CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la brevedad la junta de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resolverá quien de l@s aspirantes a la rectoría de la máxima casa de estudios del país tendrá a su cargo el máximo órgano unipersonal universitario.

El contexto en el que esta importantísima decisión se va a llevar a cabo es inédito y complejo porque no hay precedente en la historia reciente de una sociedad (civil y política) donde se ha dado carta de naturalización a la polarización como regla de conducta, como política pública y como convicción anímica, donde los matices han quedado secuestrados por el todo o nada, los buenos y los malos.

De esta suerte, quienes integran el cuerpo colegiado que decide, por lo menos hasta ahora, quien va a dirigir la UNAM en los próximos cuatro años tiene el reto de ponderar atributos extraordinarios que permitan, entre otros objetivos no menos importantes, al menos tres: a) Que la universidad nacional mantenga sus rasgos distintivos como centro académico abierto a las más distintas expresiones y percepciones que se traducen en las narrativas que están presentes en el debate público, b) Que preserve la autonomía e, incluso, que adquiera rango de norma constitucional, como sucede en los estados de la República, entendida en su mejor acepción: como herramienta para darse su propia forma de gobierno sin interferencias de los poderes públicos y privados, pero con responsabilidad social y de cara a la sociedad rindiendo cuentas de los recursos públicos que ejerce y que explican su existencia y c) Que lleve a cabo todas las acciones e iniciativas pertinentes para que la gratuidad transite por el mismo sendero que el de la calidad académica a la luz de métricas medibles al transcurso del tiempo y elaboradas bajo las mejores prácticas internacionales.

La educación más como un retorno en movilidad cultural, económica y social de la comunidad. Y es que la educación es un vehículo de transmisión de conciencia y de instrumento para ejercer la noción sociológica de ciudadanía, es decir, la emergencia y consolidación de un colectivo diverso y lo más amplio posible que exija, que cumpla y que tenga los elementos de juicio necesarios para comprender, valorar e influir en las decisiones e iniciativas del quehacer público que afectan la convivencia pacífica y armónica de la sociedad.

En estos momentos de cambio, las definiciones públicas razonadas resultan necesarias para fijar postura. Guardar silencio es el mejor camino para que la inercia haga de las suyas en espera de que alguien más haga lo que como universitario se debe hacer en el ámbito de sus posibilidades.  Sin desdoro de las credenciales de todos quienes aspiran a la rectoría de la UNAM, estoy convencido que Raúl Contreras Bustamante reúne en su persona las cualidades tradicionales o habituales, así como las especiales que este momento requiere.

He tenido algunas diferencias de percepción y de criterio con el director de la Facultad de Derecho en lo accesorio, pero coincidencias en lo fundamental, a través del diálogo e intercambio racional de puntos de vista. Mi apoyo a Contreras Bustamente no reside en una empatía emocional, sino en las razones siguientes: a) En su capacidad de gestión académica (las métricas internacionales independientes sustentan lo que afirmo) , su conocimiento del ejercicio óptimo no sólo legal del gasto que ejerce como titular de la Facultad más grande de la UNAM (no ha tenido una sola observación, menos sanción alguna, de las auditorías hechas a su administración) y su capacidad de diálogo y acuerdo en la compleja comunidad de esa facultad universitaria, que le ha permitido mantenerse activa en estos años, y b) Es un hombre que, además de lo anterior que no es poca cosa, tiene dos valores especialmente significativo para la UNAM en estos momentos, por un lado, una capacidad de diálogo con las distintas expresiones políticas e institucionales del país y, por otro,  no tiene ningún expediente extraoficial (por los servicios de inteligencia del gobierno mexicano) menos oficial que lo comprometa en nada.

En otros tiempos, esta información se había tenido como monedas de cambio para buscar (no afirmo que se haya o no logrado) atenuar posturas y matizar decisiones, al margen de los mejores intereses de la universidad.

Esta última cualidad que para el régimen solía ser un defecto (recuérdese la máxima del poder, según la cual el único pecado que no se perdona en política es la falta de complicidad), hoy en una sociedad abierta creo- quiero creer- que es una virtud socialmente compartida.

@evillanuevamx

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