No todos los días la Cámara de Diputados deja de ser un espacio de formalidades para convertirse en escenario de confrontación política real. El 16 de febrero, el Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas —convocado por la diputada Xóchitl Arzola Vargas e inaugurado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán— transcurría como una jornada de reconocimiento y escucha: la violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis estructural que no admite simulaciones.

La presencia de la doctora Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, marcó el tono del encuentro. Su intervención fue recibida con atención y respeto. No llegó con diplomacia vacía, sino con cifras y una lectura global que dialoga con la realidad mexicana. Recordó que en 2024, alrededor de 80 mil mujeres fueron asesinadas en el mundo, que la impunidad es la barrera estructural para erradicar la violencia y que los Estados tienen obligaciones claras de debida diligencia: prevenir, investigar, sancionar y reparar.

Alsalem no se limitó al diagnóstico tradicional. Desde una postura feminista abolicionista abordó temas que suelen tocar intereses: definió la prostitución como sistema de explotación, vinculó la pornografía con la normalización de la violencia y señaló la gestación subrogada como mercantilización de la capacidad reproductiva. Defendió la categoría jurídica de mujer como eje indispensable para políticas públicas eficaces y advirtió sobre los riesgos de borrar el sexo como referencia normativa. Su mensaje final fue directo y repetido: no más violencia contra las mujeres.

Tras su intervención, la abogada feminista Patricia Olamendi Torres reforzó la dimensión jurídica del momento. Recordó que los compromisos internacionales no son gestos simbólicos, sino obligaciones exigibles. México, como Estado parte de instrumentos internacionales, no puede relativizar la debida diligencia ni la protección a defensoras y víctimas. Su participación tendió un puente entre el diagnóstico internacional y la responsabilidad nacional.

Hasta ese momento, el encuentro avanzaba con respeto institucional y coincidencia en lo fundamental. El quiebre llegó cuando tomó la palabra la diputada de Morena, Anais Miriam Burgos Hernández. En su intervención sostuvo que el gobierno actual gobierna para las mujeres y, como parte de su mensaje, entregó públicamente la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. El gesto pretendía simbolizar acción institucional y compromiso político.

Pero la reacción fue inmediata. Las consignas comenzaron a escucharse con fuerza: que es mentira que la violencia esté resuelta, que no habrá borrado de las mujeres, que los cuerpos de las mujeres no se venden, que las niñas y los niños no se compran, que ningún hombre será mujer. No fue un arrebato sin contexto: fue la expresión de una inconformidad acumulada frente a una narrativa que muchas activistas consideran desconectada de la vida real.

La cartilla, impresa y levantada como símbolo de política pública, contrastó con las cifras que la relatora había expuesto minutos antes. Para muchas de las presentes, activistas que acompañan a víctimas, litigan casos, buscan desaparecidas, documentan violencia y sostienen redes de apoyo, el mensaje oficial sonó más a defensa gubernamental que a autocrítica institucional.

Ante los cuestionamientos y los gritos, la diputada Anais respondió: “También es muy importante que los hombres conozcan estos derechos porque no sé si ustedes, pero yo sí camino el territorio”. La frase cayó como provocación. Fue interpretada como insinuación de que quienes protestaban desconocían el trabajo de base o la realidad concreta de las mujeres.

El salón reaccionó con mayor intensidad. Las voces se elevaron. El descontento creció. La mayoría de las feministas presentes realizan trabajo territorial todos los días: acompañan a madres buscadoras, enfrentan fiscalías omisas, litigan violencia política, documentan abusos, sostienen espacios de contención. Que se pusiera en duda su conocimiento del territorio se leyó como descalificación.

Fue entonces cuando Kenia López Rabadán intervino desde la presidencia para pedir respeto al encuentro y, especialmente, a la presencia de la relatora. Solicitó que se permitiera a la diputada continuar, aun cuando no se compartiera su discurso. Fue un llamado a la institucionalidad en medio de un momento políticamente incómodo.

Lo ocurrido no puede reducirse a una escena de “desorden”. Fue el choque entre una narrativa oficial que reivindica avances y un movimiento que exige resultados medibles. Entre la cartilla como símbolo y la experiencia cotidiana de la violencia. Entre la autopercepción gubernamental y la exigencia social de coherencia.

El encuentro fue exitoso precisamente porque permitió que ese choque se expresara. Porque no se convirtió en unanimidad fingida. Porque dejó claro que el feminismo no es una audiencia cautiva ni una extensión automática de ningún partido. Las mujeres organizadas no están para validar discursos: están para confrontarlos con datos, experiencia y memoria.

La presencia de Reem Alsalem dio legitimidad internacional al diagnóstico. La intervención de Patricia Olamendi recordó la obligación jurídica. Y el episodio con Anais Miriam Burgos evidenció que las mujeres no aceptan que se declare superada una crisis que sigue costando vidas.

Gobernar para las mujeres no se proclama; se demuestra. Se mide en investigaciones eficaces, en sentencias firmes, en presupuestos suficientes, en reducción de impunidad, en protección real a defensoras y periodistas, en niñas que no son explotadas, en mujeres que no desaparecen. Una cartilla no sustituye resultados. Un eslogan no reemplaza justicia.

Sin eso, cualquier relato de avances se vuelve propaganda, no política pública efectiva.

Y quedó una lección final: cuando la ONU observa y las feministas interpelan, el poder no puede pedir silencio como condición del diálogo. Las mujeres no acudieron a aplaudir; acudieron a exigir. Y esa exigencia es hoy el termómetro legítimo para medir si realmente se está gobernando para ellas.

En San Lázaro, por unas horas, el guion institucional se rompió. Y cuando el guion se rompe porque las mujeres exigen verdad y responsabilidad, la política deja de simular. Ese fue el mensaje: la erradicación de la violencia no admite complacencia; exige resultados verificables, congruencia pública y rendición de cuentas constante.

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*Abogada electoral