La violencia no para en Michoacán. Es un espiral sin fin. Un día sí y otro también el pueblo michoacano sufre los embates del crimen organizado que se ha entronizado en colusión con los gobiernos en turno desde hace medio siglo, cuando empezó el reinado de la familia Valencia, luego los Zetas, después la Familia Michoacana para seguir con Los Caballeros Templarios y ahora con los Cárteles Unidos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyas raíces están en la Tierra Caliente michoacana.

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en plena celebración de Día de Muertos, en medio de cientos de personas y a pesar de la seguridad que tenía de Guardia Nacional y de la Policía Estatal, ha generado múltiples críticas al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las críticas son porque no han podido detener la violencia generada por los grupos criminales en la última década. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde el 2012 al 2024 el número de homicidios cometidos en el estado se duplicó.

Es decir, mientras que en 2024 la cifra de homicidios en Michoacán cerró en mil 632 casos, esta cifra contrasta radicalmente con los 827 registrados en 2012.

Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán hubo una disminución del 59.85% en la incidencia de homicidios dolosos durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al pasar de un promedio diario de 8.3 asesinatos en octubre de 2021 a 3.4 casos diarios en junio de 2025.

Sin embargo, los asesinatos del líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y ahora del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ponen en la realidad las cifras alegres del gobierno.

La violencia en Michoacán se ha hecho cotidiana y la ha normalizado la mayor parte de la población. Los grupos criminales siguen ejerciendo su poder usando armas de alto poder como los rifles Barrett, conocidos como “matapolicías” porque sus balas son capaces de traspasar gruesos blindajes.

Pero también usan la tecnología con drones cargados de explosivos que dejan caer en las poblaciones que se resisten a su dominio o a las policías, soldados y Guardia Nacional que se ven rebasados.

Cada ejecución supera las anteriores por la impunidad con la que ocurre. Habría que recordar, por ejemplo, el asesinato de 14 productores de limón de Buenavista el 10 de abril de 2013, luego de acudir a un lugar llamado Cuatro Caminos, en el municipio michoacano de Tierra Caliente llamado Nueva Italia. Y también la masacre en Apatzingán el 6 de enero del 2015 el Día de Reyes en la que se cometieron por lo menos 16 ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Federal.

Las batallas de Michoacán, donde los principales actores son los grupos criminales y las autoridades, mientras que las víctimas son los pobladores, empezó desde que gobernaba Lázaro Cárdenas Batell y Leonel Godoy, ambos del PRD.

El poder de los grupos criminales creció de manera exponencial con la llegada del gobernador del PRI Fausto Vallejo y su suplente Jesús Reyna. Pero ahora con el gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, este poder se ha cimentado hasta alcanzar una buena cantidad de municipios que pasaron a sus manos, pues no sólo se dedican al tráfico de mariguana, goma de opio y metanfetaminas, sino que ya han extendido sus negocios a la extorsión, el secuestro y el control en la producción de aguacates, limones y la tala de árboles.

Y también a imponer a las autoridades municipales, controlar los contratos de obra e incluso apoderarse de los recursos presupuestales que los gobiernos del estado y la federación les dedicaban.

El caso de la ejecución del presidente municipal de Uruapan vuelve a encender la mecha de la exigencia social de acabar con la violencia generada por el crimen organizado. Pero también con terminar con la colusión que hay entre crimen organizado, gobierno del estado, autoridades y hasta empresarios que han encontrado en esta asociación mayores ganancias.

Por cierto, habría que recordar que en su momento el presidente Enrique Peña Nieto propició la formación de los Autodefensas bajo la idea del general colombiano Óscar Naranjo —que Peña Nieto contrató como su asesor en seguridad nacional— de combatir a los Caballeros Templarios. Alfredo Castillo fue el operador, pero fracasó. Con los años fue acusado de pactar con los grupos criminales, en especial con Los Viagras. Hoy fuentes diplomáticas aseguran que le retiraron la visa norteamericana porque es parte del grupo de funcionarios mexicanos investigados por sus vínculos con el crimen organizado.