde hay conflictos armados y los ejércitos se pelean o matan gente o los civiles matan a un soldado, se roban el arma”.

Lindsay, por su parte, duda que agentes mexicanos entreguen masivamente sus armas a los grupos delincuenciales como producto de la corrupción –no hay necesidad de ello--, y planteó: “en materia de colaboración con el crimen organizado, el papel de las fuerzas gubernamentales en México tiene más que ver con lo que hacía Salvador Cienfuegos, luchar contra el rival y favorecer a su aliado”.

En respuesta a una solicitud de información, la Sedena informó que las corporaciones civiles federales y estatales –es decir, las fiscalías y policías locales y federales y la Guardia Nacional/Policía Federal-- extraviaron 11 mil 643 armas entre 2010 y 2020. Las autoridades capitalinas resultaron las que reportaron el mayor número de extravíos o robos a la Sedena: mil 372, seguidas por la PF y la GN, que reportaron 925 armas pérdidas.

Entre 2006 y 2017, las policías y fiscalías de Guerrero y Tamaulipas –dos entidades azotadas por la violencia y la corrupción-- reportaron el robo o extravío del 10% y 20% de sus armas, respectivamente.

Colaboración incipiente

En materia de colaboración, el gobierno mexicano estuvo prácticamente a ciegas con la Unión Europea, hasta que en julio pasado, Fabián Medina Hernández, jefe de Oficina del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, viajó a La Haya para firmar un acuerdo que había negociado con la Europol, el cual abrió las puertas de la institución a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dicho acuerdo permite a las autoridades de México acceder al sistema de intercambio de información conocido como SIENA, el cual agrupa a información de mil 400 agencias y autoridades países de la UE y de países externos, la cual incluye los registros de armas de fuego y pruebas balísticas eTrace.04, Ibis e iArms, así como información sobre diversos delitos de delincuencia internacional.

En entrevista, el funcionario dice que la Europol había enviado una invitación al gobierno de Enrique Peña Nieto para participar en la iniciativa, pero la administración no contestó la invitación ni le dio seguimiento. “Nunca les interesó, no negociaron nada”, subraya Medina.

Preguntado sobre los avances de este acuerdo, un alto funcionario del gobierno de López Obrador deplora que, hasta la fecha, la SSPC “no ha hecho ninguna consulta a Europol”, en parte debido a la renuncia de su extitular Alfonso Durazo –para competir a la gubernatura de Sonora-- y al proceso de transición en la dependencia.

El pasado 4 de diciembre, Medina publicó un artículo en el diario belga Le Soir, en el cual exhortó la comunidad europea a presionar las empresas de armamento de los países miembros que tienen sucursales en Estados Unidos para que tomen medidas “con el afán de que estas armas no terminen entre las manos equivocadas, y expresen un compromiso fuerte a favor de los derechos humanos”.

De hecho, considera que los acuerdos, además de tener ventajas en términos policiacos y en investigaciones criminales, ofrecen a la Cancillería la posibilidad de afinar sus estudios sobre la venta de armas para “ir a los diversos foros internacionales y plantear los diagnósticos que tenemos, para pedir que haya mejores prácticas en el comercio de armas”.

Y abunda: “En Estados Unidos no puede ser que vendan las armas en estas condiciones… para esto nos sirve: en términos diplomáticos y en términos de foros multilaterales”.

Desde el año pasado, el gobierno López Obrador ha reiterado ante Washingon la necesidad de que intensifique sus esfuerzos para combatir de manera seria el tráfico de armas, en reciprocidad con la colaboración de México en materia de combate al tráfico de drogas y en materia migratoria.

De hecho, durante una reunión reciente con altos funcionarios de Estados Unidos, Luis Cresencio Sandoval, el actual titular de la Sedena, expresó su irritación ante la inacción de Washington.

Según el Washington Post, en una investigación sobre el tráfico de los devastadores rifles de calibre .50, publicada el pasado 19 de noviembre, el general Sandoval preguntó a sus interlocutores estadunideses: “¿Qué pasaría si hiciéramos tan pocos esfuerzos para detener las drogas como los que hacen ustedes para parar las armas?”.

*Amrai Cohen (Die Zeit), Jules Giraudat (Forbidden Stories), Nina Lakhani (The Guardian), Bart Libau, Dana Priest (Washington Post) y Phineas Rueckert (Forbidden Stories), Benedikt Strunz (NDR), entre otros, contribuyeron en esta investigación.