XALAPA, Ver.-  El miedo, el silencio, las dudas y las contradicciones prevalecen en torno al asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz.

Comprometido públicamente a esclarecer el crimen cometido en abril de 2012, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que desmontar la verdad jurídica construida en su momento por el gobierno de Veracruz y avalada por la justicia federal.

Una nueva investigación deberá centrarse en lo que en todo momento evitó el gobierno de Javier Duarte: los grupos o personajes a los que pudo incomodar el trabajo de la periodista, reconocida por su conocimiento de la vida pública y sus protagonistas, y la realidad social de la entidad.

Existen todo tipo de especulaciones sobre las circunstancias, motivos y autores del homicidio de Regina, debido a que la fiscalía veracruzana no se movió ni un centímetro de su conclusión del robo como móvil, y se negó siempre a seguir la línea de investigación que aclararía si el homicidio estuvo relacionado con el trabajo de la periodista, sus reportajes o notas.

Exgobernadores, jueces, fiscales se han obstinado durante casi nueve años en sellar el expediente judicial y cualquier acceso posible a la única persona detenida y sentenciada como uno de los dos presuntos responsables del homicidio de la corresponsal, Jorge Antonio Hernández “El Silva”.

Preso desde 2013, el hombre ha sostenido su inocencia y la versión de que inicialmente se dijo copartícipe obligado mediante tortura. Lo ha dicho todo el tiempo a su abogada Diana Coq, la única que lo visita en prisión, donde permanece en un inexplicable aislamiento.

El consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories investigó el homicidio de la periodista de Proceso en busca de su esclarecimiento, como parte del “Proyecto Cartel”, un trabajo de periodismo de colaboración en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, incluyendo a Proceso.

Por primera vez, autoridades involucradas en la investigación y juicio del asesinato decidieron dar su versión sobre el crimen cometido hace casi nueve años en Xalapa, Veracruz.

Una verdad fue demostrada a raíz de algunos de estos testimonios y la investigación de este consorcio: el gobierno de Javier Duarte desplegó una operación política, mediática y jurídica para imponer a toda costa la versión de que Regina Martínez fue asesinada por dos hombres a los que abrió las puertas de su casa y le robaron. Uno de ellos, según el relato oficial, era su novio y se dedicaba a prostitución.

En esta estrategia, tocó a Luis Ángel Bravo, como titular de la Procuraduría y luego Fiscalía en los últimos años del gobierno de Duarte, revocar la sentencia que exoneró a “El Silva” mediante un amparo indirecto que -como reconoció en una declaración solicitada por las reporteras para esta investigación- fue redactado e interpuesto ante la justicia federal por decisión del gobierno “ante la tremenda presión social para resolver el caso”.

El exfiscal reveló que funcionarias bajo su mando buscaron a familiares de la periodista y los convencieron para que firmaran el amparo.

“Evidentemente, si para hacer legítimo el acceso a esa vía se requirió que el hermano de la víctima firmara un amparo, también. Pero yo te puedo garantizar que el amparo se hizo en la Fiscalía, la Procuraduría del Estado”, afirmó Bravo, quien fue nombrado procurador por Javier Duarte en febrero de 2014, tras la dimisión de Amadeo Flores Espinosa, responsable de la investigación y la versión oficial.

El exgobernador Javier Duarte ahora está preso en la Ciudad de México, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos por los que fue sentenciado a nueve años. Luis Ángel Bravo fue acusado de desaparición forzada de personas y permaneció en prisión domiciliaria, pero hace unos meses un recurso de amparo le permitió abandonar esa reclusión.

El exprocurador Amadeo Flores Espinosa, quien también fue contactado por integrantes del consorcio de periodistas, se negó a ser entrevistado, señalando que “todo está en el expediente del caso”.

El grupo de periodistas corroboró también la participación de asesores allegados a los gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte para difundir ampliamente en medios y a través del uso de “bots” la versión del robo y de una supuesta relación amorosa de la reportera con uno de sus asesinos.

Esta investigación es la primera parte de The Cartel Project, una serie de cinco investigaciones publicadas por Forbidden Stories y sus socios partiendo de la violencia contra periodistas en México.

El consorcio constató cómo, desde el asesinato de la corresponsal y hasta la fecha, persiste también en Veracruz el miedo, la censura -y en algunos casos, el exilio- entre sus amigos y compañeros de aquél entonces.  

Hay que susurrar, hablar en voz baja, reunirse en lugares discretos, desde el anonimato o con la identidad bajo reserva, si se quiere conversar con periodistas de este estado sobre el asesinato de Regina Martínez y sobre los crímenes contra tantos otros de sus compañeros.

Otros optan por callar.

Eso han aprendido aquí, donde más violencia homicida han vivido; donde en un solo sexenio, el más cruento que se haya visto en la historia del periodismo en el país, el del gobernador Javier Duarte de Ochoa, 17 periodistas fueron asesinados.

Treinta han perdido la vida a manos de criminales del año 2000 a noviembre de 2020, sin que la mayoría de los casos se hayan esclarecido. El más reciente, Julio Valdivia, apenas el 9 de septiembre pasado.

Con la llegada de Cuitláhuac García, de Morena, poco o nada ha cambiado en este estado para los periodistas. Esa atmósfera de miedo se ha quedado como parte de su cotidianidad.

Ese silencio permea entre periodistas, si bien han surgido algunas versiones sobre temas o asuntos que Regina pudo estar investigando antes de su muerte. El fotógrafo Julio Argumedo dijo a periodistas del consorcio que la reportera estaba investigando sobre personas desaparecidas o asesinadas que se encontraban en fosas comunes en el estado y que estaba por publicar algo al respecto en ese tiempo.

La corresponsal no tenía ninguna orden de trabajo ni una instrucción de cubrir el tema por parte de Proceso. Tampoco había comentado o informado que estuviera realizando alguna investigación o reporteo sobre ello.

El compromiso del presidente

“Es un compromiso”, dijo el 19 de noviembre en su conferencia matutina el presidente López Obrador, ante la pregunta formulada por el consorcio a través de Proceso: ¿puede tomar la decisión hoy de reabrir el caso de Regina Martínez y que se realice una investigación independiente?

“Nosotros no protegemos a ningún grupo de intereses creados, no protegemos a la delincuencia común ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros llegamos aquí para representar al pueblo y para servir al pueblo, sólo le debemos al pueblo lo que representamos. Entonces, estamos trabajando en eso…En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso”, respondió el presidente.

Luego, recordó que había conocido a Regina a principios de la década de los noventa. “Me acompañó en el ‘éxodo por la democracia’, cubrió todo nuestro andar, toda nuestra trayectoria en Veracruz, en 1990, 91…Entonces la conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional. Entonces, si vemos la forma legal de que se reabra el caso, si es que está archivado”.

López Obrador dijo ignorar que el caso estuviera cerrado. “Pero si es así, lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. Tenemos ahora condiciones distintas, porque no hay contubernio. Entonces, podemos conocer toda la verdad, como es nuestro compromiso de saber la verdad y castigar a los responsables”.

Ese día comprometió al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a presentar un informe sobre los periodistas asesinados en México y la situación de las investigaciones en cada caso. Encinas lo presentó el miércoles siguiente, 25 de noviembre.

Allí expuso que del año 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país, pero reconoció: “este año es, lamentablemente, el año donde se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19”, más de la mitad de ellos en cinco estados, entre los que destaca Veracruz.

Del compromiso para retomar la investigación sobre el asesinato de Regina, todavía nada.

Para cumplir con su palabra, el presidente se encontrará por ejemplo con que en la Fiscalía General de la República (FGR) prevalecen contradicciones sobre el caso, y hasta dos “versiones oficiales” sobre el estado que guarda el expediente.

El consorcio envió unas preguntas dirigidas al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre la investigación, debido a que en ella participó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): se le preguntó si la FGR cuenta con más información sobre quién mató o pudo ordenar el asesinato de Regina. Y esto respondió la oficina del fiscal:      

“A la fecha, las investigaciones de los hechos dentro de la averiguación previa radicada en el fuero común han dado lugar a que una persona haya sido sentenciada a 38 años de prisión por el homicidio de la periodista Regina Martínez en el estado de Veracruz. Asimismo, se ha establecido la participación de una segunda persona que se encuentra identificada y se encuentra prófuga de la justicia con una orden de aprehensión en su contra”.

Esta segunda persona es, según la narrativa de la procuraduría y actual fiscalía de Veracruz, Adrián Hernández Domínguez y/o Abraham Castillo Capetillo, alias “El Jarocho” o “El Trompas”, quien según la abogada Diana Coq contaba con antecedentes o era investigado por homicidio antes de aparecer como involucrado en el asesinato de la periodista.

En la respuesta del gobierno federal también se afirmó: “las fiscalías estatal y federal han desahogado investigaciones para determinar si existió alguna relación entre el homicidio y el ejercicio periodístico de la víctima. A la fecha todos los datos de prueba con los que se cuenta revelan que el móvil de los hechos fue el de robo, sin que exista dato alguno que vincule los hechos con su actividad periodística”.

La FGR igualmente atribuyó “el móvil de los hechos” al robo de pertenencias de la periodista: “relojes, celulares, pantallas de televisión, dinero en efectivo, entre otras”. Es decir, dio por sentado que la investigación de la entonces procuraduría veracruzana fue correcta en su conclusión.

Pero para la FEADLE -instancia adscrita a la FGR- el panorama es otro. En respuesta a una solicitud de información presentada ante la Unidad de transparencia y apertura gubernamental para tener acceso al expediente que la FEADLE inició por el homicidio de la corresponsal, mediante el oficio FGR/UTAG/DG/004124/2020, la FGR se negó a entregar copia de la averiguación previa 34/FEADLE/2012, debido a que “es una investigación abierta”.

En esta respuesta, fechada el 26 de octubre pasado, la FGR detalló que esta averiguación previa “se encuentra en trámite e integración, por lo tanto lo solicitado, haría publica la información que se recopila en la investigación que llevan a cabo los agentes del Ministerio Público de la Federación, para acreditar el delito, la probable responsabilidad de el o los indiciados, la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, por lo tanto el riesgo real, demostrable e identificable se encuentra latente quebrantando la seguridad de las víctimas de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”.

El Comité de transparencia de la FGR detalló que la entrega del expediente de la averiguación implicaría impactar en las facultades de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación en este caso “así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente”.

Y fue más allá: determinó en sesión del 20 de octubre confirmar la reserva de la averiguación hasta por un periodo de cinco años, “o bien, hasta en tanto subsistan las acciones de investigación y persecución del delito”.

La obtención del expediente de la causa penal por parte del Poder Judicial del estado tampoco fue sencilla.

A la solicitud que se hizo a través de la Unidad de transparencia y acceso a la información del Poder Judicial de Veracruz, éste respondió dentro del plazo legal que se entregaría la copia de los volúmenes que conforman las 5 mil 180 fojas correspondientes al expediente judicial.

Aunque para el momento de la respuesta, éste se encontraba en manos del Juzgado primero de primera instancia, con residencia en Pacho Viejo, junto al penal donde se encuentra cumpliendo su sentencia Jorge Antonio Hernández, “El Silva”.

Mediante una comunicación telefónica, de manera inusual las reporteras fueron convocadas a presentarse en la sede del Poder Judicial, en las oficinas de la Unidad de acceso, a donde acudieron el 22 de octubre.

Personal de la unidad les solicitó direcciones de correo electrónico y números telefónicos “para notificarles directamente”, aunque se les precisó que normalmente se responde a las solicitudes de los usuarios “sin verlos jamás”.

Finalmente, el 30 de octubre, la respuesta fue afirmativa: se entregaría una versión pública de las copias de las miles de fojas del expediente. De hecho, desde febrero de este año se había resuelto lo mismo sobre otra solicitud, pero luego el juzgado reportó “diversos tipos de incidencias presentadas al digitalizar la información del expediente”, tales como que el personal que se encargaba de esa tarea se había equivocado al escanear sólo una cara de las hojas y no ambas, según la respuesta a la solicitud registrada con el folio 01737820, con el oficio UTAIPPJE/1452/2020.

Pero también se determinó que el expediente digitalizado se entregaría a plazos: “el comité considera viable realizar la entrega de 03 archivos cada semana, específicamente los días hábiles jueves, ocupando un total de 20 semanas, que corresponden a 05 meses, descontando los días festivos aprobados por el Consejo de la Judicatura”, dice el acta del Comité de transparencia del Poder Judicial fechada el 30 de octubre.

Y así, a plazos, se está entregando.

Éxodo y miedo

Fue en el sexenio de Javier Duarte cuando Regina Martínez murió asesinada en su casa, ese 28 de abril de 2012. “Es como si hubiera ocurrido ayer”, repite de boca de otros colegas la periodista Norma Trujillo, una de las pocas que accede a una entrevista sobre este crimen y sobre la periodista que fue, además, su amiga.

Regina Martínez es una de las 119 periodistas mexicanos asesinados desde el año 2000.

“Se hablaba en aquel entonces de veinte compañeros que se habían ido a buscar un refugio a otros estados del país, sobre todo a la Ciudad de México. Algunos han estado regresando al estado; he visto a algunos separados de la profesión. Platicaba con alguien y me decía: es como volver a empezar, como si la muerte de Regina hubiera sido ayer. Y eso le está costando trabajo”, dice Norma Trujillo.

Este es un sentir muy común entre los periodistas en Veracruz. De ese tamaño la herida, una cicatriz permanente. “El mensaje que manda este crimen es: si a ella le hicieron esto, ¿a nosotros cómo nos puede ir? Y el miedo empieza a cobrar fuerza en la mayoría”, admite la reportera.

Sobre todo porque, añade, en Veracruz permea desde hace años “un cruce total entre lo que es crimen organizado y funcionarios. No hay una división como en otros estados, en donde sí puedes ver la línea divisoria entre el poder y el de la delincuencia”.

El recelo y la reserva podrían entenderse también si se recuerda que al reclamo del gremio y de la propia revista Proceso para que se desahogara de manera prioritaria la línea relacionada con su trabajo periodístico, esa autoridad respondió acosando judicialmente a esos periodistas allegados a la corresponsal.

Otro de los pocos colegas de Regina que acepta hablar es Elfego de Jesús Riveros Hernández, director de Radio Teocelo, una radio comunitaria ubicada a unos 25 kilómetros al sur de Xalapa.

Sentado ante la misma mesa del céntrico restaurante donde solía reunirse con Regina y otros a conversar durante horas, el director de Radio Teocelo reconoce en ella a una periodista solidaria que dio voz a las batallas de esta radio comunitaria para resistir embates e intentos de silenciarla, y a una maestra de la que aprendieron él y un grupo de jóvenes iniciados “a hacer un periodismo responsable, documentado, con ética”.

Riveros vio en Regina a una periodista “que marcó una huella y dejó también una ausencia muy fuerte. Se ha hablado tan poco de su trabajo y de las huellas que dejó, y nosotros queremos recuperarnos de ese silencio, fue tan grande la pérdida. Nos tocó a muchos aprender de la manera en que ella se iba a las comunidades rurales e indígenas a reportear…era de salir a entrevistar y sacar fotos y sacar las historias que no publicaban en otros medios”.

En el presente, el cambio de régimen en Veracruz no ha acabado con el silencio, señala. “El silencio también mata”.

Hay un día del año en que este silencio se rompe. Cada 28 de abril, en el aniversario de su muerte, su nombre resuena en la plaza frente al Palacio de Gobierno, desde las voces de algunos de sus colegas y organizaciones sociales a quienes alguna vez fue ella quien les dio la voz.

“Ocho años después del asesinato de Regina, no tenemos la certeza de qué pasó, porque la investigación fue manipulada por la autoridad local. El gobierno federal, debido a la falta de facultades, no pudo participar del todo. El gobierno estatal controló la investigación y, con el control del Ministerio Público y de los jueces, llegó a la conclusión que quiso llegar: que fue un asesinato pasional. Eso, evidentemente Proceso no lo aceptó, nunca lo ha aceptado”, dijo el director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga.

Carrasco fue coadyuvante en la investigación de la Procuraduría del estado por decisión de la dirección de Proceso -después de la reunión en la que el fundador, Julio Scherer García, echó en cara al gobernador Javier Duarte “no les creemos”-, pero sólo en lo formal, hasta abril del 2013, cuando fue amenazado por su participación en el caso y debió salir del país por su seguridad.

“Lo que hizo la autoridad, en cambio, fue llamar a periodistas amigos de Regina. Los citó a declarar, les tomó las huellas, tomó incluso impresiones, placas de sus dentaduras. Entonces a los periodistas los citaron para decirles 'bueno, es que Proceso quiere que se investigue el trabajo periodístico', pero evidentemente nosotros no queríamos que investigaran a sus amigos, queríamos que hiciera una investigación técnica del trabajo periodístico de Regina”, dijo Carrasco.

“Duarte sí fue muy intolerante”, dijo Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAP), al recordar que Regina Martínez vivió un cerco informativo por parte del gobierno encabezado por aquel.

“Para empezar, dejaron de avisarle de eventos que hubiera por parte del gobierno... no le avisaban o no la dejaban entrar. Había un hostigamiento muy notorio hacia ella”.

Después de que Regina fue asesinada en su casa, el rumbo de la investigación y las conclusiones presentadas por la Procuraduría llamaron la atención de Pérez Mendoza.

“El énfasis que en ese momento se hizo por parte del procurador, que en aquél entonces era procuraduría, de reafirmar que el tema había sido una situación sentimental, pasional, que derivado de ahí se da el homicidio”.

La presidenta de la CEAP dijo creer que esa afirmación hecha cuando apenas iniciaban las indagatorias “me parece que fueron bastante temerarias, en ese entonces, de la Procuraduría General del Estado y hasta la fecha pues no se terminó de investigar a profundidad. Solo se siguió desde el principio esa vertiente y ya no se hizo nada más”.

Y afirmó: “tengo la convicción de que en su caso particular sí tuvo que ver los temas que ella estuvo trabajando en las últimas fechas, como temas periodísticos”.

La labor periodística de Regina Martínez fue diversa en temas, particularmente en los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, cuyos excesos de poder y corrupción reporteó a profundidad como corresponsal de Proceso.

Bajo el mando de estos dos gobernadores, Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ser periodista. Desde el año 2000, 28 periodistas han sido asesinados en la región y otros 8 desaparecidos, la mayoría de ellos durante los 12 años que Herrera y Duarte estuvieron en el poder, según un recuento del Centro de Protección de Periodistas, CPJ.

Jorge Rebolledo Flores, un consultor de seguridad gubernamental y empresarial con una década de experiencia en Veracruz, dijo a periodistas para este reportaje: "en realidad, el crimen organizado es un intermediario. Aquellos que realmente controlan todo y que más se benefician son poderosas figuras políticas y altos mandos oficiales de las fuerzas de seguridad”.

Probablemente el siguiente es, no el único, pero sí el ejemplo más significativo del trabajo de Regina, cuyo impacto jamás fue medido en términos de la incomodidad o la molestia que pudo haber causado entonces, sobre todo por las instituciones involucradas.

Entre febrero y mayo de 2007, a lo largo de siete números de Proceso y numerosas notas, Regina hizo la que sin duda fue su más exhaustiva y reconocida cobertura periodística: la de la violación y asesinato de la anciana indígena Ernestina Ascencio, quien a sus 72 años fue interceptada por un grupo de soldados de la 26 Zona Militar que abusaron de manera tumultuaria, causándole graves heridas y hemorragias que la llevaron a la muerte.

La corresponsal escribió sobre ese ataque contra la indígena por los militares en la comunidad de Tetlatzinga, en Soledad Atzompa: las palabras con las que la anciana alcanzó a señalar a los soldados ante sus hijos; la indignación de las comunidades de Soledad Atzompa; los peritajes médicos de los científicos de la propia Procuraduría veracruzana que confirmaban los ultrajes, y también sobre los desplantes del entonces gobernador Fidel Herrera y del propio presidente Felipe Calderón para desestimarlos y sostener la versión de “causas naturales”.

Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19 en México y Centroamérica, afirma que el trabajo periodístico de Regina al respecto “era una línea razonable de investigación” que la Procuraduría de Veracruz nunca analizó por el asesinato de la periodista.

Maldonado también refiere que, al abrirse la investigación por el homicidio de Regina, Artículo 19 trató de contactar a su familia, pero se encontró con “cierta escisión en el tema de la representación y de la aceptación de la versión oficial”. Y como una organización defensora de derechos humanos, Artículo 19 “no podía ir en el sentido contrario de la familia”, por lo que esa participación mediante la cual buscaban que se revisara todo el expediente, no se concretó.

Otros impedimentos para resolver este y otros crímenes contra periodistas, explica, tienen que ver con el hecho de que “toda esta violencia contra periodistas (en el país) está imbricada también en las estrategias de control macro criminal, en donde evidentemente están los cárteles, pero están las autoridades también implicadas, no podemos dejarlo de lado”.

Y peor en el caso de Veracruz, donde en el periodo en que fue asesinada Regina, el de Javier Duarte, hubo 17 asesinatos de periodistas, de los 30 que se tienen registrados en el estado durante el siglo. “Sí nos habla de que es una zona particularmente peligrosa, pero que tuvo un momento justo en la disputa territorial de los cárteles, prodigada desde el propio poder público”, que no se está investigando en lo más mínimo.

“A Javier Duarte lo tenemos investigado periodísticamente, en temas de corrupción, periodística y oficialmente en temas de corrupción. Pero (en) la responsabilidad que tuvo en la descomposición del estado, en términos de violaciones graves a derechos humanos y particularmente de periodistas, no hay una sola investigación abierta sobre esta responsabilidad que tiene, por acción como por omisión”.

A fin de cuentas, dice Leopoldo Maldonado, bastaba el propio testimonio de Regina Martínez “como periodista crítica, su propio trabajo, para ser incómoda a un gobierno que estaba formado y compuesto por criminales. Y ya lo hemos visto con el tiempo”.

“Evidentemente -sostiene el director de Artículo 19- ser crítico, o contestatario o disidente o de cualquier manera visto como contrario al gobierno pues era un peligro real”.

Operación Duarte

Laura Borbolla Moreno, extitular de la FEADLE, habló por primera vez sobre las diversas anomalías que fue detectando desde el inicio de la investigación y sus dudas sobre la responsabilidad de Jorge Hernández, “El Silva” quien fue exonerado y posteriormente reaprehendido, con lo que se convirtió en el único sentenciado por el homicidio de la corresponsal.

La forma en que los peritos de la Procuraduría de Veracruz registraron huellas digitales de unos envases de cerveza encontrados en la casa impidió que la FEADLE pudiera analizarlas y contrastarlas en la base de datos AFIS, para verificar si habrían pertenecido a algún funcionario o elemento de cualquier corporación de seguridad en el país.

“De eso siempre tuvimos como la duda”, dijo Borbolla.

Recordó que cuatro días después del asesinato, logró obtener dos huellas de un hombre. Pero que estas no tuvieron coincidencias con el sistema.

En su opinión, “la investigación no se podía cerrar a nivel de lo federal porque tenemos esas dos huellas que implicaban a alguien del que no sabíamos quién era”, aunque la fiscalía local ya daba el caso por concluido.

La extitular de la FEADLE coincide con la abogada Diana Coq, defensora de “El Silva”, en que la escena del crimen fue contaminada, pues después de que hallaran el cadáver de Regina, las autoridades dejaron que personas ajenas -incluyendo a periodistas de diversos medios- entraran a la casa. 

A pesar de la colaboración que en lo público presumían tener con la fiscalía federal, en los hechos las autoridades ministeriales de Veracruz impusieron todo tipo de obstáculos a la FEADLE por parte de funcionarios de la Procuraduría como Enoc Maldonado o el propio fiscal Luis Ángel Bravo, según refirió Borbolla, quien recuerda que jamás tuvo posibilidad de entrevistarse con “El Silva” e interrogarlo a solas.

“No nos dieron acceso a él estando detenido en la Procuraduría, porque quizás nos hubiésemos dado cuenta de inmediato si lo habían golpeado o no, si lo habían torturado o no. Entonces me dan acceso a él ya estando en reclusión y siempre con gente de la procuraduría del estado presente. Yo sí he tenido siempre la duda razonable de si ‘El Silva’ realmente la mató”, comentó Borbolla al consorcio.

Además, se pudo confirmar que hubo un particular interés de parte del gobierno de Javier Duarte y operadores afines por divulgar ampliamente la versión oficial sobre los presuntos asesinos y la resolución del crimen de la periodista, misma que se extendió rápidamente por redes sociales en ese entonces.

Un artículo del sitio El Golfo Veracruz fue ampliamente circulado en Twitter: "El PGJ (fiscal local) aclara el homicidio de la corresponsal de Proceso Regina Martínez" es el encabezado. Entre las cuentas de Twitter que compartieron esta historia, se descubrió una serie de cuentas falsas.

En colaboración con "The Deinformation Desk", una organización con sede en Barcelona que se especializa en desinformación, Forbidden Stories identificó 190 cuentas llamadas "robot" o "bot" que compartían automáticamente el mismo artículo de El Golfo Veracruz.

Estas cuentas de bots también compartían otra información favorable al gobernador Javier Duarte. El entonces propietario de El Golfo Veracruz era Othón González Ruiz, quien reconoció en entrevista que fue un consultor del gobernador Duarte al mismo tiempo, y también admitió haber tenido relación con el gobernador Fidel Herrera.

“Para Fidel Herrera le fabricaba yo muchos contenidos. El staff de gobierno cumplía su función, tenían todo, pero yo levantaba mi material. Y entonces le proponía cosas y él escogía el material. Y yo le sugería dónde tratar de posicionar esos materiales. Eso era lo que hacía y fui el consultor que lo ayudaba mucho en lo de cuestión de opinión pública. Con Duarte, fue muy... muy parecido y hacía parte de lo mismo”, dijo, aunque negó el uso de los bots para impulsar la verdad oficial sobre la muerte de Regina en el 2012.

A la exoneración de “El Silva” el gobierno de Duarte respondió con una operación jurídica: a principios de 2014 designó procurador a Luis Ángel Bravo Contreras, cuya gestión interpuso de inmediato un amparo indirecto contra la resolución que en segunda instancia emitieron los magistrados Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra, convencidos de que el hombre había sido torturado para confesarse culpable.

Bravo fue requerido por las reporteras durante varias semanas hasta que aceptó la entrevista. En ella, fue contundente en afirmar que su función ya no era revisar la investigación realizada por su antecesor sobre el asesinato de Regina y las posibles fallas en ésta, “yo llegué con una sentencia y era lo que me correspondía ver. Para cualquier otra cosa estaba yo procesalmente impedido”.

Y asumió que fue él quien, en una acción que califica de inédita, optó por que se interpusiera el amparo, y personal bajo su mando -las funcionarias Laura Rodríguez y Lucía Lara- convenció a un familiar de la reportera para ello, aseguró.

“Entro a la procuraduría cuando “El Silva” estaba liberado. Mi administración gestionó de la mano con la familia -no recuerdo si fue un hermano- un amparo que logró revertir la injusta decisión de Edel Álvarez Peña de haberlo liberado. Y la justicia federal, no la justicia ordinaria, no… un tribunal colegiado nos ampara”, dijo el exfiscal.

Con esto se giró una nueva orden de aprehensión y “El Silva” fue capturado e ingresado al penal de Pacho Viejo, donde permanece purgando una sentencia de 38 años.

“Es una ya jurídicamente incuestionable sentencia. Además, recuerdo que fue por unanimidad de votos, los tres magistrados federales calificaron de ilegal la sentencia de Edel Álvarez Peña, dándole la razón a la Procuraduría del Estado de aquel momento y ordenando que se girara una orden de reaprehensión”, insistió.

“Haiga sido como haiga sido”, fueron las palabras que usó el exfuncionario -quien estuvo detenido hace unos meses señalado como presunto responsable de desaparición forzada- para referirse al fallo de la justicia federal que regresó a “El Silva” a prisión.

“Lo único que no se pudo lograr fue la ejecución o el cumplimiento del mandamiento judicial de encontrar al otro”, comentó, en referencia a “El Jarocho”.

Periodistas del consorcio intentaron ingresar al penal de Pacho Viejo para hablar con Jorge Hernández, “El Silva”, pero no fue posible obtener autorización.

Dijo su abogada Diana Coq Toscanini: “Es el chivo expiatorio perfecto”.

En vísperas de la publicación de este reportaje, el abogado del exgobernador Javier Duarte, Pablo Campuzano, contestó una solicitud enviada por el consorcio para su cliente. El propio Duarte, a través de su cuenta de Twitter, reprodujo la respuesta, en la que aseguró que ordenó a la Procuraduría esclarecer el homicidio de la periodista y que se brindó colaboración con la FEADLE.

Desde prisión, Duarte tuiteó: “Jamás censuré la libertad de expresión o de prensa a persona alguna…”.

*Reportera para la organización internacional OCCRP.

Con información de: Dana Priest -The Washington Post-; Paloma de Dinechin -Forbidden Stories-, Nina Lakhani -The Guardian- y Nathan Jaccard -OCCRP-.