Jorge Bravo

Telegram, Dúrov, plataformas, libertad de expresión

El arresto (de Dúrov) se basa en la premisa falsa de que Telegram es responsable por el contenido que circula en su aplicación. Esta idea es errónea y peligrosamente desproporcionada.
sábado, 31 de agosto de 2024 · 07:00

El arresto de Pável Dúrov, fundador y CEO de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, por el gobierno de Francia, ha desatado preocupación por el futuro de los derechos digitales en el mundo. El “delito” fue la falta de cooperación de Telegram con las autoridades francesas en su lucha contra la pornografía infantil, el tráfico de drogas y el lavado de dinero dentro de la app.

Este acto parece más una trama política que una medida para combatir la desinformación y pone en duda el compromiso de Francia con los valores democráticos de libertad y legalidad. La detención de Dúrov sienta precedente que podría ser utilizado por otros países para socavar los derechos fundamentales en la era digital.

El arresto se basa en la premisa falsa de que Telegram es responsable por el contenido que circula en su aplicación. Esta idea es errónea y peligrosamente desproporcionada. Las plataformas de mensajería como Telegram, WhatsApp o incluso redes sociales como Facebook o YouTube, no son responsables del contenido que publican los usuarios. Estos servicios actúan como intermediarios, proporcionan un espacio donde las personas pueden comunicarse libremente, siempre y cuando sigan las reglas de la comunidad que las propias plataformas han establecido.

En Estados Unidos, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones establece que ninguna plataforma de internet es legalmente responsable del contenido publicado por sus usuarios. Esta legislación ha protegido la libertad de expresión en línea y ha permitido que las plataformas digitales prosperen sin temor a represalias legales por los actos de terceros.

Aunque el principio de la Sección 230 no es universal, el arresto de Dúrov en Francia ignora las lecciones en otros contextos, donde la protección de los intermediarios es clave para mantener un ecosistema digital abierto y libre.

El caso de Dúrov no es el único en el cual un gobierno ha tomado medidas draconianas contra una plataforma digital. En Colombia, Uber fue víctima de una resolución de competencia y ataques de sindicatos de taxis, quienes han presionado para restringir su operación bajo el argumento de que su modelo de negocio es ilegal. Esta persecución afecta la economía colaborativa, limita las opciones de los consumidores, restringe la competencia y coarta el derecho a la movilidad.

En Brasil, WhatsApp y Telegram han enfrentado bloqueos temporales por negarse a cumplir órdenes judiciales que atentaban contra la privacidad de los usuarios. Hace unas semanas el empresario Elon Musk anunció la salida de X (Twitter) de Brasil, también por una decisión judicial. Estas acciones demuestran un patrón alarmante: los gobiernos utilizan la ley para intentar controlar la narrativa digital, sacrificando los derechos digitales de los ciudadanos.

Musk. Desafío en Brasil. Foto: Jordan Strauss/AP

La captura tiene tintes geopolíticos que exceden la preocupación por la desinformación. Dúrov, originario de Rusia y crítico de Vladimir Putin, ha rechazado las demandas del Kremlin por entregar datos de los usuarios, enemistándolo con el gobierno ruso. Aun así, parece poco probable que Francia actúe en nombre de Putin, dado que la relación entre ambos países se tensó durante la guerra en Ucrania.

Más bien, el arresto de Dúrov es una señal de que Francia está dispuesta a sacrificar principios como la libertad en un intento por ganar influencia en la arena geopolítica. Es difícil imaginar cómo esta acción podría cambiar el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania o cómo podría mejorar la relación de Francia con Putin. Lo que sí es claro es que este tipo de medidas socavan la credibilidad de Francia como defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El problema de la desinformación y los discursos de odio en el mundo digital necesita ser abordado sin perseguir a los líderes de las plataformas digitales. En lugar de criminalizar a las empresas tecnológicas, los gobiernos deberían centrarse en soluciones constructivas y colaborativas.

Ya se ha hablado mucho de promover la alfabetización digital desde el aula temprana y entre los ciudadanos para que puedan identificar y resistir la desinformación, desde adaptar programas educativos en escuelas hasta campañas de concientización. También exigir a las plataformas que sean más transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos de recomendación y moderación de contenido, así como plantear mejores prácticas sin sacrificar la libertad de expresión.

Según la lógica de París, todos los CEOs de redes sociales deberían estar preocupados por su seguridad. Facebook, X, YouTube, TikTok y otras plataformas también albergan contenido tóxico y problemático. No hemos visto a Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai o Shou Zi Chew ser arrestados. Desde ya les recomendamos no pisar Francia. Entonces, ¿por qué Dúrov?

Telegram dice ofrecer un nivel de privacidad y encriptación superior, por lo que su enfoque en la libertad de expresión y la resistencia a la censura la convierte en un objetivo para los gobiernos que desean tener un mayor control sobre las comunicaciones de sus ciudadanos.

Zuckerberg. También con problemas en EU. Foto Alex Brandon/AP.

Muchas veces son los actores políticos quienes intoxican la plaza pública digital. Desde campañas de desinformación hasta el uso de bots y seguidores fanáticos para confundir a la opinión pública, los políticos son los primeros en aprovecharse de las lagunas en la regulación digital para su beneficio. Gracias a ellos la información falsa y los discursos de odio proliferan, mientras que las plataformas son culpadas por no controlar algo que, en muchos casos, es impulsado por quienes ostentan o aspiran al poder. Desde 2019 un informe del Oxford Internet Institute evidenció que los intentos de manipulación son exponenciales y están siendo utilizados por gobiernos democráticos y autoritarios de 70 países.

El arresto de Pável Dúrov por Francia es un ataque directo a la libertad de expresión y un peligro para el futuro de los derechos digitales. En lugar de hacer lo fácil y mediático que es castigar a las plataformas por proporcionar un espacio de comunicación, las autoridades deben enfocarse en educar y empoderar a los usuarios para que utilicen estos espacios de manera responsable.

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Twitter: @beltmondi

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