CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde que empezaron a circular las noticias de la muerte de José Eduardo Ravelo en Mérida han aparecido versiones contradictorias que hacen que lo único cierto sea la indignación que rodea el caso. El video en donde se ve que varios policías lo arrastran se ha prestado a interpretaciones disímbolas: que lo estaban sometiendo, que ya estaba inconsciente o que venía drogado.

Un primer artículo de Ricardo Raphael sobre esta tragedia (Milenio, 9 agosto) retomaba el testimonio del joven de 23 años, quien le dijo a su madre haber sido violado por policías y golpeado de tal manera que acabó con los riñones destrozados, el pulmón perforado y lesión en el cerebro. En el hospital al que lo ingresaron le hicieron la prueba de covid y salió negativa, sin embargo, lo internaron en la zona donde estaban las personas con coronavirus, se contagió y murió luego de 10 días.

En su segundo artículo, cinco días después, Raphael escribió: “Me equivoqué con mi nota del lunes, para enmendar el error me obligo a continuar indagando con rigor” (Milenio, 14 agosto). Con su acostumbrada agudeza, Raphael inicia hablando del gran daño que la legendaria figura de ficción, el detective Sherlock Holmes, ha provocado a la investigación policiaca, ya que este personaje literario ha hecho “creer que la conclusión de una investigación criminal cualquiera conduce invariablemente a una verdad irrefutable y perfecta”.

Raphael asume que él mismo fue víctima “del efecto Holmes” y en su segundo artículo despliega una información que complejiza su relato inicial y que explica por qué el juez no vinculó a proceso a los policías detenidos. En esta versión, a José Eduardo los policías lo detuvieron, no arbitrariamente sino porque le arrojó una piedra a una persona que lo denunció y esa “falta cívica” condujo a la Policía Municipal a detenerlo. Raphael cita al alcalde de Mérida que afirma que hay evidencia de que el muchacho salió libre y por su propio pie, sin daño alguno.

El caso se politizó. La denuncia de un perfilamiento homófobo y clasista se potenció en las redes sociales, y en una mañanera el presidente López Obrador lo retomó. La disputa se agudizó pues la tragedia de José Eduardo ocurrió en un estado gobernado por el PAN y en una ciudad que presume ser muy segura. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se entrevistó con la madre de José Eduardo, que acudió al llamado de su hijo, lo acompañó al hospital y cuando éste falleció llevó el ataúd con el cuerpo frente al Palacio de Gobierno. Su conmovedor testimonio circuló ampliamente en las redes.

Las declaraciones de las autoridades, la presión ciudadana y el interés gubernamental por aclarar el caso han llevado a la exhumación del cuerpo para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Amílcar Salazar y Carlos Vega hicieron un amplio reportaje de una página en Milenio (25 de agosto), donde registran inconsistencias de tiempo y ubicación en los reportes hechos por los policías respecto a la detención, así como vacíos de información. También hay evidencia de que sí estaba drogado (él mismo reconoce que consumió cristal), y en una grabación se escucha que cuando el joven pide que lo suelten para ir a una entrevista de trabajo, alguien le dice que cómo va a ir si “estás hasta la madre”.

Ricardo Raphael acertó al hablar del “efecto Holmes” y espero que en los próximos días escriba más sobre este doloroso caso. Sin embargo, de lo que se ha hablado mucho menos y que parece que no hay duda, es de la negligencia ocurrida en el hospital O’Horán, donde inicialmente le hicieron la prueba de covid, que salió negativa, para luego internarlo en la zona de contagiados con el coronavirus. Según el primer artículo de Raphael, el acta de defunción consigna al covid como causa de muerte. Ese descuido criminal no ha ameritado, hasta donde sé, una explicación pública del director de dicho hospital ni tampoco una disculpa pública del secretario de Salud de Yucatán. Me preocupa el silencio en torno a esto y ojalá algún periodista investigara más.

Aunque hay que esperar a tener más información, me interesa destacar que, pese a este panorama revuelto de interpretaciones y protestas, algo notable es comprobar el cambio cultural que se ha expresado ante la muerte de este joven. Desde siempre las agresiones y crímenes, muchos de ellos llevados a cabo con saña, se han cebado en jóvenes pobres y gays. Las múltiples reacciones de indignación en las redes ante la muerte de José Eduardo, así como el hecho de que incluso el presidente López Obrador se haya referido al caso, son un indicador de este cambio cultural. Lo que todavía no cambia es la credulidad que hay ante cualquier denuncia sobre la mala conducta de la policía. Cuando alguien declara que un policía lo atacó, todos le creemos. Para la mayoría de la población de nuestro país la policía es una institución no confiable por sus arbitrariedades, su corrupción y su violencia selectiva, que expresa el “perfilamiento” con el que con frecuencia las fuerzas públicas detienen, agreden e incluso asesinan a personas con cierto aspecto físico.

El caso es complicado y está politizado. Mientras se aclara mejor lo ocurrido, ¿por qué no se habla de lo que sí pasó en el hospital O’Horán, donde la madre estuvo presente?  

Este análisis forma parte del número 2339 de la edición impresa de Proceso, publicado el 29 de agosto de 2021, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.