Las relaciones entre México y los Estados Unidos se encuentran hoy en uno de sus momentos más álgidos, como pocas veces ha ocurrido. No solamente son las conocidas cuestiones del narcotráfico (de fentanilo, particularmente) o la migración irregular de tránsito y la originada en México: ahora emergen nuevos focos de tensión, de proporciones enormes y extraordinariamente complejos.

El origen de la nueva confrontación es el proyecto político del presidente López Obrador, retomado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum y replicado como coro por los legisladores de Morena y afines. La llamada reforma del Poder Judicial, la desaparición de diversos organismos autónomos, la subordinación del INE a los intereses del partido dominante, así como la eliminación de minorías en la integración de la Cámara de Diputados y del Senado, además de la militarización de la administración pública, en conjunto configuran un cambio radical de la estructura del Estado. Se ha dicho que es un cambio de régimen político, pero en realidad apunta a convertirse en un giro mucho más profundo.

Si se consolida este cambio en la estructura del Estado, en México estaremos ante un modelo de poder y de instituciones parecido al de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por citar casos cercanos. Como está anunciado, la primera pieza de este proyecto pasa por la descomposición del Poder Judicial y su conversión en un aparato político más, que evidentemente terminará funcionando en el circuito del poder dominante. Además de los gravísimos costos para el Estado de derecho, para la democracia y para las instituciones actuales (sin duda inacabadas, imperfectas, lo que no justifica destruirlas), las consecuencias avanzan como agudas tensiones sobre la relación con Estados Unidos debido a dos poderosas realidades (por lo menos). Realidades, no percepciones ni opiniones.

La primera realidad es la gigantesca estructura económica que está compartida entre México y los Estados Unidos. Esa estructura económica no es un cajón que pueda moverse separada de la estructura política, ni de México, ni de Estados Unidos. Sobre todo, es una economía que no existe ajena al marco jurídico e institucional de ambos países, pues está entrelazada con miles de vínculos y de intereses. Vaya, no es un fólder que simplemente se mueva de escritorio y listo, como parecieran asumirlo el presidente AMLO y la presidenta electa. No se resuelve la tensión ni siquiera convenciendo al embajador de Estados Unidos.

Para Estados Unidos, el mercado con México es el más importante de su estructura económica y comercial: mucho más importante que Canadá y que China, socios también de escala enorme. Esta red de intercambios económicos y comerciales con México se creó, promovió y desarrolló con el mapa jurídico e institucional que existe hasta el día de hoy. Funciona con este preciso mapa y no con cualquier otro. Para decirlo claramente, lo necesita al haberse consolidado a partir de ese marco jurídico.

Partiendo así de la inherente relación entre estructura económica y mapa jurídico institucional, si México transita rápida e irrazonablemente hacia un sistema jurídico e institucional dominado por incertidumbres, por poderes concentrados, por la política discrecional como criterio capaz de incidir sobre mercados y sus reglas… las empresas, las redes comerciales y los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá (en lo inmediato) ¿van simplemente a sentarse y contemplar la muy probable crisis y afectación de sus intereses que están plenamente instalados en México? Son intereses de escala gigantesca, esenciales para la economía de la región.

A la fecha, son muchas las instancias que han anunciado su “preocupación” por los cambios de Estado y de reglas políticas en México. Ya debería ser suficiente la lista de mensajes emitidos desde varias partes de México y del extranjero para evitar los saltos al vacío. Aquí hay una fuerte contradicción y tensiones en curso, que no desaparecerán simplemente con levantar opiniones entre el público del Zócalo. El asunto es realmente serio, extremadamente delicado, con graves y potenciales costos económicos para América del Norte e incluso más allá.

La segunda realidad que apunta a tejer nuevas y fuertes tensiones entre Estados Unidos y México es de naturaleza geopolítica, relativa al balance de poder entre las potencias del mundo. Desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos, de su juego de poder frente a Rusia y China, el proyecto de Estado autoritario en México, cercano a Cuba, Nicaragua y Venezuela ¿lo considerará asunto irrelevante?, ¿con la enorme frontera compartida entre los dos países?

Ante el curso de acontecimientos, México pasaría de ser un socio confiable (a pesar de todo) para convertirse en un cuestionado vecino, merecedor de todas las desconfianzas debido a sus credenciales nada recomendables. Para este escenario no es menor el fraternal acercamiento del gobierno de AMLO con las dictaduras latinoamericanas, supuestamente de “izquierda”, como tampoco resulta menor su tolerancia y cortesías con Rusia y el gobierno de Putin. Tampoco es asunto marginal la creciente apertura comercial de México con China –que pone en tensión al tratado de América del Norte–, especialmente debido al arribo masivo de autos chinos, justamente un sector estratégico del TMEC.

De esta manera, desde la perspectiva de Estados Unidos y su balance geopolítico, es muy probable que México termine ocupando una posición de potencial enemigo, de “amigo de sus enemigos”, con las consecuencias políticas y evidentemente económicas que esa perspectiva conlleva. Si hoy la relación bilateral tiene tonos agrios, con el giro político del Estado y las instituciones en México definitivamente las tensiones pueden escalar y convertirse en graves conflictos, abiertos o soterrados.

En suma, por una y otra realidad, transformar al Estado mexicano en un modelo autoritario –como Morena pretende desde el (ex) Poder Legislativo– tiene implicaciones mucho más extensas que la derrota del adversario electoral. Las grietas que se abren tienen capacidad para convertirse en verdaderos tsunamis, de costos elevadísimos para la vida nacional, para la economía, para la democracia y, como hemos revisado, para la relación con Estados Unidos y seguramente con otros países del mundo. De verdad ¿es necesario? ¿Ya le midieron? ¿Va el proyecto a cualquier costo?

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*Profesor del PUED / UNAM

Ex comisionado del INM