Desde el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se libró una auténtica batalla institucional para garantizar el derecho de las y los ciudadanos a conocer información relacionada con el convenio celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno de Cuba, mediante el cual se contrató a médicos especialistas cubanos para laborar en nuestro país.

En febrero de 2023 resolvimos uno de los múltiples recursos derivados de solicitudes ciudadanas que exigían información detallada sobre dichos profesionales. En ese caso, el IMSS entregó únicamente una lista con datos generales (sexo, edad y especialidad), pero reservó los nombres bajo el argumento de que se trataba de información confidencial. La discusión no era menor, pues estábamos frente al ejercicio de recursos públicos y la contratación de personal destinado a garantizar un derecho fundamental como la salud.

Un año antes, en 2022, los gobiernos de México y Cuba habían acordado la contratación de médicos especialistas. Para diciembre de ese año sumaban 491 profesionales distribuidos en 11 entidades federativas, y se anunció la llegada de 119 más en enero siguiente. La medida fue presentada como una respuesta al déficit de especialistas; sin embargo, pronto surgieron cuestionamientos legítimos sobre la transparencia de los términos contractuales y el manejo de los recursos públicos involucrados.

El esquema de pago fue uno de los puntos más controvertidos. El gobierno de México no pagaba directamente a los médicos, sino al gobierno cubano, a través de convenios intergubernamentales. Esa intermediación detonó múltiples solicitudes de acceso a la información y, al mismo tiempo, generó resistencias por parte de diversas dependencias federales para transparentar los alcances específicos de los acuerdos.

En una de mis ponencias, el pleno del INAI instruyó al Banco del Bienestar a dar a conocer los acuerdos firmados, las facturas del material adquirido, los entregables y las pruebas documentales y gráficas vinculadas con el programa México-Cuba. El derecho de acceso a la información es un “derecho llave”: abre la puerta para exigir otros derechos fundamentales. Este caso lo demostró con claridad.

De acuerdo con un informe internacional, el programa habría implicado pagos de 10 mil 700 dólares por tres meses por cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos que prestaron servicios en la capital del país; sin embargo, se señaló que el personal habría recibido únicamente 600 dólares por ese mismo periodo, lo que implicaría que el gobierno cubano retuvo la mayor parte del monto. Más allá de posturas ideológicas, estos datos exigen explicaciones verificables y documentación pública.

Hace apenas unos días, la revista Proceso documentó contratos por más de mil 600 millones de pesos para atender necesidades relacionadas con los médicos cubanos en diversas entidades federativas; mientras sea para ayudarnos en el tema de salud, es positivo. La asignación de recursos públicos, especialmente en el sector salud, debe acompañarse de máxima transparencia y rendición de cuentas.

Hoy el sistema de salud en México atraviesa una etapa crítica. Los brotes de enfermedades prevenibles y las disputas políticas contrastan con una realidad que se refleja tanto en estadísticas como en testimonios ciudadanos. Las carencias en infraestructura, medicamentos y equipamiento no son narrativas: son hechos visibles en hospitales donde faltan insumos básicos, vacunas contra el sarampión o camillas; donde familiares trasladan a pacientes en cobijas, como recientemente se denunció en una clínica del IMSS en Zacatecas.

Negar información de máximo interés público y destinar recursos con tintes políticos no fortalece al sistema; lo debilita. La opacidad genera desconfianza, y la desconfianza erosiona la legitimidad de las políticas públicas. Cuando el dinero público no se ejerce con claridad, eficiencia y responsabilidad, el resultado es un sistema deteriorado. Y un sistema de salud deteriorado no es una cifra en un informe: es una realidad que cobra vidas.

La transparencia no es un obstáculo para gobernar; es una condición indispensable para hacerlo con responsabilidad. Defender el derecho de acceso a la información en casos como el convenio IMSS-Cuba no fue un acto de confrontación, sino un compromiso con la ciudadanía y con la convicción de que la salud pública debe administrarse con legalidad, ética y plena rendición de cuentas.